Opinión
En el episodio gobernadores, los intendentes quedaron por expresa petición de Interior subordinados hasta en su actuar más simple al control del subsecretario y, en algunos casos, con expresa prohibición de dialogar con los parlamentarios de la coalición, lo que da cuenta de una involución en la relación del Ejecutivo con las regiones no vista desde el fin del régimen militar. Será porque el espíritu de control y obediencia es propio de los autoritarismos y, en eso, una parte de la cultura política socialista y la militar siempre han tenido, más bien, espacios comunes.
Uno de los fenómenos que dejó en evidencia el episodio Aleuy –contra el discurso oficial que el gobierno enarboló desde su campaña, en el sentido de dar prioridad a la regionalización y la elección de intendentes, anunciada en abril de 2013 en Punta Arenas, trastocada en septiembre a una reforma constitucional y reducida en su programa a un deseo y la constitución de una comisión–, fue el brutal centralismo con que la administración Bachelet ha operado sobre los gobiernos regionales.
Se conecta así la Nueva Mayoria con Diego Portales, ícono de la historiografía conservadora, quien más de una vez expresó con escasa diplomacia el débil peso político que tenían dichas autoridades en el ordenamiento legal y como éste funcionaba más bien por el “peso de la noche”: “Ni en esta línea ni en ninguna otra encontramos funcionarios que sepan ni puedan expedirse, porque ignoran sus atribuciones. Si hoy pregunta usted al Intendente más avisado, cuáles son las suyas, le responderá que cumplir y hacer cumplir las órdenes del Gobierno”.
En el episodio gobernadores, los intendentes quedaron –por expresa petición de Interior– subordinados hasta en su actuar más simple al control del subsecretario y, en algunos casos, con expresa prohibición de dialogar con los parlamentarios de la coalición, lo que da cuenta de una involución en la relación del Ejecutivo con las regiones no vista desde el fin del régimen militar. Será porque el espíritu de control y obediencia es propio de los autoritarismos y, en eso, una parte de la cultura política socialista y la militar siempre han tenido, más bien, espacios comunes.
El episodio incluso ha marcado un retroceso en lo obrado por la ex Concertación desde inicios de la redemocratización, cuando se buscó dotar de personalidad e identidad propia a las regiones. La promulgación de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobiernos Regionales (LOGCAR) –no sin dificultades debido al boicot de la derecha (la senadora designada Olga Feliú en el transcurso del debate parlamentario señaló que alcaldes y gobernaciones debían seguir siendo “departamentos adscritos al Ministerio del Interior”– marcó un avance que significó crear en los territorios gobiernos con personalidad jurídica propia, aumentar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y crear los Consejeros Regionales (Cores). Si bien la promesa de elección de intendentes sigue siendo hasta hoy palabras que se llevó el viento y el mayor embuste realizado a las regiones por la ex Concertación, lo cierto es que, a lo largo de la transición, se había generado una práctica política que daba cuenta de la diversidad territorial y que los gobiernos asumían, por lo menos en su versión más oligarca. Esta era el entendimiento con los parlamentarios locales en la lógica de brokers, es decir, tranzar favores con La Moneda a cambio de prebendas clientelistas y personales, aunque casi nunca con consulta directa a la comunidad local, pero que redundaban en beneficio de esta.
Y pese al zigzagueo permanente de la centroizquierda respecto de su relación con las regiones, siempre algo se avanzaba. Sin embargo, lo visto a raíz de las nominaciones de tercer y cuarto nivel del aparato del Estado, ha resultado francamente una involución con la práctica política desplegada durante los últimos 25 años, incluso pisoteando la dignidad política regionalista.
