Opinión
La guinda de la torta que propone la actual DC es increíble: subir la edad de jubilación como piden los dueños de las AFP, idea que no resuelve nada, ya que los chilenos ya están jubilando cerca de los 70 años, las mujeres, y a los 69 años, los hombres, según antecedentes publicados por la OCDE.
ACUSA AFP, que es una entidad con personalidad jurídica, inscrita bajo el número AC 40 del Ministerio de Economía, ha acordado realizar un análisis de los proyectos de los distintos partidos y candidatos presidenciales sobre los temas de Seguridad Social, para que los ciudadanos tengan una información más completa que les permita votar en conciencia.
Partiremos con la DC, revisando los acuerdos del V Congreso realizado el año 2007, que se puede encontrar aquí y, además, las publicaciones recientes para su opción presidencial.
Llama la atención que, aunque los estatutos señalan que este organismo debe reunirse máximo cada 4 años y que la lógica jurídica indica que, mientras no sean revocados por otro congreso, son obligatorios para las juntas nacionales y los órganos directivos, el programa que la actual directiva promueve los abandona, manteniendo el modelo de las AFP.
A continuación, los acuerdos textuales del citado congreso:
“283. La seguridad social por su naturaleza una herramienta de protección social fundamental para la búsqueda de una sociedad más humana, más justa y más solidaria. Por ello no puede estar sujeta al mercado y debe garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes e igualitarias en seguridad social. El estado debe promover la libre elección entre el sistema público y de reparto (INP) y las (AFP).
Crear un sistema público de pensiones
284. Proponemos crear un sistema de pensiones público de reparto, solidario y sin fines de lucro; y establecer un segundo piso previsional administrado por corporaciones sin fines de lucro o por las actuales AFP, a las cuales no se puede incorporar bancos ni compañías de seguro.
Por otra parte, debe crearse una AFP del Estado, a las mismas normas que las demás AFP.
En este nuevo sistema debe ser obligatorio el aporte patronal y debe haber participación de trabajadores y empleadores en los directorios de las AFP.
En cuanto al financiamiento, el Estado debe hacerse cargo de las cotizaciones del aporte patronal en el caso de las cooperativas pequeñas y medianas y de las micro y pequeñas empresas.
En cualquier caso, habrá prohibición para que las AFP participen en la elección de directores de empresas donde ellas tengan inversiones y tendrán la obligación de invertir los recursos de los fondos previsionales en el país.
285. En temas previsionales asumimos el compromiso de reparar el daño que afecta a cerca de 130.000 personas que se desempeñaron en el sector público y de enfrentar una reforma justa y apropiada al sistema de las FF.AA. Políticas para afiliación de trabajadores independientes.
286. Respecto a la cobertura previsional se deben establecer los mecanismos para hacer efectiva la afiliación de todos los independientes para pensiones, salud, riesgo del trabajo y demás regímenes previsionales.
287.Condenamos el fraude previsional. Para evitarlo debemos establecer los instrumentos necesarios para que la recaudación de las cotizaciones sea efectiva, a fin de incrementar los saldos de las cuentas individuales. Por otra parte, debemos fortalecer las prestaciones de bienestar social, para los trabajadores y sus familias, especialmente las que otorgan las cajas de compensación.
Asimismo, el Estado debe invertir en cultura previsional, es decir, destinar recursos al fomento del conocimiento de los derechos y obligaciones previsionales.
La posición de la actual directiva de la dc
En el documento titulado “Por un Chile en comunidad”, distribuido en las comisiones técnicas de la DC, que conocí en enero del 2017, se sostiene lo siguiente:
“12. Seguridad Social: Propuestas:
1. Los principios que guían nuestra propuesta de pensiones son la solidaridad y la responsabilidad individual. Por lo anterior, es que optamos por sistema mixto orientado a dar respuesta política a la demanda y necesidades sociales que actualmente se exigen en nuestro país.
