La reciente designación de un abogado como integrante titular del Segundo Tribunal Ambiental, propuesto por la Presidenta Bachelet al Senado y que fue confirmado con el voto de 23 senadores, marca un hito y abre una gran interrogante sobre el funcionamiento de la institucionalidad ambiental. Particularmente no queda claro qué persigue el Ministerio de Medio Ambiente y los senadores con esta nominación.
El procedimiento para la designación de este juez tardó 18 meses, durante los cuales el Segundo Tribunal Ambiental debió funcionar con un ministro suplente. Lo que imponía una urgencia por nominar a un juez titular, no obstante, el procedimiento político usado para hacerlo no resulta del todo claro y menos trasparente. El ministro recién nombrado deberá llevar la carga de la desconfianza ciudadana, pues es del todo impresentable que el ministro de Medio Ambiente haya sido quien promovía esta nominación, ya que es justamente el representante de esta cartera, un incúmbete en los procesos judiciales que llevan adelante los tribunales ambientales y contra quien en muchas ocasiones deberá dictar sentencia el juez recién nominado. A modo de ejemplo, es lo que ocurrió con la norma anual del MP10, donde el tribunal ambiental le ordeno al Ministerio de Medio Ambiente su reposición y esta cartera presento un recurso ante la Corte Suprema con el propósito de no cumplir la sentencia del tribunal ambiental.
Por ello no se entiende que los parlamentarios hayan aceptado tener una sesión secreta en la que participó el juez nominado, acompañado del Ministro de Medio Ambiente y del fiscal de la cartera. Esto, sin lugar a dudas a ojos de la ciudadanía, enloda la institucionalidad ambiental y la gestión de Pablo Badenier.
Si bien el procedimiento para nominar un juez que integre un Tribunal Ambiental, a primera vista resulta transparente, ya que los postulantes deben sortear varias etapas: primero la selección que hace el Consejo de Alta Dirección Pública, para que luego la Corte Suprema seleccione cinco nombres que envía a la Presidenta de la República, quien -a su vez- selecciona una persona para ser ratificada por el Senado. A lo que se suma que los abogados que postulen a este cargo, deberán ser personas destacadas en la actividad profesional o académica en materias de derecho administrativo o ambiental.
Pero al parecer en esta ocasión este engorroso procedimiento fue burlado y lo que operó fue el ya conocido y desprestigiado cuoteo con el que acostumbra a funcionar la clase política chilena. Ese que tiene más que molestos a los habitantes del país pero que sigue operando como si nada pasara, dejando una vez más en claro que los que toman las decisiones viven en una realidad aparte y que poco les importa el prestigio de las instituciones públicas, y menos aún, dar garantías al común de las personas.
Lo también lamentable de este hecho es que los senadores que aprobaron esta nominación no les importó si el postulante cumplía o no los requisitos, tampoco participar de una sesión secreta, y menos aún el desprestigio en que dejan a la institucionalidad ambiental. ¿Qué dirán o harán estos senadores cuando sean los habitantes de sus territorios los que recurran al Tribunal Ambiental solicitando protección?
Que Chile cuenta con una débil institucionalidad ambiental es algo sabido por aquellos que hemos tenido la oportunidad de lidiar con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o hemos hecho esfuerzos para que desde Medio Ambiente se impulsen políticas, planes o programas que resguarden la naturaleza, el medio ambiente o disminuyan los efectos que ocasiona la contaminación en la población.
Pero el año 2008 se abrió una esperanza, pues en su primer mandato, Bachelet se impuso la tarea de hacer una reforma a la institucionalidad ambiental, una de las 52 recomendaciones ambientales de la OCDE para Chile. Una primera fase de esta reforma fue aprobada en 2010, y con ella se creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Un gran logro, por primera vez desde la promulgación de la ley ambiental en 1994, la institucionalidad ambienta chilena contaba con una nueva arquitectura y una institución pública encargada de la fiscalización. Pero no todo podía ser tan bueno, la entrada en funcionamiento de la Superintendencia de Medio Ambiente quedó supeditada a la creación de los Tribunales Ambientales, los que -si bien- no fueron parte del diseño original de la reforma, formó parte de un acuerdo político entre el gobierno, el Partido Socialista, la UDI, RN y algunos parlamentarios de la DC.
Pero la tramitación de la ley que creó los tribunales ambientales demoro más de lo planificado y se aprobó recién en 2012. Pocos meses después se conformó el Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago y con ello también entró en funcionamiento la Superintendencia. Según lo establecido en la ley N° 20.600, se deben conformar tres tribunales ambientales en el país para acoger las demandas/reclamaciones de las sanciones establecidas por la Superintendencia de Medio Ambiente. Es así, así como solo desde diciembre de 2012 contamos con ente fiscalizador en materia ambiental. Sin embargo, la conformación de estos tribunales ha tenido un lento y en algunos casos confuso proceso de conformación, como el que acaba de culminar.
Luego, un año después, en diciembre de 2013, comenzó a funcionar el Tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia y desde entonces estos dos tribunales ambientales han estado recibiendo demandas. No obstante, y pese a los concursos públicos, el Gobierno no ha podido conformar el Primer Tribunal Ambiental que debe tener asiento en Antofagasta, debido a que los postulantes presentan evidentes conflictos de interés para ejercer el cargo. Cabe preguntarse si para seguir desprestigiando la institucionalidad ambiental, la conformación de este tribunal ¿también será negociado y cuoteado políticamente?
[cita tipo=»destaque»] No se entiende, que siendo la Presidenta Bachelet quien impulsó la reforma, sea ella misma -o mejor dicho- su ministro de Medio Ambiente el encargado de poner un manto de dudas y desconfianza en esta institución pública. Desde ahora, los habitantes sin privilegios podemos estar intranquilos, la confianza creada en estos tres años de funcionamiento de la Superintendencia de Medio Ambiente y los tribunales ambientales, se ha roto.[/cita]
Hasta ahora el funcionamiento de los tribunales ha marcado una diferencia, existe un antes y un después, antes que existieran la Superintendencia y los tribunales ambientales no había posibilidad real de fiscalizar y levantar un proceso sancionatorio, ni jueces capacitados para llevar causas complejas, lo que imponía una dificultad mayor a quienes sufrían las consecuencias de los malos comportamientos de las empresas. Podemos señalar que aún falta y que las cosas no son como quisiéramos, pero sin duda, la fiscalización y sanción se ha incrementado y la ciudadanía tiene donde recurrir.
Por ello no se entiende, que siendo la Presidenta Bachelet quien impulsó la reforma, sea ella misma -o mejor dicho- su ministro de Medio Ambiente el encargado de poner un manto de dudas y desconfianza en esta institución pública. Desde ahora, los habitantes sin privilegios podemos estar intranquilos, la confianza creada en estos tres años de funcionamiento de la Superintendencia de Medio Ambiente y los tribunales ambientales, se ha roto.
