Señor Director:
El último desborde del Rio Mapocho y el bochornoso episodio del puente Cau Cau, por nombrar algunos de los más llamativos acontecimientos del reciente quehacer nacional, han suscitado varias e innumerables discusiones de carácter urbano e institucional. Sin embargo, vale la pena detenerse y reflexionar sobre una en específico: la privatización, concesión y/o licitación de los bienes comunes y estratégicos de una ciudad.
Es verdad que Luksic no es responsable de que llueva en Santiago, pero sí –independiente del volumen de su inversión-, de cómo se maneja la cuenca del Río Maipo; así como Costanera Norte lo es del desvío en el curso del Mapocho; Aguas Andinas de proveer el servicio y calcular adecuadamente las inversiones necesarias por las cuales se nos cobra sin piedad en la cuenta a fin de mes. O el gobierno –cualquiera que sea-, de haber previsto y asegurado la construcción adecuada, eficiente y pertinente de un puente que hoy hace lamentar la pérdida de millones de dólares.
Dos problemáticas a plantear respecto a esto. Primero, delegar en privados la gestión y/o inversión en infraestructura crítica de la ciudad no asegura ni su eficiencia ni su eficacia. Quedó demostrado el pasado domingo 17 de abril con la inundación de Providencia, episodio que al igual que los otros, abre el debate sobre la pertinencia de estas concesiones no solo por las dificultades de regulación de las mismas, sino por la naturaleza del bien estratégico del que están a cargo. Hay consenso en que el sistema privado y las concesiones son eficientes para algunos mercados, pero para temas de largo plazo y tan estratégicos como los de ciudad, no. Por ejemplo, Costanera Norte piensa y diseña su infraestructura a 20 años plazo, lo que dura su concesión y su contrato, ¿pero es eficiente pensar la ciudad a 20 años plazo?
Segundo, y más estructural. Llegó el momento de integrar de manera concreta en la planificación urbana y de infraestructura -concesionada o no-, los datos actualizados de los trastornos y fenómenos que implican las variaciones de temperatura que está experimentando el planeta, es decir, el consabido cambio climático. Esto nos obliga a pensar de una vez por todas el territorio y su geografía como un fenómeno en transformación sustantiva, por lo tanto, sí o sí, se deben incorporar en cualquier planificación los indicadores y observaciones históricas sobre el comportamiento de nuestro medio ambiente, más aún considerando que los actuales acontecimientos superan por amplio margen los mecanismos de anticipación e institucionalidad que se tienen, y que contemplan solo una fracción de esos datos. Si la geografía se mueve es pertinente que lo hagan también las instituciones en la dirección correcta, que garanticen el bien común.
Dicho de forma directa. ¿Puede concesionarse la administración, gestión o inversión en bienes públicos estratégicos que serán claves para nuestra sobrevivencia? ¿En quién recae la responsabilidad cuando estos fallan?, y cuando fallan, ¿se verá comprometida nuestra seguridad personal o colectiva? Los tiempos en la toma de decisiones de los privados –acotados y cortoplacisistas- no coinciden con los de la ciudad, menos aún cuando se trata de bienes comunes de carácter clave como los ríos y sus bordes, o la infraestructura vial. El cambio climático está aquí, debemos incorporar esta variable en la planificación, ante todo debe hacerlo la institucionalidad para que no se transforme nuestra ciudad en una tragedia de los comunes.
Isabel Serra B.
Arquitecta e investigadora
Laboratorio Ciudad y Territorio UDP
