Es decir, todo parece indicar que el PS cumple cabalmente con una ley, entonces el problema es político y ético. Ahora bien, ya hace muchos años se descartó la posibilidad de “asaltar Bancos” para financiar la revolución; hace dos años se descartó la posibilidad de pedir plata a las empresas para financiar campañas; al parecer, ahora se empieza a descartar la posibilidad de invertir en empresas (obviamente en el marco de una sociedad capitalista) para estos fines.
Esta semana la noticia fue las cuantiosas inversiones del Partido Socialista (PS) en el sistema financiero nacional y en las principales empresas que cotizan en bolsa en nuestro medio.
Difícilmente alguien podrá decir que esto no está directamente relacionado con las insistentes denuncias contra el candidato Sebastián Piñera que no fue capaz de poner en el fideicomiso ciego sino un sexto de la fortuna que le atribuye la revista norteamericana Forbes (3,500 millones de dólares). Ya se le había dicho y preguntado donde está el resto? Muchos políticos, periodistas y analistas han repetido que los negocios y la política no son compatibles, menos en un país como Chile en que unas decenas de empresas, familias o clanes controlan el 30% de la riqueza nacional.
Y claro que está relacionado con el fallido fideicomiso de Piñera porque el PS no solo invierte sino se ha vanagloriado desde hace años de tener un mecanismo exitoso de financiamiento de sus actividades corrientes que alcanza incluso para ayudar a sus candidatos. Nadie -ni en el PS ni fuera de él- jamás dijo que eso era malo, poco ético o contradictorio con los principios de ese partido. La declaración de la Juventud Socialista dice “los partidos no deberían invertir en el sistema inanciero” pero cabe recordarles a los jóvenes que esto lo defendieron todos los diputados y senadores socialistas cuando se discutió la ley de financiamiento. Recuérdese que la ley 20.915 del 15 de abril de 2016 mantuvo intacto lo de la ley 18603 del 23 de marzo de1987 en este aspecto:
“Artículo 35 quáter.- Tratándose de los fondos provenientes de los aportes públicos que reciban los partidos políticos, éstos deberán destinarse a los fines que señala la ley y rendirse y justificarse de forma separada.
“Los partidos políticos sólo podrán invertir su patrimonio financiero proveniente de aportes del Fisco en valores de renta fija emitidos por el Banco Central, en depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos que no estén dirigidos a inversionistas calificados.
“Fuera de los casos previstos en los incisos anteriores, y siempre que su patrimonio financiero disponible sea superior a las veinticinco mil unidades de fomento, los partidos podrán invertirlo a través del mandato especial de administración de valores a que se refiere el Título III de la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, de conformidad a las normas allí contenidas, el que deberá constituirse en un plazo de noventa días desde que el patrimonio financiero disponible del partido alcance el valor de veinticinco mil unidades de fomento. Si dicho patrimonio no supera este valor, el partido político sólo podrá invertir su patrimonio financiero en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo.»
Asimismo, la DC pidió que se evitara dejar fuera de la ley los arriendos de locales porque su edificio de Alameda ya no es ocupado sino en uno pocos metros por la militancia que alguna vez copó el inmueble. En efecto, el artículo 35 ter de la ley 20.915 indica que “Los partidos podrán ser propietarios de bienes inmuebles” aunque “Del total de bienes inmuebles a nombre del partido, al menos dos tercios deberán destinarse a las actividades señaladas en el artículo 2° de esta ley”
En consecuencia, el diputado Espinoza -y prácticamente ningún militante socialista activo- puede decir que no sabía de estas cosas porque él votó y aprobó la ley de partidos que se discutía en el Congreso y se explicitaba en programas radiales y televisivos.
Es decir, todo parece indicar que el PS cumple cabalmente con una ley, entonces el problema es político y ético. Ahora bien, ya hace muchos años se descartó la posibilidad de “asaltar Bancos” para financiar la revolución; hace dos años se descartó la posibilidad de pedir plata a las empresas para financiar campañas; al parecer, ahora se empieza a descartar la posibilidad de invertir en empresas (obviamente en el marco de una sociedad capitalista) para estos fines.
Todo esto puede parecer muy bien porque hay que separar los negocios de la política, aunque cabe mencionar que le da enormes ventajas a los dueños de las empresas que pueden invertir en su propia campaña hasta el 25% del total de los gastos. Esto no es justo ni equitativo porque en cambio se prohíbe que una persona cualquiera aporte más del 10% del gasto en campaña. Todo parece a la medida del candidato de la derecha en particular y de las grandes fortunas en general. Esto lo aprobaron todos los parlamentarios de ambos bloques.
El carácter de manipulación mediática de la denuncia que se comenta se potencia cuando este 11 de mayo, Chile Vamos pide al Servel “que investigue como el PS gastó sus inversiones en campaña”. Esto es ridículo porque el PS y todos los partidos y candidatos estuvieron obligados a informar de sus gastos y hay una enorme cantidad de observaciones a numerosas candidaturas. En segundo lugar, el Servel sabe de estas disposiciones financieras del PS porque el propio PS lo declara porque está obligado a hacerlo según la ley.
No obstante, quienes dicen que hay que transparentar todo, al parecer no han leído las leyes respectivas porque ésta estipula que los mandatados (en este caso la comisión de patrimonio del PS) no puede hacer públicas las inversiones porque sería una manera de dar información al mandante (la comisión política del PS).
En definitiva, es políticamente incorrecto haber invertido en empresas capitalistas? Quizás Si, pero lo más importante es haber permitido que la ley no ponga diferenciaciones radicales entre negocios y política. Recuérdese por ejemplo, lo sucedido con los inaceptables senadores designados. La Concertación siempre dijo estar en contra pero los nombró porque permitía reducir la antidemocracia del sistema impuesto por la dictadura.
En este caso, el PS se caza en su propia trampa porque no tomó en serio lo que ahora es claro: la política y los negocios no pueden ser compatibles a riesgo de que se sospeche que se usa la política para intereses personales, familiares o grupales. El PS puede reparar el error de mezclar política y negocios redefiniendo sus inversiones; en cambio, Piñera –salvo que donara su fortuna- no tiene manera de superar el problema, porque dada la cuantía basta con que defienda al neoliberalismo y las grandes empresas para saber que está defendiendo su propio patrimonio de manera indiscutible. Esto es lo que confiesa que hará, por lo demás.
