Dada la falta de evidencia para una relación determinada entre crecimiento y desigualdad, es difícil apuntar a una inevitable disyuntiva entre ambas variables, donde se deba privilegiar una en desmedro de la otra. Esto es sin perjuicio de que la teoría económica más básica sí señala que una mayor redistribución directa de parte del Estado afectará la eficiencia con que la economía funciona, disminuyendo su crecimiento potencial.
(*) En una columna reciente, Andrés Estefane y Martín Castillo escribieron un valioso texto donde se disputa el concepto de crecimiento como único paradigma de desarrollo y se aduce que las élites empresariales han utilizado esta variable como freno para cualquier intento de modelo de desarrollo alternativo que introduzca criterios adicionales al de producción de bienes y servicios por cabeza tales como el redistributivo. Sin el ánimo de disentir del centro del argumento de su columna, en éste texto intentaré aportar con algunos matices y complementar parte de las ideas expuestas por los autores mediante el estudio de la relación teórica y empírica que la disciplina económica encuentra entre crecimiento e igualdad.
En primer lugar, la relación entre crecimiento/desarrollo y desigualdad es una sumamente compleja en Economía. Los primeros intentos en sistematizar esta asociación fueron hechos en las décadas de los 1950s y 1940s por el economista estadounidense Simon Kuznets, cuando las primeras grandes bases de datos estadísticas fueron construidas. Su estudio concluía que habría una relación de U invertida entre desarrollo y desigualdad. Esta fue considerada la visión “optimista” del desarrollo y la desigualdad: los países debían esperar a desarrollarse lo suficiente como para poder disfrutar de los beneficios de un mayor bienestar económico y de la paz social que una menor desigualdad trae aparejada. El razonamiento económico subyacente era claro, en las primeras etapas de desarrollo existían pioneros que tiraban el carro del crecimiento económico con sus invenciones o rentables emprendimientos, pero que a la vez tendían a generar una mayor dispersión de los ingresos entre los habitantes; esta situación tendía a revertirse una vez que más personas ingresaban al negocio de los pioneros, disminuyendo la rentabilidad de él, y la demanda por trabajo aumentaba, debida a la mayor actividad económica, lo que impulsaba los salarios reales al alza. El Estado podía tener poca injerencia en la redistribución y enfocarse en incentivar el crecimiento, ya que la disminución en la inequidad vendría por añadidura.
Más tarde, durante los 1960s y 1970s, Schultz (1963), Ben-Porath (1967), Becker (1964, 1967) y Mincer (1974) elaboraron la teoría del capital humano. La teoría postula una relación causal entre el capital humano de un individuo, su productividad, y por ende, su ingreso. De este modo, mientras más desigual sea el acceso a tecnologías de acumulación de capital humano, más desigual será la distribución del ingreso. Asimismo, mientras menos capital humano haya acumulado en la población, menos crecerá la productividad y menor será el crecimiento económico. Es así que se configura otra puerta para una relación virtuosa entre crecimiento y desigualdad. Los países pueden incentivar la acumulación de capital humano mediante políticas educativas o de capacitación en la población, lo que potencialmente podría reducir la desigualdad y aumentar el crecimiento. Este es aún el fundamento de muchas de las políticas educativas de diversos gobiernos en el mundo.
No obstante, la evidencia de las últimas 3 décadas ha tendido a desacreditar estas teorías optimistas. Los aumentos sustantivos y sostenidos en la desigualdad acaecidos en los países desarrollados, y con particular intensidad en Estados Unidos, han puesto en tela de juicio la relevancia de estas visiones, llegando a postularse una visión “pesimista” respecto al tema, la cual propondría que el proceso irreversible de avance tecnológico favorable al trabajo calificado y tendiente a la automatización de las tareas más rutinarias no podría tener otra consecuencia que un aumento irrefrenable de la desigualdad. La respuesta frente a este desafío aún no es unánime, siendo el grado de influencia y efectividad que el Estado tiene en su intervención junto a los roles que la sindicalización y el comercio internacional pueden tener los mayores puntos en disputa.
