Señor Director:
El 13 de agosto Claudio Alvarado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, escribió una columna criticando la decisión de la Superintendencia de Educación Escolar de multar al Colegio Pumahue por discriminación, porque este había rechazado tratar a B.E.E., un niño de 5 años, como niña.
Entre sus argumentos, Alvarado aseguró que “el sexo biológico, sobre todo si estamos hablando de niños, es cualquier cosa menos irrelevante. De hecho, al negar esta realidad no solo pasamos a llevar derechos y libertades básicas, tal como ha hecho la Superintendencia de Educación”. ¿Pero en realidad se equivocó la Superintendencia?
El debate en Chile debe enfocarse necesariamente en la pregunta sobre qué es lo mejor para nuestros niños, niñas y jóvenes y, en ese sentido, la literatura académica contemporánea contiene respuestas abrumadoras. El estrés psicológico que viven los jóvenes transgéneros se debe, generalmente, a la presión sintomática creada alrededor de ellos en una sociedad altamente incomoda con aquellos que no se adecuan con su género. La ignorancia y poca preparación frente al tema, frecuente en las familias, los colegios, universidades y otros grupos sociales produce el aislamiento de los jóvenes transgéneros que no se ven representados en los rígidos roles de género en los que la sociedad les dice que deben calzar. Las consecuencias más inmediatas se traducen en que los jóvenes discriminados por ser gays, lesbianas y transexuales, o incluso sólo los que son percibidos como tales, tienen la tasa de riesgo más alta en los intentos de suicidio, el abuso de sustancias, los desordenes alimenticios, el embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual.
Sin embargo, múltiples estudios demuestran que en ambientes escolares donde se implementan distintas prácticas de tolerancia y no discriminación, sobre todo de la mano de los profesores, los jóvenes transexuales pueden realizar sus tareas y deberes al igual que sus compañeros, se sienten orgullosos de sus logros y pueden cumplir sus metas como cualquiera de sus pares. Por lo mismo, reducir la disparidad que viven los jóvenes transexuales en las escuelas debería ser una prioridad en las políticas públicas de educación y salud.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OAE) adoptó en junio de 2013 la Convención Interamericana Contra Toda Formar de Discriminación e Intolerancia la que explícitamente prohíbe usar la identidad de género como una forma de discriminación contra cualquier persona, incluidos los niños. Aún más, lo que hizo la Superintendencia de Educación Escolar fue velar por el derecho básico a la educación que se supone debía recibir la menor. La UNESCO ha establecido en distintas oportunidades que la educación debe ser accesible para todos, en derecho y en facto, incluyendo el principio de no discriminación.
Sin embargo, en su columna Alvarado señala que “si una comunidad escolar no cuenta con la adecuada autonomía para conducirse conforme a su PEI (el que dará relevancia no en pocas ocasiones a la diferencia sexual entre lo masculino y lo femenino) o para dictar las correspondientes reglas de convivencia escolar, tales como uniformes, cortes de pelo, y baños y camarines diferenciados por sexo (…), sencillamente no existe libertad de enseñanza”. ¿Se puede discriminar de manera tan nefasta a un niño o niña en el nombre de la libertad de enseñanza? No, no se puede. La juventud de hoy no puede ser la victima del acoso, la violencia y el abuso de una generación ajena a los cambios sociales y culturales que vivimos hoy en día. Al mismo tiempo, el resto no podemos permanecer como observadores pasivos en una sociedad que condena a sus jóvenes al sufrimiento y abandono.
Tomás Dodds
Plataforma de Acción e Investigación Social
