La oratoria de la Nueva Mayoría resulta una flácida representación kafkiana de la política, y fastidiosa sobre todo a la hora de establecer estigmas ideológicos, imputar e impugnar responsabilidades históricas –siempre externalizadas en un “tercero macabro”, llámese globalización, mundialización, “enemigo interno”, indoctrinamiento, estratagemas y teorías del complot et al.– y perder de vista las coordenadas de larga duración que inciden en los procesos históricos. Aquí se echa de menos una perspectiva más estructural, más diacrónica, menos enlodada por la inmediatez de las urgencias contingenciales.
En esta perspectiva es un lugar común afirmar –con tono sacrosanto– que la desregulación socioeconómica de 1976 fue el hito que permitió ipso facto el advenimiento de la “sociedad de consumo” y que ello coadyuvó al forzado tránsito del espacio público/estatal a una burocracia privada –arquetípica de nuestra modernización postestatal que es parte de la técne moderna–.
Dicho grosso modo, en nuestra región tuvo lugar un viraje de las clases medias decimonónicas –apegadas al mérito, la mesocracia y la reforma desarrollista en América Latina– a “grupos” medios de malestares difusos, de elecciones oscilantes, y que representan un enigma a la hora de una definición normativa.
A pesar de los conocidos sucesos acaecidos en los años 70, de sus controversiales efectos, de las fracturas que hasta hoy se hacen sentir en nuestra cotidianidad, existe un acuerdo inquebrantable en el campo de la izquierda en torno al origen “setentero” de la “sociedad de consumo” –y sus efectos– que tiende a desconocer un “vacío” histórico del programa mesocrático (las clases medias…), por cuanto tal consenso no logra identificar que la estatización del espacio público (“criollo”), sumado al déficit de sociedad civil –dadas las peculiaridades de una secularización sin elite modernizante–, facilitaron la instauración de una modernización postestatal.
Se trata de un factor que antecede a las transformaciones estructurales de los años 70 y que jugó en favor de la actual matriz de bienes y servicios. Ello amerita analizar críticamente el diseño de inclusión de la esfera pública no estatal en la sociedad chilena, a saber, analizar “lo público” como un ámbito de sociabilidad, deliberación y “formas de afiliación” que en el caso chileno –he aquí un problema mayor– no logran trascender las fronteras estatuidas por el soberano estatal. No se trata de obviar el problema apelando al tiempo histórico, ¿historicismo?, para concluir con la exclamación ¡el desarrollismo hizo lo que pudo!, sino de representar los vacíos institucionales de un nuevo “arreglo social”.
[cita tipo=»destaque»]A propósito del inusitado ciclo de protesta social que ha experimentado la sociedad chilena, más allá de la evidencia empírica, en Chile no predomina un proyecto genuino por modificar las bases estructurales de la modernización de turno –malestares mediantes– y restituir un marco regulatorio general. De otro modo, somos testigos de una “reivindicación por eficacia” que busca optimizar la gestión, la rentabilidad y transparentar el modelo mercado-educación (intereses particulares vehiculizados colectivamente). Llevado al extremo de un eslogan, este es el dilema más trascendental que enfrenta la sociedad chilena: ciudadanía pendiente o república del consumo.[/cita]
Sin perjuicio de admitir la vocación inclusiva del Estado chileno en el período 1938-1973, es posible persistir en una argumentación alternativa para comprender la “veloz” penetración cultural de la modernización en las últimas tres décadas, atendiendo al déficit de la sociabilidad no estatal como un factor crucial que facilitó el “boom” liberalizante de los años 80 (el celebrado “milagro chileno”).
Ello nos permite sopesar de modo más preciso la vertiginosa reconfiguración de los sectores medios en Chile, a saber, la mutación de un sector social originariamente “apiñado” en la burocracia estatal, en la empleomanía del aparato productivo y la correa de los servicios sociales, cuya relación –décadas más tarde– se ha revelado como un vínculo clientelar o contractualista una vez que tuvo lugar la reducción del Estado.
Lo anterior viene a confirmar la sociogénesis de los segmentos medios en el marco de la modernización desarrollista (1950-1970) como un subproducto de la expansión estatal. La desafiliación de las “capas medias” del Estado durante los años 70, el declive forzado del asalariado público como efecto de la desindustrialización, y los procesos de tercerización de la economía, a poco andar revelan la constitución difusa de nuestros grupos medios. Una vez que tiene lugar la modernización postestatal, la masificación de una “nueva mesocracia” hace evidente un patrón compulsivo hacia el consumo suntuario, la integración sociosimbólica y la escenificación pública reivindicando al mercado como nueva matriz de acceso simbólico hacia el año 1981.
