El punto de partida de la indicación sustitutiva a la nueva ley larga de TVN es otorgar dineros para digitalizar parte de su proceso que hoy es analógico. Esta obligación se le impuso en la ley que permitió la introducción de la televisión digital.
El texto sustitutivo además plantea una gran mejora en la ley vigente, al sugerir agregar una misión pública a la empresa que la diferencia de la industria televisiva de carácter comercial. Incluso, si en el Senado se deteriora la propuesta, va a ser mejor de lo que hay en el día de hoy, porque no tiene obligaciones distintas que las otras televisoras comerciales.
El primer problema estructural se presenta cuando en artículo seguido se permite que la empresa genere personas jurídicas nuevas para “dar cumplimiento” a la misión que se le asigna, relativizando quién es realmente responsable del interés público. El segundo problema de estructura es cómo se dará cumplimiento a la nueva misión, porque solo hacia el final del texto sustitutivo se advierten recursos financieros que permiten la adecuación tecnológica necesaria para la digitalización y para el inicio del canal cultural, pero no asegura financiamiento para la mantención a través del tiempo de una grilla programática de calidad. A todas luces una casa con estructura desdibujada y sin recursos para los cimientos.
Suponiendo que este modelo sea aprobado como lo sugiere el Ejecutivo, significa que la señal de TVN que conocemos en la actualidad seguirá con la misma programación que recibe reparos por parte de las audiencias y solo en la otra frecuencia cultural se verá mayor calidad en los contenidos (mientras dure la inyección de recursos). Entonces surge la válida pregunta: ¿queremos entregar, en un monto indefinido, hasta 70 millones de dólares a TVN para que emita los mismos contenidos que emite hoy, pero con alta calidad de imagen?
Resulta extraño que el Estado le entregue recursos a TVN para instalar una nueva frecuencia que dé cumplimiento a la misión pública pero no asegure recursos para su mantención en el tiempo; porque, cuando el dinero se acabe, TVN quedará en una situación insostenible, con un problema de capital más profundo que el actual, producto de que deberá explotar dos frecuencias y no solo una como en la actualidad.
[cita tipo= «destaque»]Resulta extraño que el Estado le entregue recursos a TVN para instalar una nueva frecuencia que dé cumplimiento a la misión pública pero no asegure recursos para su mantención en el tiempo; porque, cuando el dinero se acabe, TVN quedará en una situación insostenible, con un problema de capital más profundo que el actual, producto de que deberá explotar dos frecuencias y no solo una como en la actualidad.[/cita]
Lo que apremia es que, si a futuro en TVN escasean los recursos, se vuelve un proyecto inviable, con elevados estándares de programación pero sin financiamiento para dar cumplimiento. Entonces, ¿qué pasará cuando no pueda financiar ni una frecuencia ni la otra? La respuesta es casi obvia: se venden.
En sustento de lo expuesto, es necesario advertir que la indicación sustitutiva no considera una situación extraña o anómala de la ley vigente de TVN que permite al directorio, en los artículos 13° y 18°, “enajenar, gravar o arrendar concesiones de servicios televisivos” y “enajenar, gravar o arrendar concesiones de servicios de telecomunicaciones”. Esto significa que el directorio a puertas cerradas puede decidir terminar las transmisiones de interés público y desprenderse de las concesiones.
Sabemos, por los últimos casos de traspaso de concesiones, que un canal de TV de cobertura nacional puede alcanzar un valor fluctuante entre 80 y 140 millones de dólares. Pensando que TVN tiene más infraestructura y mayor penetración geográfica de concesiones, el valor es aún más alto. Existen incentivos personales que potencian las posibilidades de que así ocurra, ya que es usual repartir bonos en esta empresa. Recordemos que bajo la ley antigua y en los últimos estertores de la Dictadura, TVN vendió su frecuencia cultural a Ricardo Claro, dando nacimiento a la televisión Comercial en Chile, en el número 9.
Como consecuencia de un modelo de financiamiento inestable el canal cultural que se introduce llega también desdibujado, sin dar luces sobre cómo se alimentará la parrilla programática. Se ha dicho que se busca imitar el modelo de la BBC de Londres, pero se olvida que este canal se financia con un impuesto específico que en Chile la Constitución impide, por tanto, resulta imposible que sea un modelo inspirador.
Sin mejorar la estructura no es posible entrar en el detalle de las terminaciones. Resulta vano hablar de cómo será el “gobierno corporativo” o de cuántas horas de programación infantil emitirá la nueva frecuencia; esos y varios otros temas quedan en vilo, a la espera de resolver el financiamiento. Así como está la ley, no es posible “proyectar” el canal nuevo, lo único que sabemos es que será en alta definición.
