Hace pocos días, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, anunció que el Gobierno comenzará a demandar a los padres cuyos hijos menores de edad sean condenados por dañar bienes de uso públicos.
A primera vista, la medida parece razonable: está fuera de duda que los padres son los primeros educadores de sus hijos. Por lo mismo –y este es el razonamiento del Gobierno– debieran responder por los desmanes que provoquen estos.
Además, es precisamente la relación de los padres con sus hijos lo que convierte a la familia en el núcleo fundamental de la sociedad. No existe otra institución donde los ciudadanos aprenden las costumbres sociales básicas y adquieren las virtudes morales y cívicas necesarias para el crecimiento tanto personal como social.
Hasta aquí, la medida no presenta ningún reparo, y es probable que los tribunales acojan las demandas de responsabilidad civil que para estos efectos se presenten.
Sin embargo, hay un asunto más de fondo que se debe analizar, y que dice relación con el enfoque que el Estado ha adoptado a la hora de legislar en materias de familia.
En efecto, la labor del Estado en esta materia no es inocua: las leyes y las políticas públicas son un importante factor cultural, y su incidencia en la educación de la sociedad no es menor.
Por lo mismo, si el Estado quiere responsabilizar a los padres por los hechos de sus hijos, lo mínimo que debe hacer es abstenerse de debilitar la familia y la relación de los padres con sus hijos. Sin embargo, un breve repaso de la legislación aprobada durante el último tiempo, y de los proyectos de ley que actualmente impulsa el Gobierno en distintos ámbitos, deja entrever cuestiones contradictorias.
[cita tipo=»destaque»]Es a lo menos paradójico que el Estado pretenda responsabilizar a los padres por incumplir una labor que él mismo se ha encargado de debilitar y que, en gran medida, lo ha conseguido.[/cita]
Por lo pronto, la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil (AUC) es una muestra más que evidente del desinterés del Estado por resguardar el vínculo familiar, al promover un compromiso esencialmente endeble, que no asegura ni la estabilidad familiar ni la promesa de los padres (hombre y mujer) con la educación de sus hijos.
Por otro lado, existe una serie de iniciativas legales, como el proyecto de aborto, de identidad género o de garantías de los derechos de la niñez, que debilitan el derecho de los padres a educar a sus hijos, al permitir que estos tomen una serie de decisiones esenciales para su vida (como la de cambiarse el sexo y nombre registral por una percepción personal, o la de dar muerte a su hijo en gestación), sin consultarles a sus padres o meramente notificándolos y, en algunos casos, incluso en contra de su opinión.
Puede que, desde el punto de vista jurídico, la medida tenga sustento. Efectivamente el artículo 2320 del Código Civil permite responsabilizar a los padres por los hechos de sus hijos menores que habiten en la misma casa. Pero es a lo menos paradójico que el Estado pretenda responsabilizar a los padres por incumplir una labor que él mismo se ha encargado de debilitar y que, en gran medida, lo ha conseguido.
Como decía Lewis: castramos, y esperamos fertilidad.