Eugenio Tironi afirmaba hace tres décadas: “En un sentido ascendente, su fracción independiente [capas medias independientes]; [y] en un sentido descendente su fracción asalariada –estatal– (….) por otra parte se transforman las propias pautas de prestigio social, alcanzando el consumo de bienes durables modernos una preeminencia mucho mayor que en el pasado en la conformación de estatus. En este sentido, el crédito al consumo tendió a reemplazar al empleo y gasto fiscales como vehículos de movilidad social, al menos en su forma simbólica más visible” (SUR, 1985).
Cabe subrayar que la insospechada “fetichización del consumo” en el nuevo orden social representa un recurso funcional para la emergente modernización postestatal. Ello revela las complicidades entre segmentos medios y la modernización en curso sin agotar el problema en la sonada contrarrevolución que opera como una axiomática de las izquierdas. De tal suerte, del paso de una cultura demandante de Estado, signada por la movilidad, hemos transitado hacia el acceso simbólico mediado por el sistema crediticio; proceso que se verá facilitado por la débil constitución del tinglado público/deliberativo –con anterioridad a los sucesos que hicieron capitular al Chile republicano–.
Lejos de agotar la discusión afirmando tautológicamente que a mediados de los 70 colapsa un “programa de ciudadanía” y el régimen político de la soberanía estatal, aquí tiene lugar el fin del modelo público-estatal, y con ello se hace evidente la frustrada sociedad civil del desarrollismo; si bien no se trata de representar mecánicamente las instituciones locales que Tocqueville analizó en el caso americano, para poner cuotas de mesura al intervencionismo estatal, tampoco podemos obviar tal clave de interpretación.
Es más, el campo eco/progresista –a modo de dogma– tiende a explicar restrictivamente la crisis del “Chile republicano” (1938-1973) como efecto de una contrarrevolución neoliberal, o bien, desde el agotamiento del tipo de representación que podía canalizar el régimen político (crisis de las planificaciones globales). Creemos que el riesgo de esta interpretación –más allá de la inminente estatización del campo social– consiste en no advertir que el predominio estatal supone una perversión inmanente a este último que conspira contra las formas cooperativas –organizaciones menores o afiliativas– de la sociedad civil.
Desde 1980 se materializó un fenómeno de modernización y un intercambio cultural de códigos simbólicos expresado en la adquisición de “bienes durables”, en la reconfiguración de sus pautas de sociabilidad (estilo de vida, prestigio y retención de sus posiciones de clase), mediante la noción de estándar de vida, apelando a formas de representación que conciben al mercado como experiencia cultural, referencia identitaria y mecanismo de integración sociosimbólico.
Queda pendiente una perspectiva que pueda explicar –he ahí nuestro interés— el rápido enrolamiento de nuestra “sociedad civil” (deficitaria si se trata de exhibir sociabilidad pública “no estatal”) a las prácticas de consumo en tanto experiencia cultural y dramatización de estatus en el contexto de una creciente mediatización. Ello implicaría desarrollar con rigor otro tipo de genealogía, donde nuestro análisis pueda interrogar la inflación del relato público-estatal y sus consecuencias sociales, culturales y políticas.
En las sociedades contemporáneas, y nuestro caso no es motivo de orgullo, esto comprende la emergencia de una cultura narcisista que –sirviéndonos de algunos análisis de Gilles Lipovestky– puede ser denominada bajo la metáfora del capitalismo libidinal. Un conjunto de identidades nómades que pueden ser catalogadas desde el “shock visual”, las pulsiones publicitarias y sus estímulos simbólicos.
Ahora la pulsión visual estimula la constitución de un sujeto que habita en las pulsiones estéticas e iconográficas del mercado sociosimbólico. El estallido de nuevos patrones simbólicos, de reivindicaciones postmateriales en el último decenio, han modificado drásticamente los procesos “identitarios” en una especie de validación del emprendedor –nuevo imaginario de la “sociedad del consumo”–.
Esta mutación antropológica da lugar a un “consumidor activo”, el mismo que reclamó el año 2011 sin rememorar el Mayo Francés (1968), y que establece demandas en el campo de la gestión, de los servicios, cuya socialización descansa en las reglas del mercado; ello le da un estatuto más instrumental y menos programático a la demanda socioeducacional.