2. Trabajaremos por generar una institucionalidad y mecanismos justos y solidarios que surjan de un gran debate y consenso social, de tal manera que las transformaciones sean validadas y reconocidas por todos.
3. Buscaremos aumentar el nivel de ahorro de la sociedad para las futuras pensiones y optimizar su rendimiento.
[cita tipo=»destaque»]El acuerdo del V Congreso sobre derecho de los ciudadanos para optar entre las AFP y un sistema público solidario, reconocido en tratados internacionales, es dejado a un lado absolutamente.[/cita]
Sabemos que la discusión sigue abierta y requiere de un análisis técnico, de participación ciudadana y de discusión política que debe encaminarse a responder a las demandas de un sistema que no ha sido capaz de responder miles de chilenos que viven de sus pensiones.
Necesitamos avanzar hacia un sistema mixto, que combine virtuosamente múltiples lógicas de funcionamiento y fuentes de financiamiento.
Nuestra propuesta entrega distintos roles al Estado y al sector privado, utiliza elementos de ahorro, seguro y subsidio y considera cotizaciones del trabajador y del empleador. Planteamos la necesidad de un pilar solidario, financiado con impuestos generales, desde donde gestionar todas las transferencias y subsidios tales como: la pensión básica, el aporte solidario, el bono por hijo y otros. A su vez, reconocemos la importancia de un pilar de ahorro porque las pensiones no se crean de la nada.
Este pilar requiere ser reformado en tres dimensiones: imprimir más competencia entre las AFP para que las comisiones sean menores; establecer correspondencia entre dichas comisiones y la rentabilidad de los fondos; transparentar más su funcionamiento, reforzando la participación en todo el sistema de seguridad social mediante el concepto de comisión de usuarios.
Proponemos la creación de un seguro de longevidad, mecanismo solidario colectivo que permite incrementar las pensiones actuales y futuras, asegurándole a cada afiliado recursos durante toda su vejez, en particular a las mujeres.
El incremento en la expectativa de vida hace indispensable que gradualmente suba la edad legal de jubilación, con mayor intensidad para las generaciones futuras. Un sistema así redefinido, mejorará las condiciones de vida de los chilenos de manera creíble y sostenible.”
Como se puede observar, no hay críticas ni proposiciones de cambios de fondo a un sistema considerado fracasado, ya que prometió pensiones del 70% y entrega menos del 30%. Según la Comisión Bravo, estas bajarán al 15% para los que no tienen derecho a Bono de Reconocimiento, es decir, para todos los trabajadores que no hayan hecho imposiciones en el sistema antiguo.
El acuerdo del V Congreso sobre derecho de los ciudadanos, para optar entre las AFP y un sistema público solidario, reconocido en tratados internacionales, es dejado a un lado absolutamente.
No se menciona que los recursos deben invertirse en Chile, un presupuesto nacional entero, 72 mil millones de dólares, manejados por los grupos económicos en el exterior, en vez de apoyar el desarrollo armónico de Chile. No hay definición sobre la necesidad del aporte patronal del 5%, que hasta la derecha acepta, claro que administrado por las AFP. Nada se dice respecto a la comisión clandestina del artículo 45 bis, que sube en un 50% los costos de las comisiones para los afiliados y que les permite a las AFP obtener 400 millones de dólares anuales, sin informarlo en las cartolas.
Hablar de fomentar la competencia en un mercado oligopólico es rechazado como inadecuado por los expertos y demostrado como mecanismo que no funciona, según se acredita con los datos oficiales, pero es el discurso oficial de las AFP y sus defensores.
La guinda de la torta que propone la actual DC es increíble: subir la edad de jubilación como piden los dueños de las AFP, idea que no resuelve nada, ya que los chilenos ya están jubilando cerca de los 70 años, las mujeres, y a los 69 años, los hombres, según antecedentes publicados por la OCDE.
La única idea positiva es el seguro de longevidad que ha sido planteado por diversas organizaciones y expertos.
