La comunidad de actores de la educación superior esperó con justificada expectación el envío por parte del Ejecutivo del Proyecto de Ley sobre Educación Superior. Existía la esperanza generalizada de que el periodo de incertidumbre regulatoria vivida en los últimos años se vería despejado tras el envío de la nueva normativa, que trazaría una nueva hoja de ruta para las instituciones públicas y privadas que, en conjunto, entregan una de las más altas tasas de cobertura en educación superior de América Latina.
A pesar de que el proyecto contiene algunos aspectos positivos, como el reconocimiento de la necesidad de cautelar la provisión mixta en la educación superior, el análisis preliminar de su contenido genera importantes incógnitas sobre los mecanismos que se aplicarán para garantizar la existencia de instituciones privadas –en las que hoy estudia la mayoría de los alumnos de la enseñanza superior del país- y las universidades estatales, que piden para sí un tratamiento preferente y especial por el hecho de pertenecer a esa categoría.
No están claros en el texto del proyecto los mecanismos que se utilizarán para lograr que no se produzcan discriminaciones que afecten a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica no estatales. Habría sido deseable que, si el objetivo de la autoridad es legislar para la mayoría de los alumnos, y no sólo para un sector de ellos, se hubieran establecido normas claras que trajeran estabilidad a las instituciones donde esa mayoría estudia, y no se pusiera a éstas en una condición de detrimento respecto a las universidades estatales.
Es de público conocimiento que los alumnos más vulnerables de la educación superior no estudian en las universidades tradicionales, sino en los centros de formación técnica e institutos profesionales, la mayor parte de ellos de carácter privado. Sería injusto e inequitativo que en la Ley de Educación Superior no se reconociera esta realidad y se terminara perjudicando al segmento que mayor ayuda del Estado necesita.
Otro aspecto positivo del Proyecto de Ley de Educación Superior es que sinceró la verdad de que nuestro país no puede darse el lujo de otorgar gratuidad universal como podría hacerlo, por ejemplo, Suecia. Ese país tiene un ingreso per cápita de 50.300 dólares y Chile de 23.000 dólares. Menos de la mitad. Las intenciones ceden paso a la cruda realidad cuando las cifras hablan y, por ello, como país, debemos ser extraordinariamente responsables, para que el sistema en su conjunto mejore, sin destruirse en el intento.
Los recursos deben focalizarse en aquellos sectores más vulnerables y en los formatos educativos en que el país tiene mayores requerimientos de acuerdo a su perfil productivo y de servicios. A este segmento de alumnos se le debe facilitar el camino, emparejar la cancha, abrir las puertas de un mañana mejor. ¿Y a las familias de clase media? Una respuesta para la transición entre hoy y la fecha en que alcancemos el desarrollo puede ser un perfeccionado sistema de becas y créditos a bajo interés, que puedan pagarse cuando los profesionales comiencen a trabajar, con un tope máximo contingente al ingreso. Una fracción importante de las personas no quieren regalos, quieren oportunidades, posibilidades y mecanismos que no transformen los estudios de sus hijos en una pesadilla.
¿Y las instituciones? Se requiere crear un marco regulatorio que garantice calidad y transparencia, pero en un clima de autonomía de los proyectos educativos, en el mismo formato de provisión mixta –pública y privada- fijado por la Presidenta de la República al anunciar la normativa.
[cita tipo=»destaque»]Ningún proyecto que discrimine entre instituciones públicas y privadas, privilegiando a los alumnos de las primeras y castigando al de las segundas, podrá contar con un apoyo mayoritario. Este es el mayor riesgo del proyecto. ¿No sería mejor darse el tiempo para estudiar en profundidad un modelo chileno que mejore toda la educación y que evite destruir a algunos para salvar a otros?[/cita]
Ningún proyecto que discrimine entre instituciones públicas y privadas, privilegiando a los alumnos de las primeras y castigando al de las segundas, podrá contar con un apoyo mayoritario. Este es el mayor riesgo del proyecto. ¿No sería mejor darse el tiempo para estudiar en profundidad un modelo chileno que mejore toda la educación y que evite destruir a algunos para salvar a otros?
Los países en desarrollo necesitan reforzar la educación técnico profesional para afianzar su crecimiento y progreso. En este formato educativo estudian los alumnos más vulnerables. Cuando se estudie con rigor cualquier reforma educativa de nivel superior, los especialistas y expertos llegarán a la conclusión de que esta es la educación que Chile necesita.
Aún es tiempo de corregir y de evitar males mayores. Solo se necesita humildad, sensatez y buena voluntad.
