El pasado viernes 24 de marzo, OEA hizo público el “Informe hemisférico sobre violencia sexual infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará”. Recordemos que dicha convención tiene como objeto la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, la cual fue adoptada en Belem do Pará, Brasil, en 1994.
El informe parte diagnosticando la compleja situación de las Américas y El Caribe en esta materia: la región presenta algunas de las tasas de embarazo infantil más altas del mundo, triangulando diversos datos que señalan que los partos de niñas menores de 15 años han aumentado, y seguirán aumentando, probablemente, hasta 2030 (pág. 11). Lo anterior involucra no tan sólo un problema biológico y psicosocial, respecto a menores de edad que, claramente, no están capacitadas para la maternidad, sino también respecto a efectos discriminatorios y de violencia en el ámbito educativo, ejemplificando ello a través del caso de Mónica Carabantes, estudiante chilena expulsada de una institución privada en 1997, debido a su embarazo (pág. 13). Afortunadamente dicho caso tuvo una “solución amistosa” en 2002, que implicó la aprobación de una serie de leyes respecto a acceso a la educación para estudiantes embarazadas, el reconocimiento estatal de las violaciones denunciadas y el otorgamiento de becas a las víctimas para poder proseguir estudios superiores.
Prácticas nocivas
Siguiendo al CEDAW (sigla en inglés de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer), y el Comité de Derechos del Niño, el informe señala que las prácticas nocivas (mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y/o forzoso, la poligamia, los delitos cometidos por motivos de “honor” y la violencia por causa de la dote, etc.), se encuentran profundamente arraigadas en las actitudes sociales presentes en nuestro hemisferio, repercutiendo en que estas prácticas, potencialmente, terminan justificando la violencia contra la mujer como una forma de “protección” o dominación de mujeres y niños en el hogar, la escuela, y la sociedad en general (pág. 20)., y en razón de ello, el informe llama a la atención de los Estados miembros para tomar cartas en el asunto.
Desde esa perspectiva, el informe señala el problema de los embarazos infantiles y los obstáculos que enfrentan dichas niñas al buscar atención médica, conceptualizando ello incluso como forma de tortura, dada la falta de protocolos de atención para niñas víctimas de violencia sexual, así como los impedimentos legales para abortar, incluso en estos casos, lo que claramente constituye una re-victimización de dichas infantes, esta vez por parte del Estado, y donde claramente países como el nuestro tienen aún una larga tarea por desarrollar.
Respecto a matrimonio infantil y forzado, el informe cita datos de UNICEF (2016) que señalan que el 23% de las niñas de Latinoamérica y El Caribe se unieron en matrimonio o unión de hecho precoz, entre los 15 y 18 años, representando el 5% las niñas menores de 15 años. Dicho tipo de matrimonio, señala UNICEF, está asociado a factores socioculturales y económicos, identificando a las niñas de zonas rurales, de pueblos originarios y prevalentemente pobres como población de especial vulnerabilidad., asimismo, explicita que las principales consecuencias para las niñas casadas de dicha manera son el temprano abandono de la escuela, embarazo temprano y no deseado, acentuando la dependencia económica de esas jóvenes mujeres y la aun mayor limitación de las oportunidades de vida de éstas.
La situación de Chile
En términos generales, probablemente lo más positivo de Chile es que suele tener información al respecto y ésta es confiable. Efectivamente, por ejemplo, al ser comparado junto a otros 9 países respecto a tasas de mortalidad materna-infantil para los tramos etarios de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, Chile es uno de los 3 países que generan información al respecto, mostrando cifras mejores (tasa de 36,1 casos por cada 100.000 personas) que Argentina y México en el primer tramo, y que Argentina y Panamá en el de 15 a 19 años, en el cual Chile presenta una tasa de 27 casos por cada 100.000 habitantes.
Respecto a maternidad infantil, en comparación a otros 9 países de la región el panorama es más preocupante, pues en el tramo de 10 a 14 años Chile presenta la 3ra tasa más alta del cuadro (3,6 casos por cada 1.000 habitantes), siendo superado solamente por México y Venezuela (con tasas de 5,5 y 4 casos, respectivamente), y por debajo de países con notorios niveles menores de desarrollo humano, como Guatemala, con 3,2 casos. Pese a ello, otro aspecto preocupante es la data de la información aportada: mientras Chile informa datos del año 2004, los otros 9 países entregaron datos fechados entre los años 2011-2015. Cuál es el panorama hoy en el país? Difícil decir, aunque fácil imaginar: quizás no muy positivo.
