La propuesta de la diputada Camila Vallejo de reducir la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas ha suscitado un amplio debate en el que está participando el mundo político, la academia y los diversos actores de la economía nacional.
El proyecto apunta a mejorar el bienestar de los trabajadores, facilitar la incorporación al mercado laboral de sectores hasta hoy en sus márgenes y reducir la brecha de la desigualdad.
Los argumentos de quienes se oponen a la medida se centran en los supuestos efectos negativos que tendría sobre la economía, en especial sobre la productividad y el crecimiento del PIB. Sin embargo, la evidencia muestra que los países con un PIB y una productividad más altos son también aquellos donde menos horas se trabaja. En Chile son, según datos oficiales del año pasado, 1.988 anuales (el quinto país en el ranking de la OCDE), mientras que, por ejemplo, en Alemania son 1371, en Holanda 1419 y en Noruega 1424.
No se trata, como se ha dicho, de que primero debamos alcanzar los niveles de desarrollo de dichos países para posteriormente aspirar a reducir la jornada laboral. De hecho, la fijación por ley de las 40 horas semanales antecedió a avances en productividad y (junto a otras conquistas como la educación pública) los facilitó, al incentivar a las empresas a efectuar inversiones en tecnología y racionalizar sus procesos.
Además, la productividad no está ligada inexorablemente al número de horas trabajadas, sino que en ella hay involucrados otros factores.
Los países que han conseguido sustanciales avances en este campo, además de contar con jornadas laborales a escala humana, cuentan con factores como educación pública universal a todos los niveles, una estructura fiscal progresiva y redistributiva, un porcentaje significativo de su presupuesto destinado a investigación, innovación y desarrollo y legislaciones laborales avanzadas (o bien, en el caso estadounidense, con un hinterland con el que se relacionan de manera colonial gracias a una alta inversión armamentística y un elevado coste en vidas y sufrimiento humano, lo que no es el caso de Chile ni nos parece deseable que así sea).
Haciendo un ejercicio comparativo con la situación chilena, no sólo es que en los países con una alta productividad se trabaje menos horas, sino que la educación de los trabajadores y sus incentivos son mayores, la fiscalidad es más progresiva y sus efectos se perciben en servicios públicos universales y de calidad y en una infraestructura mejor y menos centralizada. Además, su sistema de relaciones laborales es diferente: más negociación colectiva y con mayor cobertura y menos persecución y fragmentación de la actividad sindical; más economía social y solidaria y menos subcontratación y boleteo.
[cita tipo=»destaque»]La resistencia a avanzar en la reducción de jornada y la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva tienen el mismo origen: la resistencia a superar un modelo de acumulación basado en la renta de los bienes naturales, el bajo precio de la mano de obra, la especulación y la exportación de materias primas con poco valor agregado y avanzar hacia uno en que los ejes sean el conocimiento, la actividad transformadora, la innovación y un fuerte mercado interno en que la capacidad de compra no venga dada por el aumento constante de los niveles de endeudamiento sino por el incremento relativo de los ingresos del trabajo.[/cita]
Si nos preocupa la baja productividad, deberíamos abocarnos a elaborar e implementar reformas que apunten a aumentarla, en campos como los citados.
Una de esas reformas posibles y necesarias sería la negociación colectiva sectorial. Al establecer condiciones laborales y salarios comunes para todo un sector se ejercería una fuerte presión sobre las unidades que hoy tienen como principal vía para competir en el mercado la reducción de costes de su mano de obra y que, si quisieran subsistir en el nuevo escenario, deberían orientarse a mejorar su producto o la prestación de su servicio, al no poder jugar con la ventaja comparativa de peores condiciones laborales o remuneraciones que en el resto del rubro.
En los países en los que es más alta la calidad de vida y la cohesión social se consiguió combatir la ineficiencia y aumentar la productividad mejorando las condiciones de inserción del trabajador en el mercado laboral y su posición en él, fomentando su asociatividad y empoderamiento.
Lamentablemente, las posiciones en este debate (y las expresadas en torno a la reciente reforma laboral) de los organismos gremiales que agrupan a los principales propietarios del país muestran que sigue estando ampliamente extendida una mentalidad que privilegia el uso intensivo de la fuerza de trabajo (y de los bienes naturales) por sobre cualquier otro factor económico, incluso sobre la propia cualificación laboral.
La resistencia a avanzar en la reducción de jornada y la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva tienen el mismo origen: la resistencia a superar un modelo de acumulación basado en la renta de los bienes naturales, el bajo precio de la mano de obra, la especulación y la exportación de materias primas con poco valor agregado y avanzar hacia uno en que los ejes sean el conocimiento, la actividad transformadora, la innovación y un fuerte mercado interno en que la capacidad de compra no venga dada por el aumento constante de los niveles de endeudamiento sino por el incremento relativo de los ingresos del trabajo.
La propuesta de establecer por ley a nivel nacional una semana laboral de 40 horas, además de mejorar sustancialmente la calidad de vida de la mayoría de chilenos, no es descabellada en términos económicos. De hecho vale la pena tomarla en consideración para avanzar hacia un mejor país, con más y mejor trabajo en una economía orientada al bienestar de todos.
