La construcción de una nueva coalición de centroizquierda no debe eludir el debate sobre los alcances de la democracia y de los derechos humanos. Por el contrario, debe llevar la democracia al límite de la soberanía popular, y los derechos humanos al umbral de las garantías exigibles y justiciables.
Pocos dudan de la necesidad de pensar una nueva coalición de centroizquierda. La experiencia de la Nueva Mayoría puso en evidencia la enorme brecha abierta entre la idea de impulsar reformas necesarias y ampliamente respaldadas por el país —muy alejadas de la metáfora de la retroexcavadora que proponía desmontar el modelo de desarrollo en un gobierno de cuatro años—, y lo que, bajo el eufemismo de los matices, significó poner frenos permanentes a dichas transformaciones.
Por eso, para cerrar esta brecha y ofrecerle a Chile un gobierno sólido y estable, la actual coalición debe imperiosamente fundar su programa en un consenso sobre la democracia y los derechos humanos. Sin esta visión común de los partidos que la conforman, no sólo su política internacional, sino, crucialmente, su senda de progreso y desarrollo, se verá persistentemente obstaculizada por tensiones y conflictos.
La centroizquierda tiene mucho a su haber en este desafío. Es tributaria de las luchas libradas en contra de la dictadura y en pro de los derechos fundamentales, de la transición democrática que permitió restablecer el imperio de las instituciones libres, de los cambios sociales que han mudado radicalmente la fisonomía de la sociedad chilena, y de una presencia internacional que despierta el respeto de las naciones. Es la vocación que la distingue nítidamente de la trayectoria seguida por la derecha.
Pero los derechos humanos, como el Estado de derecho y la democracia, son realidades que evolucionan y que, por ello, exigen el aggiornamento de nuestras convenciones en torno a ellos. Exhortan, sobre todo a los partidos de inspiración humanista, a reivindicar el valor esencial de la persona contra toda forma de poder, no sólo para asegurar sus mínimos de supervivencia, sino para impulsarla hacia la conquista de una vida buena.
Los derechos fundamentales son expectativas de prestaciones, o que comportan prohibiciones, compartidas universalmente por todos los seres humanos por su calidad de personas, o que, como titulares de derechos, les son reconocidos explícitamente por un ordenamiento jurídico. Por esto tienen carácter universal, inalienable e indisponible. Son derechos fundamentales porque amparan a todos los seres humanos, lo cual implica que se reconocen a todos los seres humanos porque éstos son iguales. Y están por encima de las relaciones políticas y de mercado.
Son fundamentales porque tienen como finalidades indisolublemente imbricadas la paz, la igualdad y la protección del más débil. De ello se sigue que cuanto más se garanticen los derechos de la libertad, los derechos civiles y políticos, y los derechos sociales, más fuertes serán las convicciones y las relaciones colectivas gobernadas por la paz. La igualdad de todas las diferencias significa el igual respeto y tolerancia hacia las diversidades de nacionalidad, de lengua, de sexo, de religión, de opinión política.
Favorecer al más débil frente al poder del más fuerte, es impedir concentraciones de poder e imposiciones de los más fuertes sobre los más débiles. Naturalmente, los derechos patrimoniales que se transan en el mercado no son fundamentales pues no cuentan con los requisitos que los hagan indisponibles, inalienables, inviolables, intransmisibles y personalísimos.
La realización de los derechos fundamentales se consigue mediante políticas públicas que los garanticen. La eficacia de estas garantías de derechos radica en que comportan la obligación de satisfacer expectativas positivas, como son el acceso a la salud, a través del Plan Auge, y a la educación, a través de la Gratuidad Universal, dos realizaciones trascendentales de los gobiernos de centroizquierda. Que, no se olvide, comportaron regular las isapres y ponerle fin al lucro.
En el horizonte de una práctica de centroizquierda, también el derecho fundamental al agua y al saneamiento, hoy por hoy convertido en bien patrimonial, debe ser un derecho garantizado. Ello entraña que el acceso al agua responda a estándares de calidad, ser proporcionado en los plazos oportunos, salvaguarde a quien no puede costearlo, se mantenga estable a lo largo del tiempo, esté abierto a la participación de sus titulares, sea susceptible de exigibilidad y reclamo, y sea progresivo y actualizable. Lo mismo en materia de régimen previsional, vivienda y alimentación.
Las políticas de centroizquierda se distinguen de las neoliberales en que estas últimas carecen de una teoría que se haga cargo de articular los derechos sociales con sus correspondientes garantías y prestaciones, como se comprueba en el Manifiesto por la República y el buen gobierno difundido recientemente por personeros de la derecha. Aquí los derechos son subordinados al mercado y a las tasas de crecimiento y, en consecuencia, no se expresan en normas generales y abstractas, no siempre comportan obligaciones, y usualmente son servidos a través de decisiones discrecionales, con lo que quedan reducidos a puras declaraciones de reconocimiento.
Lo dicho no es baladí. Tales nociones han penetrado en los partidos de centroizquierda; no digo en sus valores y principios. Pero esto genera fricciones intestinas, porque el reconocimiento de garantías no es gratuito, sino que se pide, y no se pide sin lucha y sin conflicto, sino con presión, pues comporta una exigencia de justicia e igualdad orientada a trastocar el vínculo social donde ocurren los desdenes y humillaciones, y donde las capacidades humanas reclaman reconocimiento.
No por nada ha crecido la judicialización de las demandas emprendida por ciudadanos y por organizaciones de la sociedad civil, y lo que resulta muy prometedor es que hayan encontrado receptividad en las magistraturas, especialmente en aquellas que se muestran más ágiles y cercanas a la población.
De aquí la relevancia que cobra el Estado constitucional de derecho, una estructura jurídica que ha corrido a la par del desarrollo de la democracia y de la humanización de los vínculos sociales. Es al Estado constitucional de derecho a quien corresponde establecer en función de qué contenidos normativos se ejerce el poder, y es a la democracia a quien corresponde determinar quiénes y cómo lo detentan.
Por eso, tiene tanta importancia para la centroizquierda una Constitución Política ampliamente legitimada en una Asamblea Constituyente. Porque en un Estado constitucional de derecho es la voluntad soberana del pueblo la que otorga legitimidad a los procedimientos democráticos y a las protecciones instituidas por los derechos fundamentales. Es un Estado positivo de garantías que, por proteger los derechos fundamentales, determina los límites del poder y, además, satisface las expectativas económicas, culturales y sociales de las personas.
Democracia y derechos están íntimamente ligados. Todo poder democrático encuentra sus límites en la garantía de los derechos de libertad de las personas. Todo poder deslinda con la protección de los derechos sociales reconocidos a las personas. Mientras más extendidas sean las libertades y los derechos sociales, más estrecha será la esfera de influencia del poder político.
La construcción de una nueva coalición de centroizquierda no debe eludir el debate sobre los alcances de la democracia y de los derechos humanos. Por el contrario, debe llevar la democracia al límite de la soberanía popular, y los derechos humanos al umbral de las garantías exigibles y justiciables.
