La serie de modificaciones legales que se ha llamado “agenda corta anti delincuencia” se funda en el siguiente diagnóstico: (1) Que una gran cantidad de delitos contra la propiedad, en todas sus variedades, son archivados sin “resultados”. Lo anterior significa que no se pudieron encontrar suficientes pruebas para dirigir la investigación penal en contra de alguna persona: en buen chileno, “no los pillaron”; (2) La necesidad de otorgar mayores facultades a la policía para poder perseguir delitos; y (3) la existencia de una gran cantidad de órdenes de detención pendientes por delitos graves.
El polémico proyecto, sin embargo, hace tres cosas: Primero, endurece las penas para quienes cometan este tipo de delitos y establece mecanismos para agravar la pena en caso de reincidencia. En segundo lugar, crea el llamado “control de identidad preventivo”. Finalmente, crea nuevos delitos para quienes atenten contra las policías.
Más allá de las recientes polémicas en torno a este proyecto, resulta preocupante que el contenido del proyecto no resuelve ninguno de los nudos problemáticos que el mismo proyecto usa para justificar su existencia. Lo que es peor, continua con la mala práctica de pretender combatir la delincuencia endureciendo las penas a ciertos delitos o bien reduciendo aún más las garantías de los ciudadanos, entregando mayor poder discrecional a la policial.
Mi critica se funda en el siguiente razonamiento: si el problema en Chile contra la delincuencia, como el Gobierno y la oposición han reconocido, es el alto número de delitos de robos en los que las policías ni siquiera es capaz de detener, ni mucho menos identificar, a los delincuentes ¿De qué manera se va a resolver esto subiendo las penas? En otras palabras, en Chile las penas ya son altas, el problema es que la policía no está siendo capaz de detener a quienes cometen estos delitos. Si se prefiere, el problema no es que las penas sean bajas, sino en que hay un problema en detener a las bandas organizadas.
[cita tipo=»destaque»] Combatir la delincuencia no significa crear más leyes, significa invertir en mejorar la forma en que las policías investigan los delitos y eso significa mayores recursos y estudios empíricos que permitan mejorar esta labor. Pero precisamente este es el peor error del proyecto, el hecho de que habiendo realizado un diagnóstico que apunta a la mala labor investigativa de las policías, en vez de preocuparse por exigir mayor calidad lo que hace es relajar aún más los criterios creando el control de identidad preventivo[/cita]
Siendo este el diagnóstico, lo lógico sería que el gobierno y la oposición dedicasen su tiempo en solicitar un estudio sobre la eficiencia de los recursos policiales y verificar cuales son las fortalezas y debilidades de la forma en que se está persiguiendo delitos hoy en día. Se olvida muy rápido que el sistema penal chileno, tanto policías como Ministerio Público, se encuentran organizados de forma reactiva. Esto significa que el sistema persecutorio es mucho más eficiente atrapando delitos flagrantes, vale decir, cuando se pilla a los delincuentes con las manos en la masa, que realizando investigaciones preventivas. De hecho, dada la escasez de recursos policiales, la gran mayoría de los recursos disponibles para realizar investigaciones penales de calidad privilegian enfocarse en delitos sexuales, violentos o de gran connotación pública.
Lo anterior no quiere decir que las policías o el Ministerio Público sean malos, sino que el problema de la persecución de la delincuencia es de estructura (la forma en que están organizadas las instituciones dedicadas a la persecución), recursos (tanto en términos de la cantidad total de recursos invertidos y la forma en que estos recursos se gastan) y capacidad (Dotación versus cantidad de carga laboral). Estos problemas no están siendo resueltos por el proyecto, y lo que es peor, son apenas reconocidos por el Gobierno y la clase política.
Combatir la delincuencia no significa crear más leyes, significa invertir en mejorar la forma en que las policías investigan los delitos y eso significa mayores recursos y estudios empíricos que permitan mejorar esta labor. Pero precisamente este es el peor error del proyecto, el hecho de que habiendo realizado un diagnóstico que apunta a la mala labor investigativa de las policías, en vez de preocuparse por exigir mayor calidad lo que hace es relajar aún más los criterios creando el control de identidad preventivo.
En síntesis, y tal como pidió el Senador Espina en un vespertino, una solución al problema actual requiere que, de manera responsable, se desarrolle un proyecto para modernizar nuestras policías, con miras al mejoramiento de los estándares y calidades del trabajo policial.
