Es de pleno conocimiento que como sociedad nos encontramos insertos en un contexto planetario de constante globalización comercial y aumento de movilidad de capital financiero en tiempo real. Pareciera que el crecimiento y desarrollo socioterritorial depende cada vez más de factores exógenos, en una trama de capitalización de ganancias monetarias, mientras se socializan las externalidades negativas en su amplio espectro, principalmente ambiental y social. En otras palabras, la mercerización de los derechos socioambientales de nuestras gentes.
En este contexto de detrimento de los sistemas sociales y ecológicos, se enmarcan proyectos energéticos tales como la Termoeléctrica Los Rulos, proyecto de USD$594.000.000 a ser potencialmente instalada en 34 hectáreas de la comuna de Limache, paradójicamente dentro de los confines de la Reserva de la Biosfera La Campana – Peñuelas.
La incongruencia territorial entre dicho proyecto y los objetivos de esta y cualquier Reserva de la Biosfera, sobresalen con facilidad tras examinar la literatura científica. En ella se establece que estos reductos reservorios son gestados siguiendo una intencionalidad por proteger paisajes naturales y culturales de gran valor ecológico y patrimonial, de las constantes amenazas a los ecosistemas a partir de la explotación del patrimonio natural por sobre los límites de sus capacidades.
[cita tipo=»destaque»]La problemática en la que nos encontramos, y con ello la detectada incongruencia, se debe a que esta denominación territorial –Reserva de la Biosfera– arrastra obstáculos intrínsecos en su efectividad. Se trata de una figura no institucionalizada, planteada desde la imposibilidad de ser reconocida como figura legal en Chile, intentando transitar y articularse con instrumentos y mecanismos legales pre-existentes.[/cita]
La problemática en la que nos encontramos, y con ello la detectada incongruencia, se debe a que esta denominación territorial –Reserva de la Biosfera– arrastra obstáculos intrínsecos en su efectividad. Se trata de una figura no institucionalizada, planteada desde la imposibilidad de ser reconocida como figura legal en Chile, intentando transitar y articularse con instrumentos y mecanismos legales pre-existentes. Debemos tener en consideración, que en una grave ausencia de una ley marco de ordenamiento territorial nacional, estas estrategias de reserva ambiental, desencadenan en que los esfuerzos y presupuestos destinados a la postulación y conservación de estos territorios, responda solo a intereses de mercadotecnia territorial y estrategias turísticas, desprotegiendo los objetivos y funciones principales de las mismas.
Todo lo mencionado nos lleva a reflexionar sobre lo evidente, y es que una figura como la Reserva de la Biosfera en Chile, no es más que una designación burocrática dictaminada por la UNESCO, gerenciada por un comité de gestión, esencialmente político, el cual carece de potestad real para normar el uso del suelo y velar por el cumplimiento de los objetivos postulados, en este caso, para la Reserva de la Biosfera La Campana – Peñuelas. Una declaración de buenas intenciones, como tantas hemos escuchado.
No estorbaría recordar que la principal meta de las Reservas de la Biosfera, es la de promover soluciones para la reconciliación de la conservación de la biodiversidad y sus usos sostenibles, no tan solo en sus dos zonas núcleos, como es el caso de La Campana – Peñuelas, sino que en todo el territorio abordado. Un proyecto termoeléctrico como el aludido, se distancia fuertemente de la discusión contemporánea de la sustentabilidad, así da cuenta la evidencia científica y las 507 observaciones de participación ciudadana declaradas en el portal oficial SEIA para el proyecto energético en cuestión.
En efecto, esta temática saca a relucir cuestionamientos hacia nuestra matriz energética; hacia la jurisprudencia ambiental; hacia la planificación y ordenamiento territorial, y hacia el Chile que quisiéramos tener en 50 años, entre otros. El paradigma que debe comandar este cometido, debe experimentar la transición necesaria desde “los recursos naturales son de todos” hacia “el patrimonio natural no es de nadie”, y es ahí entonces donde debe radicar el cuidado inclaudicable de los ecosistemas. Por ahora, no sería ajeno a nuestra realidad de crisis institucional, que este proyecto, y muchos otros sean aprobados, y consiguientemente, la entidad fiscalizadora en un futuro, simplemente no de abasto para cubrir este proyecto.