[cita]Lo que hay tras los fallidos nombramientos no es otra cosa que el establecimiento y disposición territorial del equipo de confianza del ex senador con el propósito claro del control burocrático del Estado, haciendo que Aleuy desempeñe el mismo papel censor que el cura local en el film Cinema Paradise. Allí no está el programa de cambio, sino la reinstalación del peso de la noche, la caja negra de la cual saltan conejos y trucos que muy pronto veremos desplegarse en toda su amplitud. Un espacio tridimensional donde las exigencias para “los otros”, no son extensivas a “los nuestros”, y donde definitivamente se instaló un modelo conservador de impronta portaliana que no aspira a cambios, sino sólo a administrar y conservar, burocráticamente, el poder estatal.[/cita]
La instalación del secretismo-burocratista, cuya personificación ha sido el subsecretario del Interior, no sólo es perversa desde la perspectiva modernizadora y el balance trágico que ha hecho la OCDE sobre nuestro país (“Chile permanece entre los países con mayor desigualdad en la región… sigue estando altamente concentrado: Santiago tiene la mayoría del capital político, económico e intelectual y casi la mitad de la población”), también importa un atentado a la propia gestión gubernamental pues, como ya lo hemos visto, la lógica de impronta bonapartista o de estilo RDA ha hecho finalmente que, por mínimo y distante que sea el problema –la ex gobernadora de Chiloé, por ejemplo, o el ex gobernador de Antofagasta–, éste termine rebotando finalmente en La Moneda y dañando directamente la figura presidencial que, en los escasos quince días de gobierno transcurridos, ha tenido una buena puesta de escena sectorial, eclipsada por los desaguisados cometidos en estos nombramientos.
Y en vez de avanzar de una sola vez en la profundización y diferenciación de los roles estatales centrales en los territorios (defensa, relaciones exteriores, delitos importantes, política económica y social nacional) que sí deben estar en manos de delegados del gobierno, y traspasar a autoridades electas que representen a los territorios –comunas y regiones– todo lo que tiene relación con el desarrollo local y regional, como ya ocurre con los alcaldes, terminar a su vez con el doble sombrero de los intendentes que, como hemos tenido oportunidad de ratificarlo estos días, están en una situación que no da para más.
Elegirlos de una vez por todas para que se transformen en los verdaderos jefes del desarrollo regional, con amplias facultades que les da la ley de 1992, y mantener a los gobernadores, pero con carrera profesional como jueces y militares, como representantes del gobierno central en los territorios.
Sin embargo, se ha hecho más bien todo lo contrario: se los ha intervenido como nunca, se les entregan cartillas que al final no aplican ni siquiera quienes las distribuyen, se los ha ninguneado y reducido sus atribuciones, símbolo de que Portales está de regreso.
Entonces, lo que se inició con la cena de despedida al ex senador Camilo Escalona en El Llano, que siguió luego con la designación de Aleuy y del equipo Nueva Izquierda, que continuó después con las designaciones de intendentes, gobernadores y seremis, no es otra cosa que la instalación de un poder burocrático que no tiene ninguna relación con los ejes programáticos planteados por la Presidenta y que sí han interpretado muy bien Ximena Rincón (Ley Monsanto), Alberto Arenas (reforma tributaria), Nicolás Eyzaguirre (“escuchar a todos”), José Antonio Gómez (matrimonio igualitario) o el mismo Máximo Pacheco y su crítica a la falta de una política energética. Lo que hay tras los fallidos nombramientos no es otra cosa que el establecimiento y disposición territorial del equipo de confianza del ex senador con el propósito claro del control burocrático del Estado, haciendo que Aleuy desempeñe el mismo papel censor que el cura local en el film Cinema Paradise. Allí no está el programa de cambio, sino la reinstalación del peso de la noche, la caja negra de la cual saltan conejos y trucos que muy pronto veremos desplegarse en toda su amplitud. Un espacio tridimensional donde las exigencias para “los otros”, no son extensivas a “los nuestros”, y donde definitivamente se instaló un modelo conservador de impronta portaliana que no aspira a cambios, sino sólo a administrar y conservar, burocráticamente, el poder estatal.
Dicha instalación no sólo ha resultado absolutamente contradictoria con el discurso regionalista que la Presidenta enarboló durante su campaña, sino que también violenta las demandas de mayor transparencia que la sociedad civil exige hoy de sus autoridades. Por lo tanto, lo que no podría ocurrir es que nuestro ecosistema político –actores y procesos– normalice tal anomalía y la haga aparecer como algo natural. Si ello ocurre, no sólo se habrá vulnerado la palabra comprometida en campaña con las regiones, sino que se dará un portazo a una sociedad que ya no acepta más “piezas hediondas” donde se cocina lo público.
