¿Se puede hacer una historia de la transición chilena descartando estas experiencias? ¿Se puede evaluar los primeros años de la Concertación sin tomar en cuenta que cientos de niños y niñas murieron bajo la protección del Estado, y peor aún, que hasta la actualidad no sabemos sus cifras ni sus causas? ¿Son menos importantes estas muertes que otras? ¿Por qué se ha actuado de esta forma con miles de ellos?
(*) Nadie muere de pena
“Una niña de once años murió al interior del centro del Galvarino, del Sename, en Estación Central, en Santiago. La información oficial que entregaron a sus familiares es que la pequeña habría muerto de pena, es textual”.- Así anunció Matías del Río la muerte de Lissette Villa en la noche del 12 de abril de 2016. La noticia profundizó en la historia de la niña y las supuestas razones de su triste deceso, entregadas por Marcela Labraña, directora en ese momento del Servicio Nacional de Menores (SENAME):
-Labraña: “Ella tenía once años, no era consumidora de nada, ella tenía un tratamiento por un estrés postraumático… fallece por un paro cardiovascular, producto de una crisis emocional. El día lunes estaba como cualquier niña de once años, llorando desconsoladamente por no haber recibido el domingo la visita que ella esperaba.
-Periodista: “Directora, ¿fue básicamente entonces la pena lo que ella sentía lo que la llevo?
– Labraña: “Si, si… (“24 Horas”, TVN, 12/4/2016).
Lissette no era como cualquier niña, como decía Labraña: pertenecía a los más de 150.000 niños y niñas que están bajo “protección” en los centros dependientes del SENAME. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Marcela Labraña fue categórica: “No hay otra razón”, aunque en ese momento ni siquiera el Servicio Médico Legal determinaba las razones de su deceso. Días después, el médico Rodrigo Paz diría: “Labraña le está mintiendo al país”. Este conoció a Lissette cuando le pidieron un diagnostico psiquiátrico en marzo del 2016. “Los niños no mueren de pena, mueren porque son mal medicados”. La historia sería más terrible aún (Radio Cooperativa, 14/4/2016).
Lo que vino después fue una bola incontrolable. Labraña debió renunciar, siendo reemplazada por Hugo Herrera. Durando tres meses en el cargo, éste pidió su reemplazo. En julio del 2016 asumió la fiscal Solange Huerta, quien pidió tiempo y comprensión: “Creo que puedo hacer la diferencia en post de los niños y las niñas, pero no sola, con todos ustedes… nuestros niños ya no pueden seguir esperando” (TVN, 18 de julio de 2016). Su petición parecía estar enmarcada en un momento de inflexión histórica. Debía estar a la altura. ¿Cuál debía ser la diferencia?
La diferencia estaba en demostrar que al Estado y la clase política le interesaba realmente la vida de los niños, niñas y jóvenes populares. En el fondo tomar las riendas y hacer una reforma profunda.
A los tres meses de comenzar en su cargo, la fiscal Huerta tuvo la respuesta de parte del Estado: el presupuesto del SENAME se incrementó en un 6,3%. Solo un 50% de lo que ella solicitó (El Libero, 6/10/2016). Ahí estaba la diferencia, dineros más, dineros menos.
De flujos y Stock
Para el sociólogo francés, Loic Wacquant, el neoliberalismo impuso que las causas de la pobreza eran individuales y no responsabilidad de la propia sociedad. “El principio rector de la acción pública… no es la solidaridad sino la compasión; su finalidad no es fortalecer los lazos sociales sino reducir las desigualdades” (Wacquant, 2010, p.80). En el caso chileno, las desigualdades se profundizaron y el Estado transformó el escuálido sistema de protección de la infancia a la lógica neoliberal. Los programas y hogares están privatizados en un 95%, siendo subsidiados por el Estado, pero escasamente fiscalizando. Los niños y niñas son percibidos como “objetos” de políticas públicas, pero no como sujetos de derecho. Sin voz y sin poder, cuentan, pero en el fondo no valen. Así se percibe en el lenguaje neoliberal que ha invado los programas del SENAME y los niños y niñas pasan a ser: “plazas”, “casos”, “flujos” y “stock”.
Así se pudo evidenciar, cuando la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, asistió a una sesión de la Comisión Investigadora SENAME, creada por la Cámara de Diputados en mayo del 2016. El objetivo de su visita era especificar la cifra exacta de niños y niñas fallecidos en los centros del SENAME (al menos entre 2005 y 2016). La ex ministra no tenía la respuesta, ya que la información no estaba registrada. Solo tenía la información actual de niños y niñas atendidos directamente y ambulatoriamente.
– Javiera Blanco: “Sólo aclarar que hay una diferencia entre el concepto de vigentes y atendidos. Uno es flujo y el otro es stock. Cuando yo hablo de ocho mil o en el caso de lo que había en 2013, que teníamos 9.770, hoy día tenemos 8.326 niñas, niños y adolescentes vigentes, es el stock”. (La Segunda, 7/7/2016, p.12).
Al ser cuestionada la ministra por decirle “stock” a los niños y niñas atendidas, ella se apresuró en rectificar: “Horrible la palabra”. Pero ¿por qué pronunciarla entonces? En realidad, así era el lenguaje técnico en el SENAME: “usuarios” “vulnerables”, “plazas”, “infractores”, “stock”, nomenclaturas que este Estado neoliberal ha impuesto. ¿Qué tiene que ver esto con la incapacidad de determinar las muertes de los niños y niñas del SENAME?
