A una semana del ingreso de la Ley de Presupuesto al Parlamento, nuevamente nos encontramos en un escenario de incertidumbre respecto de qué pasará con los recursos y las condiciones de la gratuidad 2017. Es importante recordar que, en el proceso 2016, el gran damnificado fue la educación técnica superior.
La educación técnica, que corresponde al 42% de quienes estudian en la educación superior, pagó los platos rotos en la discusión de la gratuidad 2016, debido a la negociación política y a la resolución del Tribunal Constitucional. Hoy queremos decirlo fuerte y claro: la educación técnica superior no puede quedar fuera de la política de gratuidad.
[cita tipo=»destaque»]Hemos dicho con fuerza que el lucro no puede existir en educación. Hoy, insistimos en que no deben entregarse recursos públicos a instituciones que lucren. Por esta razón, para incluir a universidades, CFT e IP en la gratuidad, es vital que se apruebe con los ajustes necesarios la ley corta que permite la transformación voluntaria de los CFT e IP en instituciones sin fines de lucro.[/cita]
La gratuidad es perfectible y necesaria: es un importante alivio financiero para miles de estudiantes y sus familias, es un avance en el establecimiento de la educación superior como un derecho y representa un cambio en la lógica de financiamiento de este sistema. Por ello, es inaceptable que casi la mitad de quienes estudian en este nivel –en su mayoría provenientes de los deciles más pobres– no tengan acceso a este beneficio. Es incomprensible que un sector tan importante para el desarrollo del país quede fuera de esta política.
Hemos dicho con fuerza que el lucro no puede existir en educación. Hoy, insistimos en que no deben entregarse recursos públicos a instituciones que lucren. Por esta razón, para incluir a universidades, CFT e IP en la gratuidad, es vital que se apruebe con los ajustes necesarios la ley corta que permite la transformación voluntaria de los CFT e IP en instituciones sin fines de lucro.
La aprobación de esta ley obedece a un bien común. Por lo mismo, no pueden interponerse los intereses corporativos de quienes han lucrado y lucran a través de estas instituciones. Es legítimo que quienes hayan invertido en el sector retiren su inversión inicial. Lamentablemente, así fue el modelo de desarrollo legal durante los últimos 40 años. Sin embargo, otra cosa es legitimar mecanismos que perpetúen el lucro o que compensen la pérdida de este.
En estos días, esperamos que la ley de transformación avance, así como también esperamos que la próxima ley de presupuesto incorpore a CFT e IP en la gratuidad 2016. No podemos permitir que este sector sea nuevamente postergado. Es un imperativo ético terminar con esta histórica discriminación que han sufrido los estudiantes y las IES técnicas el país.
