La derecha no debe volver al gobierno

Lucía Santa Cruz, en un reciente artículo en La Segunda, afirma que la derecha debe volver al poder en Chile. Lo afirma de un modo apremiante y categórico, como si la derecha a la que alude fuera una identidad política homogénea, pujante y merecedora de un mejor destino.

La urgencia a la que apela Lucía Santa Cruz es la de un gesto reflejo en el pensamiento de derecha: recuperar un tiempo ido, en el que todo era más seguro y familiar. En este caso, el pasado que convoca, pareciera referirse a los años de la Concertación, que ella establece vagamente como continuidad del impulso dado por la dictadura.

Si se tratara de recuperar el proyecto de la Concertación, parece un olvido serio el de ignorar que la derecha fue oposición y obstáculo a dicho proyecto. Si se quiere marcar una continuidad Dictadura-Concertación, se cae en el error de desdeñar el papel de la violencia de Estado en el orden público económico.

El control militar de las variables sociales de la economía figura borrado en la caracterización del modelo. Lo mismo sucede con la apertura internacional. Decir que la dictadura creo las condiciones de la apertura económica es creer que las políticas se bastan de lo que se dice. Como si propósitos declamativos, intenciones incompletas e imágenes en letra chica fueran argumentos suficientes.

La derecha no debe volver al poder porque nunca lo ha dejado. La derecha es el poder y el poder es siempre de derecha, del mismo modo como la socialdemocracia ‘es el Estado’, según la afirmación de Peter Sloterdijk. La derecha no debe volver porque su fracción autoritaria no lo merece, su fracción liberal no se lo ha ganado y sus conservadores navegan en todas las micros que les ofrecen; liberales, tecnocráticas, campestres, autoritarias o conservacionistas.

La derecha, si quiere gobernar, debe deshacerse radicalmente de su fidelidad al régimen de Pinochet. No basta decir que ese período fue una excepción en la trayectoria de la derecha y, menos, que la dictadura no se hubiera producido sin la culpa de la Unidad Popular. Esas son disculpas que no están a la altura de los desafíos de futuro que tenemos.

[cita tipo= «destaque»]Hasta hace poco, la derecha podía definirse como la impulsora de una distancia mayor, marcada por el personalismo, la apelación al ‘liderazgo’ y al autoritarismo. La izquierda, representante de los pobres y de los desplazados, promovía espacios de participación política mayores. Esa diferencia se ha borrado en el lenguaje y en la sociedad.[/cita]

Es importante para la derecha aprender a leer y a mirarse en el espejo. El cuadro de José Piñera, esgrimido en su retorno circense al país y que complace a la derecha tan soberbiamente, es un ejemplo de miopía narcisista. La curva de crecimiento que a J. Piñera le gusta presentar como argumento en favor de la dictadura, encubre, en su golpe de vista, tres detalles.

El primero, es que la línea ascendente de la economía adquiere su tendencia, se consolida y se quiebra hacia lo alto, con los gobiernos de la Concertación, no antes.

Segundo, que el gráfico oculta, en su miniaturización, el hecho de que la economía, durante la dictadura, creció apenas un 0,7% en sus 16 años.

Tercero, que las dos grandes quiebras de la economía, el 75-76 y el 82-83, no tienen precedentes en nuestra historia en cuanto a perseverancia en la mala administración gubernamental. Pinochet tomó la economía en 6,5 y la entregó en 7 puntos, la multiplicó por 1.07, según la escala de J. Piñera. La Concertación la tomó en 7 y la multiplicó más de 3 veces, hasta 23 puntos, a pesar y gracias a su énfasis en la equidad como motor y sostén del crecimiento.

Mal que mal, Chile ha progresado ininterrumpidamente en los últimos treinta años. Este progreso ha sido obra de la gente que ha dado estabilidad y apertura al país a través de la búsqueda de una mayor justicia social. La derecha ha participado poco y mal de ese esfuerzo. Lo ha hecho desde la oposición y ahora, si quiere gobernar y dejar una huella, debe subirse a su manera, pero sinceramente, al carro de una modernidad con justicia.

¿En qué puede consistir el orgullo de ser de derecha?