“Egresos Administrativos”
Al comienzo el gobierno confirmó que el número de niños y niñas fallecidas eran 185. Pero el Ministerio Público desconfió y colocó al fiscal
Marcos Emilfork para la investigación. A las semanas el diputado René Saffirio planteó que la verdadera cifra podría llegar a 477 (La Tercera, 30/7/2016, p. 26). Se quedó corto. ¿Por qué existían tantas discrepancias con un asunto tan delicado?
La respuesta vino de un ex director de Sename: “problemas con el sistema informático”. Pero la verdad era otra. La Policía de Investigaciones incautó fichas y correos del SENAME, descubriendo que las cifras estaban, pero debían ordenarse. Esto porque hasta el 2016 no existía un protocolo que obligara a denunciar e investigar la muerte de un niño o niña del Sename. Todo quedaba impune y las organizaciones las ingresaba en el sistema computacional como un “egreso administrativo” (El Mercurio, 24/7/2016, C10). Incluso, si el organismo había hecho todas las visitas e intervenciones, el egreso podía ser “exitoso”, aunque el niño estuviera muerto. Todo quedaba reducido a un “indicador” cumplido.
Así, el gobierno no estaba en las condiciones de dar las cifras, porque nunca se lo habían preguntado antes. “Por primera vez estamos cruzando datos”, admitió la ex ministra Blanco en la interpelación que vivió en el parlamento en agosto del 2016 (El Mercurio, 3/8/2016, C3). A los meses la rigurosidad llegó, pero le costó el puesto a la ministra Blanco. Su reemplazante, Jaime Campos, no lo hizo mejor. Al visitar el centro Galvarino, donde murió Lissette, dijo: “encontré un centro ordenado, limpio, pequeño… no vi hacinamiento y perdóneme, tenía hartas más comodidades de las que tuve en el internado Liceo de hombres de Talca”. Un diputado simplemente lo mandó “a la cresta” por aminorar la crisis del SENAME y compararse con aquellos niños y niñas. (El Mercurio, 21/12/2016, C7).
Finalmente las cifras se transparentaron. Después de dos meses de pesquisas, la Policía de Investigaciones le informó a Huerta que entre el 2005 al 30 de junio del 2016 murieron 865 menores y 480 adultos, todos en responsables del Sename o sus colaboradores (El Mercurio, 4/10/2016, C8).
¡1.345 niños, niñas y jóvenes!
La gran mayoría de estas muertes no fueron investigadas, sino que archivadas. ¿Cuántas de ellas fueron pasadas como “egresos administrativos”? El gobierno se hizo un mea culpa, pero además puntualizó: sólo 210 personas estaban al cuidado directo de Sename, el resto estaban en programa ambulatorios. ¿Era necesario dicha aclaración? ¿Dejaba de ser menos grave la situación?
Un senador pidió realizar una investigación similar a la Comisión Valech, para ampliar desde 1990 en adelante. La moción no prosperó (El Mercurio, 9/10/2016, C10). Mario Sottolichio, ex director del SENAME de Valparaíso, calificó como exagerada las cifras: “lo que pasa es que han muerto personas que han pasado por el servicio, yo tengo en mi caso dos adultos que murieron después de 3, 4,5 años que egresaron del hogar Walter Silke que dirijo” (El Trabajo, San Felipe, 14/11/2016, p. 5).
Tortura a menores
A ocho meses de la muerte de Lissette y la explosión que eso conllevo, el fiscal Emilfork determinó que la niña no murió “de pena”, ni por el uso de fármacos, sino bajo tortura. Las investigaciones determinaron que Lissette fue ahogada por dos cuidadoras que intentaban “tranquilizarla”. Las funcionarias, sin tener conocimientos de primeros auxilios, colocaron a Lissette en el suelo, boca abajo y la inmovilizaron subiéndose arriba de ella (La Tercera, 18/12/2016). El expediente de la investigación contiene dos mil páginas. Así se supieron las declaraciones de Marcela Labraña, quien asumió su error por declarar que Lissette había muerto “de pena”. Labraña confiesa que no tenía toda la información, enterándose días después que una educadora se había sentado encima de la niña. “El hecho me pareció grave, porque la información era distinta de la que nos habían enviado desde el centro”. (La Tercera, 15/1/2017).
Con estos hechos que han ocurrido el 2016, cabe preguntarse: ¿Se puede hacer una historia de la transición chilena descartando estas experiencias? ¿Se puede evaluar los primeros años de la Concertación sin tomar en cuenta que cientos de niños y niñas murieron bajo la protección del Estado, y peor aún, que hasta la actualidad no sabemos sus cifras ni sus causas? ¿Son menos importantes estas muertes que otras? ¿Por qué se ha actuado de esta forma con miles de ellos?
Otra transición está surgiendo. Las voces de los niños y niñas que vivieron bajo la supuesta protección del SENAME están saliendo a flote. No podemos obviarlas, sino ir por ellas, escucharlas, sentirlas, dejar que sus historias fluyan. Ese es el objetivo de las siguientes columnas, sobre todo porque se ha escuchado a todos los protagonistas, menos a los niños y niñas del SENAME.
(*) Publicado en RedSeca
