¿Qué tiene que ver el conflicto de Los Lagos y la Constitución? Cuando hablamos de ambos, estamos hablando de cómo es el Estado de Chile más allá de sus gobiernos. También estamos hablando de soberanía.
Cuando se habla de soberanía del Estado de Chile, probablemente se nos vengan a la cabeza los problemas fronterizos en el Norte Grande, imaginemos de inmediato a un presidente peruano o boliviano, y noticias desde los tribunales de La Haya.
Las ideas dominantes sobre esa soberanía “externa” son útiles para entender la diferencia entre políticas de Estado y de determinados gobiernos. Es un actuar similar, sin importar el color político. Transversalmente, los actores políticos prefieren no debatir al respecto y apoyan estas políticas de Estado. Una característica de nuestra soberanía externa es que no es letra muerta en la Constitución: es poder vivo. Permanentemente las élites renuevan una y otra vez su apoyo.
Lo mismo ocurre con la “soberanía interna”. Desde que Thomas Hobbes escribió el Leviathan en el siglo XVII, políticos, economistas y abogados han imaginado la legitimidad la soberanía del Estado basada en un “contrato” hipotético, que implica que todos los ciudadanos le entregamos el monopolio sobre el uso de la fuerza al Estado, para que así nos proteja de agresiones, de manera de contar con las certezas que provee el orden. De hecho, se supone que la Constitución es ese contrato.
Pues bien, Hobbes le gusta a los economistas porque su idea del Estado permite que exista el derecho de propiedad y, por lo tanto, el intercambio económico. La mano invisible del mercado planteada por Adam Smith un siglo más tarde, implica que los recursos van a usarse de la mejor forma sobre la base de cada persona buscando sus intereses y realizando transacciones con otros.
Ese intercambio, el mercado, no sería posible sin la soberanía del Estado imaginada por Hobbes. Por lo tanto, el monopolio de la fuerza por parte del Estado va de la mano con la idea de que en orden habrá desarrollo económico. Este par de ideas, esenciales al entendimiento clásico de la soberanía del Estado, han sido la base para cómo las élites han entendido y forjado el Estado de Chile.
Al igual que en la política exterior, los gobiernos en Chile actúan de una misma manera ante distintos conflictos territoriales en regiones. Se trata de una política de Estado. La diferencia es que en la primera son voceros los ministros de Relaciones Exteriores, y en la segunda los ministros del Interior. Recordemos que la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la institución que regula y distribuye dinero en relación al funcionamiento de las regiones, está alojada en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. ¿En qué consiste esta actuación? En asumir que el desarrollo regional se maneja con violencia e inversión: las herramientas fundamentales para forjar la soberanía interna en Chile.
Ejemplos: mientras se intensifica más y más la presencia de policía militarizada en La Araucanía, también se intensifica el discurso de que el problema es que la región es más pobre que el resto del país, y los mapuche más pobres que el resto de los chilenos. Cuando se cambió al intendente, el nuevo funcionario designado por la Presidenta lo dijo claro: no es un problema político sino de orden público, desarrollo económico y pobreza. La Moneda envía más carabineros, transforma escuelas en cuarteles y subsidia a las empresas forestales.
Claro, pues en realidad el desorden en La Araucanía es porque hay demasiada pobreza, que causa desorden. La pobreza se elimina con empleo, el empleo lo produce la actividad económica y la actividad económica requiere inversión. ¿Qué actividad parece fácil para atraer fácilmente inversionistas? Protejamos la inversión forestal.
[cita tipo= «destaque»]Tristemente, parece no haber cuestionamiento a la Política de Estado sobre las regiones. Está naturalizado en todos los colores políticos y generaciones de viejos o jóvenes, y está naturalizado incluso entre los protestantes de Aysén o Chiloe. Difícilmente la demanda será “queremos poder, con recursos fiscales y decisión política, sobre el desarrollo de nuestra Isla o nuestra región”. Seguiremos sorprendiéndonos e indignándonos una vez tras otra con la represión policial cuando surgen estos conflictos, como quien le pide peras al olmo.[/cita]
En esta política de Estado, la policía es el instrumento de corto plazo, y la inversión de largo plazo, porque siempre es más difícil. Partamos por la inversión. En Aysén, por eso causó y sigue causando problemas Hidroaysén, porque la política de Estado había sido siempre dar la bienvenida a la inversión. ¿Cómo se ha ejercido este tipo de soberanía? La primera imagen icónica fue la del presidente de turno y las hermanas Quintremán, cuando ellas eran un obstáculo para implementar la hidroeléctrica en Ralco. En Calama, cuidado con generar mayor royalty o más impuestos, o generar más exigencias ambientales, porque podría ahuyentar la inversión. En Freirina, una planta de procesamiento de alimentos es el tipo de cosas que se necesitan para que Chile sea potencia agroalimentaria. En Los Lagos, la industria Salmonera es inversión para exactamente la misma visión-país. La Política de Estado incluye la bienvenida a la inversión en industrias extractivas de bajo riesgo económico.