Un aporte empírico reciente de importancia ha sido el de Piketty (2013), quien propone que la desigualdad aumenta cuando la relación entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento económico es tal que la tasa de interés es superior a la de crecimiento. Esta situación no sería anormal sino que sería la norma en sociedades capitalistas, lo cual él sustenta con datos que se remontan incluso al siglo XVIII. Por ello, él y otros coautores en trabajos más académicos (Sáez y Stantcheva (2016), Piketty, Sáez, y Zucman (2013), Sáez (2013)), proponen tributos más duros a las personas pertenecientes a los percentiles más altos de la población, particularmente impuestos al capital y la riqueza, con el fin de reducir la desigualdad.
Por consiguiente, podemos concluir que no existe una visión unívoca acerca de la relación entre crecimiento y desigualdad. Las teorías más recientes ponen el acento en la inexistencia de una “curva de Kuznets” sino que en la de varias curvas, no existiendo un patrón claro de aumento o disminución de la desigualdad con respecto al crecimiento. En este sentido, el proceso de U invertida descrito más arriba no sería único, sino que podría repetirse continuamente en el tiempo debido a la presencia de diversas perturbaciones o descubrimientos científico-tecnológicos. Por ello, los datos no tendrían por qué reflejar una relación clara entre las dos variables en cuestión. Asimismo, se ha puesto particular énfasis en la literatura de desarrollo en las fricciones a nivel microeconómico que las personas enfrentan. Estas fricciones se presentarían de manera heterogénea a través de la población, y la mayor incidencia de ellas podría afectar la capacidad de hacer crecer o mantener los ingresos de las personas. Una fricción a la cual se le pone particular atención es la asociada a la incapacidad de los agentes para endeudarse o pedir crédito más allá de un cierto límite. Esto es especialmente agudo en los sectores más pobres de la población, los cuales tienen limitada capacidad para financiar microemprendimientos que les permitirían superar su condición rezagada.
Dada la falta de evidencia para una relación determinada entre crecimiento y desigualdad, es difícil apuntar a una inevitable disyuntiva entre ambas variables, donde se deba privilegiar una en desmedro de la otra. Esto es sin perjuicio de que la teoría económica más básica sí señala que una mayor redistribución directa de parte del Estado afectará la eficiencia con que la economía funciona, disminuyendo su crecimiento potencial. En este sentido, la literatura de políticas públicas tiende a favorecer impuestos más altos en general en vez de una mayor progresividad de ellos (Engel, Galetovic y Raddatz (1999)), ya que lo determinante sería el monto de transferencias que el Estado hace hacia los más pobres más que las tasas relativas de tributos a pagar.
Las sociedades usualmente poseen objetivos conflictivos y el de crecimiento y desigualdad aparece como uno de los más significativos, creando a partir de él diversos modelos de desarrollo que disputan el campo político. A la luz de los avances de la disciplina en el estudio de esta relación, una política que busque la construcción de una sociedad más igualitaria y próspera debe poner el acento en disposiciones que busquen, idealmente, la superación de las ataduras que los sectores más postergados poseen para desarrollar su potencial, ya que son éstas las políticas que podrán generar una dinámica sostenida de mejora de la distribución del ingreso sin entrar en conflicto con la mejora del estándar de vida la población. Por otro lado, es de suma importancia que se tenga en cuenta que públicamente se puede dar que los resultados en términos de índice de Gini, 90/10, etc., pueden perfectamente mostrar un panorama de empeoramiento de la situación en el corto y mediano plazo por razones que escapan a lo que un gobierno puede hacer en la inmediatez. Sólo la convicción política y el respaldo que la constante evaluación de las políticas efectuadas con datos a nivel individual pueden dar permitirán la consistencia necesaria para finalmente alcanzar un desarrollo sostenible.