El informe también “destaca” a nuestro país (junto a El Salvador, Paraguay y República Dominicana), como Estados en que aun hoy existen prohibiciones absolutas respecto al aborto, incluso en casos de niñas víctimas de violencia sexual y en condiciones de riesgo de vida para dichas jóvenes féminas. Señala, igualmente, que nuestro país informó en 2011 que “los egresos hospitalarios por embarazo, parto y puerperio de mujeres de todas las edades que terminaron en aborto fueron 30.860, lo que representa cerca del 10% del total de egresos hospitalarios por embarazo, parto y puerperio. De esos abortos, 3.387 corresponden a adolescentes entre 10 y 19 años. A la par, señaló que el 1% de la población de mujeres bajo control de embarazo eran embarazadas menores de 15 años., informando también que el 10% de las muertes maternas eran niñas y adolescentes (pág. 34). Lo anterior es profundamente preocupante si consideramos que éstas son cifras oficiales, y por lo tanto no consideran la “estadística en las sombras”, es decir aquellos casos que no son denunciados y/o informados oficialmente, algo que debiese poseer guarismos considerables en Chile, tomando en cuenta la penalización del aborto, tanto para el paciente como para el médico que lo realiza.
Igualmente, el informe realza que nuestro país aporta asistencia jurídica a las víctimas en 332 comunas de un total de 346, cubriendo el 95% del total de la población, aunque, también señala el informe, dicha información se refiere a la totalidad de las mujeres sin identificar la situación de las niñas menores de 14 años (pág. 65).
Conclusiones
En términos generales, el informe señala una significativa brecha entre la situación de las niñas víctimas de violencia sexual y las normas que les protegen, pues de los Estados analizados (entre los que se encuentra Chile), ninguno reportó información precisa sobre sentencias aplicadas en relación a los delitos de violencia sexual contra niñas de hasta 14 años. Tampoco se obtuvo información sobre el número de niñas que recibieron kits de emergencia para tratamientos profilácticos y atención especializadas por denuncias de violencia sexual. Sólo 5 países (Argentina, Colombia, Guatemala, México y Panamá), reportaron tener Protocolos de atención en Justicia especializados en esta franja etaria, pero ninguno de los Estados, ni siquiera los que tienen protocolos, dieron cuenta de procesos formativos y personal especializado para atender a las niñas de esta franja etaria, mucho menos en lo que se refiere a los casos de violencia sexual y embarazo en niñas con necesidades especiales derivadas no sólo de su condición de niñas, sino de otros factores de discriminación como la etnia o raza, las discapacidades, su condición indígena o su condición de migrante o de estar en conflicto con la ley, entre otras (pág. 67).
Recomendaciones
El informe finaliza haciendo eco de las recomendaciones del CEVI (Comité de Expertas/os Violencia) para la formulación y monitoreo de políticas públicas en una serie de ámbitos:
Respecto al ámbito legislativo, el reporte asevera que los Estados parte, deben dar pasos que conduzcan a la eliminación del aborto inseguro, “asegurando normativamente que todos los embarazos de niñas sean considerados de alto riesgo y permitan la interrupción legal del embarazo, proceso que se acompañará con las medidas necesarias para garantizar la salud integral de las niñas así como su salud sexual y reproductiva y su derecho a la vida, a la integridad personal, a la intimidad a la no discriminación y a vivir libre de violencia” (pág. 69).
En el ámbito educativo, el informe recomienda diseñar políticas públicas dirigidas a prevenir la violencia sexual contra las niñas con un enfoque interseccional, que tenga en cuenta la diversidad de raza, etnia, orientación sexual y condiciones de pobreza, por los varios factores de riesgo de abuso y violencia sexual que pudieran generarse contra las niñas, en las escuelas y en los centros de salud” (pág. 69).
En el área sanitaria, el documento sugiere implementar protocolos de atención para las niñas víctimas de violencia sexual en los servicios de salud y en los idiomas indígenas y lenguaje de signos cuando proceda; así como también establecer protocolos de atención integral para garantizar la vida y la salud de las niñas que decidan interrumpir su embarazo., también asegurando que todos los protocolos garanticen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a todas las niñas, cualquiera sea su edad, incluyendo confidencialidad (incluso respecto de los padres cuando son los posibles abusadores) y consejería” (pág. 70).
[cita tipo=»destaque»]Desde esa perspectiva, el informe señala el problema de los embarazos infantiles y los obstáculos que enfrentan dichas niñas al buscar atención médica, conceptualizando ello incluso como forma de tortura, dada la falta de protocolos de atención para niñas víctimas de violencia sexual, así como los impedimentos legales para abortar, incluso en estos casos, lo que claramente constituye una re-victimización de dichas infantes, esta vez por parte del Estado, y donde claramente países como el nuestro tienen aún una larga tarea por desarrollar.[/cita]
En lo referente a acceso a la justicia, el informe invita a los Estados miembros a ejecutar medidas adecuadas para identificar en el ámbito penal los obstáculos para reparar a las víctimas de los delitos de violencia sexual contra niñas y tomar las medidas que estén al alcance tanto del Poder Judicial como de los órganos de Investigación para erradicar estos obstáculos y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares; así como también garantizar información transparente sobre el número de causas y la situación de los agresores (pág. 71).
Finalmente, en el ámbito comunicacional, el informe recomienda manejar los casos de embarazo infantil que conocen los medios de comunicación planteando reflexiones sobre la problemática, evitando sensacionalismos y la estigmatización de la víctima (pág. 72).