El aporte de Lucía Santa Cruz está en las preguntas que abre gracias a su reivindicación del orgullo de ser de derecha. Ella pone el dedo en una herida insubsanable. El orgullo y la vergüenza van de la mano en las identidades auténticas. Esta coexistencia de los opuestos es lo propio de los nuevos tiempos. Las versiones unilaterales, impolutas y eternamente inocentes de la propia identidad, no son válidas ni creíbles para ningún tipo de individuo. Las redes hacen imposible esconder las sombras y recortan el alcance de las visiones autocomplacientes. Para rescatar un patrimonio, las viejas identidades deben hacerse cargo del conjunto de la herencia y luego separar lo que van a conservar de lo que van a desechar.

Lucía Santa Cruz en su artículo anota, entre las convicciones de la derecha, el carácter representativo de nuestra democracia. Esta afirmación no resuelve la pregunta por el origen de nuestra democracia y por la lógica de sus transformaciones. ‘Origen’ no se refiere a un pasado del que todo seguiría, sino al principio activo del régimen político. En el caso de nuestra democracia, esos principios que la mueven y la hacen necesaria, se refieren, en primer lugar, a una inclusión amplia de la población en el esfuerzo productivo y, como consecuencia, a la necesidad de su incorporación en el sistema de decisiones políticas. La inclusión productiva y la participación política generan aspiraciones sociales nuevas, junto a un decisivo sistema de arbitraje popular de las diferencias en la elite.

Decir que nuestra democracia es representativa, marca un límite insuficientemente dibujado y un antagonismo que elige la ficción de las democracias asambleístas para hacer valer su diferencia en una caricatura de adversario. La representación describe un terreno de nadie entre la soberanía del monarca y la soberanía del pueblo. Espacio vacío ocupado por grupos sin legitimidad propia, a los que se cede o se delega la autoridad por vía electoral.

En el lenguaje de la representación, entendida como cesión de derechos, se pierde la consecuencia principal del orden democrático: que la igualdad política de los individuos es lo primero y lo último, la fuente de todo derecho y el lugar ante el que debe responder toda responsabilidad. La igualdad de derechos es la institución necesaria para equilibrar los proyectos en conflicto de las distintas fracciones de la elite.

Mirado desde la ciudadanía, se puede entender la solidaridad cívica en la que participan izquierdas y derechas; su común necesidad de mantener al árbitro popular fuera del juego. Esta necesidad compartida es lo que configura la autonomía del sistema político. La tensión que empuja a la autorreferencia del sistema político y que establece campos de diferenciación en la política, referidos a las distancias y a la forma de la cercanía/lejanía entre la gente y la política.

Hasta hace poco, la derecha podía definirse como la impulsora de una distancia mayor, marcada por el personalismo, la apelación al ‘liderazgo’ y al autoritarismo. La izquierda, representante de los pobres y de los desplazados, promovía espacios de participación política mayores. Esa diferencia se ha borrado en el lenguaje y en la sociedad.

Nos separa de la derecha el Estado en la que se cobija. Nos aleja la tolerancia con el traspaso de los límites éticos y legales en los negocios. Nos separa una concepción inclusiva de una visión defensiva y estrecha de la vida, la empresa y de la política. Nos separa la elaboración de un querer en la definición de la vida buena a la que aspiramos. Nos divide la velocidad a la que queremos vivir, el papel de la inercia en nuestras vidas y el tratamiento que debemos dar a los obstáculos que encontramos en la realidad. Definitivamente, y en el muy corto plazo, nos desafía la valentía para emprender caminos políticos audaces, como la reducción y la redefinición del Estado junto a la reducción de los egos atávicos que nos amarran al pasado.

La convergencia que viene y que ha tardado lo suficiente, debe reconocer la necesidad de un Estado que, en vez de cazar fantasmas y ciudadanos, sea producto de una redefinición del bien común basado en valores libertarios y en una ampliación precisa de la democracia hacia la responsabilidad.

Un Estado que crece por agregación, por sedimentación de capas que pierden la vida pero no la actividad y el poder; un Estado enmascarado, que se sustrae a su responsabilidad y que actúa como bandido, resulta insostenible, tanto para la empresa como para los pequeños emprendedores, los asalariados y los ciudadanos.