En el Chile actual identificamos la constitución de una ciudadanía empoderada (empowerment) en diversas formas de interpelar materias valóricas, sociales y culturales de la actual institucionalidad. Esto puede representar un atributo de la modernización hegemónica en virtud de la liberalización de los modos de vida: la figura del emprendimiento representa un caso paradigmático a este respecto (PNUD, 2002).
Un somero escáner social pone límites insalvables al estatuto real de la protesta social (2006-2011). Esto en sus rasgos más generales se sitúa bajo el hedonismo estetizante que heredamos de la modernización postestatal que tuvo lugar a comienzos de los años 80. Nos referimos a los nuevos procesos de subjetivación, a los nuevos dilemas de la acción colectiva.
En un libro titulado Modernidad Líquida, el sociólogo polaco Ziygmunt Bauman (2007) ha caracterizado al sujeto globalizado como un ciudadano líquido, profundamente desafectado de los “ritos colectivos”. La interacción de mercado se expresa en sujeto desafectado, que en sus opciones culturales no puede ser retratado bajo estereotipos convencionales, pues no responde a patrones culturales estables, que dista de la tradicional mesocracia, y responde a los símbolos etéreos de una sociedad de bienes y servicios. Por lo tanto, sus patrones de “solidificación” distan mucho de la inclusión que operaba en el ideario industrial. La sociedad actual, para Bauman, se caracteriza por la “licuofacción”, por identidades nómades. Por ello, nociones como fluidez y volatilidad serían “atributos” del ciudadano postestatal que establece una reivindicación gestional.
En el caso chileno, todo ello ha dado lugar a una verdadera “cultura del collage” que obliga a redefinir los modelos de vida. El “ciudadano líquido” alude a un “actor ubicuo”, de una movilidad social oscilante, cuyos patrones culturales expresan un malestar difuso con la institucionalidad socioeducacional, al tiempo que mucho más empoderado en la demanda por empleabilidad, eficacia y gestión –sin que ello represente la invocación de un discurso ideológico–.
De allí que la cirugía social aplicada bajo la modernización postestatal no se agota en la sola refundación económica, sino que soterradamente fue capaz de gestar (fortalezas y debilidades) un sujeto socializado en las reglas del mercado, que establece reclamos por eficiencia, resultados e indicadores a la actual “boutique” de los bienes y servicios.
En el marco de una ciudadanía que expresa hastío hacia la elite política, sus modos de afiliación quedan desplazados por unas prácticas “afectivas” que no migran hacia “lo político”, en el sentido de cultivar un discurso programático de acuerdos y disensos ideológicos. Aquí tiene lugar un espacio “etéreo”, donde se impone la ausencia de tendencias proyectuales y, en cambio, priman reivindicaciones de empoderamiento atmosférico (consumidor activo) más vinculado a la tecno-imagen, a la nuevas tecnologías de la comunicación y la crisis de sociabilidad público-estatal. La tesis a este respecto es que se trata de un conjunto de demandas que no establecen un proceso de articulación que pudiera pensar la política bajo un vínculo hegemónico para los nuevos movimientos sociales.
Asumida la tendencia a la diseminación en diversas reivindicaciones signadas por la “sociedad de consumo”, queda al descubierto un déficit programático de la acción colectiva. Esta última posibilidad –dados los grados de penetración de una modernización suntuaria– es parte de un diagnóstico que podría comprometer la capacidad hegemónica de un programa genuinamente reformista. En el Chile actual, pese a la importancia de los movimientos sociales (2011), la demanda social aparece “mezclada” con una subjetividad crediticia, con reivindicaciones suntuarias y legítimamente gestionales.
Lejos de apelar a la tesis tremendista del “mayo chileno”, y desde una distancia crítica con esa “lupa sesentera”, nos encontramos ante una resignificación de la protesta social al campo de la gestión y los servicios –especialmente en el caso de los grupos medios–. La razón instrumental –sin perjuicio de las visiones críticas– es también una forma de procesar las demandas.
A propósito del inusitado ciclo de protesta social que ha experimentado la sociedad chilena, más allá de la evidencia empírica, en Chile no predomina un proyecto genuino por modificar las bases estructurales de la modernización de turno –malestares mediantes– y restituir un marco regulatorio general. De otro modo, somos testigos de una “reivindicación por eficacia” que busca optimizar la gestión, la rentabilidad y transparentar el modelo mercado-educación (intereses particulares vehiculizados colectivamente). Llevado al extremo de un eslogan, este es el dilema más trascendental que enfrenta la sociedad chilena: ciudadanía pendiente o república del consumo.
