Nueva ley de partidos: el triunfo de la máquina

La crisis de legitimidad que atraviesan los partidos políticos debiese ser una oportunidad para revisar sus normas, cambiar sus prácticas y reformar la concepción que los orienta. La reforma a los partidos políticos –primera de su tipo desde el retorno a la democracia– era el momento oportuno para ello. Sin embargo, muy poco de aquello se está verificando.

Recordemos que fue la dictadura la que estableció la ley de partidos políticos. Recordemos también que desde 1990 los poquísimos intentos por reformar aquella norma fracasaron estrepitosamente. Así, partidos se convirtieron en máquinas de poder, encapsulados, que se organizan en torno a cuotas de poder (los famosos “lotes”) que median la vida interna. Estos lotes reparten cargos, definen candidaturas, median el acceso al poder. En algunos casos se trata de estructuras verticales que controlan al conjunto de la estructura. En otros, se trata de grupos oligárquicos internos que compiten con mayor o menor éxito por mantener sus cuotas de poder.

Lo que el Consejo Asesor Anticorrupción propuso y lo que el Gobierno ha señalado es un cambio radical en lo que hoy son los partidos políticos, a partir de tres cuestiones fundamentales: a) generar un sistema transparente de fichaje de militantes, de modo de promover una competencia limpia al interior de las tiendas políticas; b) establecer procedimientos democráticos al interior de los partidos, incluyendo el derecho de los afiliados a escoger en forma democrática a sus dirigentes; y c) establecer sanciones efectivas para quienes infrinjan las normas básicas que organizan la vida partidaria.

[cita tipo= «destaque»]De mantenerse el tenor del debate, probablemente no observaremos grandes transformaciones internas en los partidos. Los lotes continuarán controlando el ingreso de militantes y las cuotas de poder en los Consejos Generales. Existirá mayor transparencia y mayores exigencias procedimentales, pero ello no necesariamente afectará la forma en que proceden las cosas en los partidos, toda vez que además las sanciones son débiles.[/cita]

Esta semana será aprobado en la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto que alude precisamente a la reforma de los partidos políticos. Y aunque seguramente se producirán algunos avances importantes, en varios temas cruciales predomina una concepción tradicional y pro statu quo. Algunas de las reformas sencillamente van en contra de esta idea de establecer partidos verdaderamente democráticos. Me detendré en algunas de ellas:

1. En la ley vigente el Consejo General de un partido deberá someter a ratificación de los afiliados una serie de materias, incluidas la reforma a estatutos, la disolución o fusión del mismo, y la proposición del nombre del candidato a la presidencia de la República. En el texto que seguramente aprobará esta semana se eliminó esta última obligación, reservándose, por ende, la propuesta de candidaturas presidenciales a los órganos superiores de los partidos y no a los militantes. ¿Por qué aquella tan trascendente decisión no pertenece a los afiliados? ¿Por qué el régimen militar sí lo consideró importante mientras ahora los partidos eliminan el deber de consultar a sus militantes?

2. Respecto de la afiliación de nuevos militantes, el Consejo Asesor contra la Corrupción sugirió establecer un mecanismo colegiado de ingreso (un comité de ingreso), que remplazara el actual sistema donde la aceptación de la ficha depende de la voluntad del Secretario General de una directiva. La propuesta en discusión no innova en la materia. La única novedad es que, si se rechaza una solicitud, debe hacerse por una resolución fundada. Además, se establece un sistema de apelación ante el Tribunal Supremo del partido al que se quiere ingresar, aunque esto último tampoco da garantías.

3. La propuesta que refrendarán los diputados mantiene, tal como el texto de la dictadura, una definición ambigua de “procedimientos democráticos” internos. Se señala que las autoridades de los partidos deben ser escogidas democráticamente, pero se indica que cada partido definirá el procedimiento mediante el cual se elige a las autoridades. El diputado Monckeberg había propuesto que las autoridades directivas de los partidos fuesen electas por votación directa de sus afiliados, pero aquello fue rechazado.

4. Pero, además, la organización y fiscalización de las elecciones internas de los partidos le corresponderá a las propias tiendas políticas. El órgano ejecutivo de cada partido deberá informar al Servel del procedimiento que utilizará, las reglas de escrutinio, las sanciones, las normas de designación de vocales, las normas sobre propaganda, los plazos y mecanismos para asegurar información oportuna a los afiliados. En otras palabras, las directivas serán las encargadas de informar al Servel cómo funcionará el proceso. ¿Se asegura un proceso transparente de democracia interna si la directiva es la encargada de organizar e informar de aquello?

5. Respecto de la creación y disolución de nuevos partidos, el debate es bochornoso aunque esperable: los partidos legalmente constituidos han buscado subir los umbrales para evitar nuevos partidos y han colocado exigencias incluso todavía más altas que la norma aprobada por Pinochet para permitir que se mantengan. Los partidos pequeños, en cambio, han insistido en abrir el juego político, tratando de rebajar tales exigencias. Lo que se discutirá en la Cámara es una versión exigente para la creación y disolución de partidos. Un partido se disolverá si no alcanza el 5% de los votos en una elección de diputados en cada una de las regiones donde está constituido. Se eximirán de esta medida quienes al menos hayan alcanzado 4 parlamentarios en al menos dos regiones distintas. No se alcanzó un punto intermedio, que permitiese oxigenar la política. “O triunfas o pereces”, es la norma.

De mantenerse el tenor del debate, probablemente no observaremos grandes transformaciones internas en los partidos. Los lotes continuarán controlando el ingreso de militantes y las cuotas de poder en los Consejos Generales. Existirá mayor transparencia y mayores exigencias procedimentales, pero ello no necesariamente afectará la forma en que proceden las cosas en los partidos, toda vez que además las sanciones son débiles. En definitiva, es el triunfo de las máquinas por sobre un genuino intento por incorporar la democracia en las tiendas políticas.