Veamos ahora la fuerza policial. Lo que está pasando en la Región de los Lagos es el mejor ejemplo. Ha sido inevitable la comparación con las protestas de Aysén, el 2012. Esos días, hace cuatro años, las noticias de refuerzos de Fuerzas Especiales de camino a la región fueron seguidas después por la de los aiseninos primero resistiendo a los carros blindados en el Puente Presidente Ibáñez, y luego Carabineros disparando hacia las casas y haciendo perder la vista a algunos protestantes. Hoy todo es tragicómicamente igual. No importa si gobierna Piñera o Bachelet, o si el ministro del Interior es Burgos o Hinzpeter. No importan los matices entre izquierdas y derechas. La forma de enfrentar el problema obedece a una política de Estado.
El historiador José Bengoa afirma que el origen de esta política se remonta a las últimas décadas del siglo XIX. Según Bengoa, las mismas armas de la Guerra del Pacífico se usaron para la “pacificación” de La Araucanía, solo que se pasó el comando del Ministerio de Guerra al Ministerio del Interior. En el Norte, la violencia permitió la soberanía, y esta trajo inversión en la industria salitrera y luego del cobre. En el Sur, con todo el territorio al Norte del Bío Bío ya explotado por las haciendas, la violencia abrió regiones enteras para realizar actividad agrícola y forestal.
En ambos casos, la violencia abrió camino al progreso, entendido como desarrollo económico fuertemente oligopólico. Esteban Valenzuela describe cómo una fase previa de esta política fue la represión militar desde Santiago para silenciar las capitales regionales, en la mitad del siglo XIX. Agrega que con el Partido Radical, surgido en Copiapó, se inauguró también la base política de la mantención de esta forma de soberanía del Estado, que es la cooptación de los liderazgos políticos regionales por parte de la elite Santiaguina y criolla.
Tal vez el mejor ejemplo de esto último es el caso de Iván Fuentes. Entre los conflictos de Aysén el 2012 y el de Chiloé el 2016, la mayor diferencia política es un dirigente de pescadores, de una zona cercana, electo diputado. A diferencia de la voz que han logrado levantar algunos ex dirigentes estudiantiles en temas como la reforma laboral, los sueldos de los parlamentarios, la educación y el control de identidad, ni los pescadores ni el sur parecen tener un gramo de poder o voz adicional respecto al 2012, gracias a que Iván Fuentes esté en el Parlamento.
¿Qué tiene que ver todo esto con la Constitución Política del Estado de Chile? La discusión sobre la Constitución es completamente vacía si no entendemos los poderes que deben redistribuirse, y si no hay fuerza social y política organizada para sostener el cambio constitucional en la dirección necesaria. La nueva izquierda que ha emergido de las movilizaciones sociales, por ejemplo, parte de la cual ingresó al Parlamento, suele centrarse en el diagnóstico de que el problema de Chile es la Constitución Neoliberal.
Por supuesto que lo es. Pero no es la única dimensión donde el balance de poder debe cambiar. El Estado de Chile no es solo elitista, autoritario, extractivista, clasista y racista. También es un Estado centralista, Santiaguino, que despliega mecanismos de represión directa para hacer sostenible el orden neoliberal a lo largo de su territorio.
Todos estos problemas tienen que ver con la dimensión regional. El extractivismo pasa fundamentalmente en las regiones, los territorios indígenas tienen obviamente una especificidad que no puede cambiar. Los ejemplos de la Política de Estado en materia de los conflictos regionales muestran cómo el extractivismo y la violencia ejercida por el Estado van de la mano en una misma visión de soberanía. La izquierda se marea cuando se habla de regionalismo: piensan que se ponen la camiseta del internacionalismo de Marx y su oposición a todo nacionalismo identitario, pero lo que hacen es ser un peón más en el juego del sacrosanto Estado unitario.
Tristemente, parece no haber cuestionamiento a la Política de Estado sobre las regiones. Está naturalizado en todos los colores políticos y generaciones de viejos o jóvenes, y está naturalizado incluso entre los protestantes de Aysén o Chiloe. Difícilmente la demanda será “queremos poder, con recursos fiscales y decisión política, sobre el desarrollo de nuestra Isla o nuestra región”. Seguiremos sorprendiéndonos e indignándonos una vez tras otra con la represión policial cuando surgen estos conflictos, como quien le pide peras al olmo.
Y seguiremos seguramente debatiendo cuál es la mejor razón para justificar dar o negar un bono, como si el hecho de que un ministro de Hacienda en Santiago tenga que resolver un problema de sostenibilidad en una isla en el sur fuera lo más normal del mundo.
