La agenda anticorrupción con tarjeta amarilla

Hace un año el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción entregó su Informe Final a La Moneda. Cuarenta y cinco días después que la Presidenta Michelle Bachelet, en el discurso que lo creó, señalara que se daba un “paso histórico”, motivado por hechos “de los negocios o de la política, así como de la relación entre ellos”, que han provocado “una fundada preocupación y sobre todo malestar en la ciudadanía”. Eran palabras elípticas para una cruda realidad de corrupción y crisis ética a nivel del poder político nacional.

Sin intentar contradecir la opinión gubernamental, no existe evidencia clara de que la creación del Consejo Asesor Presidencial fue un paso histórico. Reviste más bien el carácter de un imperativo político, debido al escenario de los financiamientos ilegales de campañas y candidatos, y al tráfico de influencias que desde hace un par de años ha tocado transversalmente a toda la clase política. Adicionalmente, es una cierta continuidad de esfuerzos similares, aunque menos dramáticos, como la Comisión Nacional de Ética Pública de 1994 o el Grupo de Trabajo sobre Probidad y Transparencia de 2006, a los que explícitamente se hace referencia en la introducción del Informe.

Pese a lo positivo de la iniciativa y de sus aceptables resultados iniciales, un año después de iniciado el proceso no se percibe la fortaleza y la voluntad que tuvo al comienzo. Las razones son múltiples. Van desde la maraña de iniciativas administrativas y legislativas, difíciles de seguir y compatibilizar de manera coherente, hasta el ambiente de desconfianza generado por casos que las nuevas leyes deben solucionar pero aún se ventilan en tribunales y que en el Congreso pueden ser votadas por algunos de los implicados.

De una manera casi desaprensiva, la clase política pasa por alto el hecho de que existe una mirada reticente por parte de la ciudadanía hacia su febril actividad parlamentaria y gubernamental con iniciativas anticorrupción y pro probidad, mientras permanecen sin explicación o sanción casos que conmocionan a la ciudadanía. La percepción de que esta clase política vive al margen de la realidad, inventa su propia ética y estética en el uso del poder, y crea realidades exculpatorias de sus propias acciones, es más profunda de lo que se podría pensar.

El reciente funeral de Estado brindado a Patricio Aylwin puso de manifiesto la distancia ética y de servicio público entre el homenajeado y la mayoría del cortejo y de quienes pronunciaron los discursos.

Es casi por estas últimas razones, más que por la complejidad y volumen de la tarea anticorrupción, que queda la impresión de que el camino de la probidad vuelve a enlentecerse en la vida pública nacional.

En Prevención de la Corrupción, uno de los cinco temas centrales fijados por el Consejo Asesor, uno de los aspectos más atrasados es el de las iniciativas a nivel municipal. Discursivamente se insiste mucho acerca de la importancia de los gobiernos municipales como la base de la democracia y del vínculo cercano con la gente. Sin embargo, para nadie es un secreto que los municipios aparecen como uno de los principales –si no el mayor– focos de corrupción política: desde los permisos de construcción hasta la recolección de basura, la salud o la vialidad local.

De las 26 propuestas generadas para enfrentar la corrupción en ese campo, según el Observatorio Anticorrupción de la Fundación Ciudadano Inteligente, 21 de ellas no han experimentado progreso alguno, 3 se encuentran incompletas y solo 2 se han implementado: una referida a un curso sobre probidad para los funcionarios impartido por la Contraloría General de la República y que no incide en su calificación para el empleo, y otra relativa a la declaración de patrimonio e intereses de los altos funcionarios municipales.

[cita tipo= «destaque»]Lo más importante es que en materia de opinión política crece la sensación de que vamos derecho a un ciclo recesivo en lo económico y de anomia institucional en lo político. Que, por el momento, las infracciones corruptoras de la democracia no traerán consecuencias penales para nadie, que los partidos políticos pueden oponerse a la transparencia democrática y controlar los procesos electorales.[/cita]

En materia de compras públicas, otro aspecto crítico en la prevención de la corrupción, solo se han cumplido 4 de 25 iniciativas identificadas, todas ellas referidas a temas menores, como pago oportuno de proveedores, denuncias cautelando la identidad del denunciante o uso fundamentado del trato directo. En todo todo lo referido a Concesiones o Gastos en Defensa, ambos temas en punto crítico, no existen avances.

Donde sí ha avanzado la agenda de manera importante es en materia de democracia interna de los partidos y financiamiento público de la actividad política. Sin embargo, y al margen de la calidad real de las políticas aprobadas o disponibles de inmediato, queda la sensación de que el ensimismamiento de la clase política la hace verse a sí misma como el centro de la realidad y primer sujeto de la historia nacional. Y a los procedimientos de la política, principalmente el financiamiento de los procesos electorales y de los partidos, como la reproducción vital de la nación. Por eso le brindan más atención a algo que los viste de probidad en una era de escasez.

Pero, economía, productividad, innovación, medidas urgentes para velar por la probidad en el sector privado, no se aprecian como parte principal de la agenda desde la perspectiva del impulso gubernamental.

Ahora, con las nuevas normas, los partidos deberán realizar cada tres años elecciones internas que podrán ser supervisadas por el Servel y, para acceder al financiamiento público, ellos deberán –en un plazo de 12 meses– reinscribir a sus militantes para consolidar un nuevo padrón electoral confiable.

Es indudable que el control del padrón de militantes ha sido hasta ahora el principal instrumento usado por las burocracias internas para timar a sus propios militantes y controlar la organización. La presencia del Servel podría finalmente poner coto a esta práctica, siempre que se asegure información oportuna y se certifique el padrón de militantes que se usará en la elección.

Sin embargo, pese a que aparentemente se simplificaron los requisitos para la constitución de partidos, la mantención de tal carácter contiene una serie de barreras que solo favorecen a las fuerzas ya constituidas y dificultan la vida a los nuevos competidores.

Pero lo más importante es que en materia de opinión política crece la sensación de que vamos derecho a un ciclo recesivo en lo económico y de anomia institucional en lo político. Que, por el momento, las infracciones corruptoras de la democracia no traerán consecuencias penales para nadie, que los partidos políticos pueden oponerse a la transparencia democrática y controlar los procesos electorales. Ninguna de las normas aprobadas hasta ahora garantiza que ello no será así. Como tampoco alientan a que tengamos mayor confianza en los mercados.