La “solución amistosa” alcanzada el día sábado 11 de junio entre el Gobierno de Chile, el Movilh y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no puede ser calificado sino como una farsa. Entiendo perfectamente bien la gravedad de la afirmación anterior, pero no puede caber duda de que esto es lo que ha ocurrido.
En el sistema interamericano, aceptar una solución amistosa como la de este caso implica reconocer que Chile ha violado los derechos humanos y que, por tanto, busca llegar a un acuerdo que respete los mismos. El problema radica en que aquí no ha existido violación y no es posible concluir, contra el derecho vigente, que Chile incurre en responsabilidad por no reformar la institución matrimonial.
Quiero concentrarme en esta oportunidad en realizar una crítica institucional a este actuar corrupto, que debiera preocupar por igual a todos quienes valoran el Estado de derecho, estén o no con la agenda de fondo que promueven los grupos de presión de este caso.
El Gobierno burdamente intenta generar la apariencia de una obligación internacional para forzar su agenda ideológica en esta materia. Para lograrlo se ha coludido con la Comisión, cuyos actuales comisionados comparten sus inclinaciones y preferencias sobre este asunto, aún a costa de torcer el derecho, que –como explico– no admite la obligación de reformar el matrimonio.
Es inentendible que gastemos millones de dólares para defender la soberanía territorial del Estado –como se ha hecho en los conflictos con Perú y Bolivia– y, sin embargo, no se haga ni el más mínimo esfuerzo por defender una expresión esencial de la soberanía nacional, como lo es el prescribir el propio derecho.
En efecto, ¿de qué nos sirve ganar o perder metros de tierra en La Haya, si al mismo tiempo regalamos el poder de gobernarnos como pueblo sin que nos intervengan 7 extranjeros desde Washington DC?
Y así, cuando lo que está en juego es decidir nuestras propias leyes, no se contrata a un James Crawford; no se forma un equipo transversal en la Cancillería; ni siquiera se intenta argumentar que se actuó conforme a derecho, en circunstancias de que existen claras razones jurídicas para defender esta posición. Puro arbitrio del Gobierno de turno.
En efecto, la Corte Europea de Derechos Humanos volvió a reiterar por enésima vez –en el caso Chapin y Charpentier con Francia– que no hay violación del derecho a la no discriminación, a la vida privada y a contraer matrimonio por parte de un Estado que opta por mantener la conformación histórica de la institución.
No existe argumento alguno ni en el derecho de los tratados ni en la costumbre internacional que permita concluir lo contrario. Por lo mismo, en este caso no había absolutamente nada que negociar. El Estado debió de mantenerse firme en la posición de que no se viola en Chile derecho humano alguno por esta causa y esperar un pronunciamiento de fondo de la Comisión y eventual demanda ante la Corte, la que no encontrará fundamento para pronunciarse contra el Estado.
Que el Gobierno se niegue, en cambio, a defender una expresión de la soberanía como lo es la definición del matrimonio entre un hombre y una mujer consagrada en nuestro derecho, es constitutivo de una traición al deber de todos los chilenos de defender la soberanía nacional –como lo exige el artículo 22 de la Constitución– y un actuar abiertamente contrario a la Constitución.
[cita tipo=»destaque»]O el Estado presentó a los peores negociadores del mundo ante la Comisión o, simplemente, se trata de la más descarada maniobra para hacer pasar como un acuerdo internacional lo que a todas luces es un “arreglín” del Gobierno para enchufar la agenda de –qué duda cabe a estas alturas– uno de los grupos de presión más poderosos de Chile.[/cita]
El Gobierno de Chile no tiene la potestad jurídica de determinar si ha existido o no una violación de derechos humanos, pues esa determinación les cabe exclusivamente a los tribunales de justicia, y les está expresamente vedado a los demás poderes revisar el fundamento o contenido de sus fallos, conforme al artículo 76 de la Constitución.
Que el Gobierno desconozca las decisiones del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, buscando comprometer al Estado en el plano internacional en abierta contradicción a las decisiones con cosa juzgada, es una flagrante e inaceptable violación a la Constitución.
En efecto, la cuestión de la constitucionalidad y coherencia con los tratados de derechos humanos de la definición del matrimonio ha sido revisada en al menos una decena de ocasiones por los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional y, en todos los casos, se ha reafirmado que no existe obligación de modificar el matrimonio; y que si alguna fuerza política pretende que esto cambie, el lugar apropiado para dicha propuesta es la Legislatura.
El Ejecutivo no puede desconocer estas conclusiones y, rompiendo el actuar unitario del Estado, afirmar todo lo contrario ante la Comisión Interamericana.
Finalmente, el contenido específico del acuerdo que ahora se conoce hace aún más evidente que el Gobierno ha obrado dolosamente, entregando el oro y el moro en circunstancias de que no existe violación de derechos humanos. El mismo Rolando Jiménez se jacta de que el acuerdo incluye “la totalidad de las demandas legislativas y de políticas públicas” de su grupo de presión.
Recordemos que esta denuncia se interpuso por el hecho de que no hay matrimonio homosexual en nuestro país, lo que a su juicio era una presunta violación de derechos. Y sin embargo, el Gobierno no solo “negoció” presentar una propuesta de reforma al matrimonio, sino que además comprometió, entre otros, una reforma a la ley 20.609 que tiene apenas 4 años de vigencia y que fue fruto de uno de los más extensos debates legislativos de la historia reciente; establecer la adopción como derecho a las parejas del mismo sexo y acceso pagado a fertilización asistida; y la aprobación de una nefasta ley “de reconocimiento y protección al derecho a la identidad de género” que se encuentra en el Senado, nada de lo cual tenía conexión alguna con la denuncia conocida por la Comisión.
Dicho de otra forma, ninguna de estas iniciativas estaba encima de la mesa de negociación en virtud de la denuncia y fue el mismo Gobierno el que aceptó sin chistar ponerlos en juego.
O el Estado presentó a los peores negociadores del mundo ante la Comisión o, simplemente, se trata de la más descarada maniobra para hacer pasar como un acuerdo internacional lo que a todas luces es un “arreglín” del Gobierno para enchufar la agenda de –qué duda cabe a estas alturas– uno de los grupos de presión más poderosos de Chile.
Que nadie se engañe. Los términos de este acuerdo espurio pueden ser queridos por el Gobierno, pero de ninguna forma obligan al Estado a aprobar estas iniciativas, ni menos obligan a los legisladores a prestar su voto favorable. Todo ello sigue encontrándose dentro del plano de lo que debe ser legislado por el Congreso, que se reserva el derecho de rechazarlos. Y Chile no puede ser responsabilizado internacionalmente por no adoptar estas propuestas de ley.
No tengo ninguna duda de que el Gobierno tratará de engañar a la población sosteniendo que esta es una obligación a cumplir y amenazará a los legisladores con lo mismo. Pero lo que ha hecho en este caso es una abierta traición a nuestra soberanía nacional, y violencia contra la institucionalidad.
