El caso trasandino recuerda al chileno de José Huenante, desaparecido desde 2005
A un mes de su desaparición, el pueblo argentino se encuentra conmocionado. No solo porque no hay luces de que se pueda dar en el corto plazo con su paradero, sino porque también una serie de hechos han complicado la investigación. Recién, hace menos de una semana, la causa ha sido catalogada como “desaparición forzada”. Un hecho que marca un punto de inflexión en la lucha por la recuperación de tierras del wallmapu de la comunidad trasandina, que hoy cuenta –según los activistas– con su primer desaparecido en democracia.
Ese 1 de agosto, la protesta pedía la liberación de Facundo Jones Huala, un líder mapuche encarcelado y reclamado por la justicia chilena. Decenas de manifestantes levantaban sus críticas en el Pu Lof mapuche de Cushamen, ubicado en la provincia de Chubut.
La situación en esas tierras no había sido fácil hasta ese martes. Los mapuche tienen un largo reclamo en esa zona en contra de la “Compañía de Tierras Sud Argentina SA” –empresa productora de lana del grupo Benetton–, dueña de una gran cantidad de tierras en Chubut, pero no esperaban que la represión de esa jornada fuera aún más dura.
Según los asistentes a la protesta de ese día, la Gendarmería –la policía fronteriza de Argentina– se llevó detenido a Santiago Maldonado (28). Relmu Ñamku, secretaria general del Consejo Consultivo Indígena, dice que «Santiago estaba en el lugar y como él no pudo escapar cuando Gendarmería comenzó a reprimir… ahí hay sobrados testigos que dicen que Santiago estaba en el lugar», cuenta desde Argentina a El Mostrador.
«Cuando empezó la represión con balas de plomo y balas de goma, todos corrimos y cruzamos a nado el río Chubut», contó Soraya Maicoño –parte de la comunidad mapuche– al portal Infobae. Macoño también relató que lo último que vieron fue a Maldonado aferrado a un árbol, sin cruzar el río, cuando escucharon a alguien anunciándole que estaba detenido. «Después se escuchó: ‘Ya está, ya está’, pero no sabemos si eran palabras de Santiago o de los gendarmes», dijo Maicoño.
Sería la última vez que verían a Santiago, que pese a no ser “activista” –según sus hermanos– viajó a apoyar la causa mapuche.
Santiago estaba viviendo hace semanas en El Bolsón, una ciudad ubicada en la Patagonia argentina, en el extremo suroeste de la provincia de Río Negro. Era artesano y hacía tatuajes en sus periplos por las ferias artesanales.
Desde entonces El Bolsón está dividido en dos.
El proceso de investigación ha sido pedregoso. La causa es llevada por el fiscal Guido Otranto, del Juzgado Federal de Esquel, quien hoy compite en un concurso para cubrir una vacante en el Tribunal Oral Federal de Roca. La familia de Santiago Maldonado ha denunciado la falta de acción por parte de los organismos estatales y también la demora en la calificación del caso, ya que hasta hace una semana la causa se mantenía como una búsqueda de NN, la que cambió a desaparición forzada, luego de que la Fiscalía Federal de Esquel la calificara de dicha forma.
La oposición a determinar su desaparición como forzada también provenía desde el gobierno de Macri. A mediados de agosto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que definir el proceso de dicha forma significaba atribuirle una responsabilidad directa a Gendarmería, por ende, a un organismo del Estado. “Yo no voy a hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, esa es la que hicieron. Si nosotros le tiramos la responsabilidad al gendarme por la sola presión mediática, eso sería una injusticia, esa me la banco yo”, indicó ante el Senado argentino. Esto, a pesar de que la desaparición del joven se dio en el contexto de un operativo oficial de Gendarmería, que habría estado en conocimiento del subsecretario de Seguridad, Pablo Nocetti, quien se encontraba en la zona.
Por otra parte, las pesquisas en el terreno en donde desapareció el joven, de acuerdo a las declaraciones en el expediente del caso que dan los testigos protegidos, se iniciaron cuatro días después de que se diera cuenta del primer habeas corpus del caso, el que fue presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) el mismo 1 de agosto. En igual día, “el defensor oficial Jorge Fernando Machado le tomó declaración en la lof de Cushamen a una pobladora en calidad testigo de los hechos”, según indica un documento clasificado de la investigación, que fue dado a conocer por Tiempo Argentino.
En el rastrillaje a cargo de Otranto, se encontró un gorro de propiedad de Santiago Maldonado; en una posterior operación, se halló un collar del joven, a cerca de 100 metros del último lugar en que habría sido visto el artista, antes de ser tomado por miembros de Gendarmería, quienes lo habrían “golpeado” y subido a un automóvil de los efectivos, para después ser cambiado a una camioneta. Vehículos que fueron encontrados, por quienes llevan adelante la investigación, “totalmente limpios” y que actualmente están en custodia de la Fiscalía.
Tras el primer rastrillaje, el Juzgado Federal de Esquel denunció que la misma comunidad del sector no dejó que se desarrollara de forma normal el proceso investigativo. “No se ha corroborado que Santiago Maldonado haya sido detenido por la Gendarmería”. Por medio de un comunicado, afirmaron que “se aclara que los miembros del Pu Lof en Resistencia Cushamen no permitieron que el rastrillaje se extienda río abajo más allá de los 400 metros del lugar. Esta dificultad para realizar el rastrillaje se presentó desde el primer momento, dado que los efectivos de esa fuerza de seguridad se encontraban en el lugar en condiciones de comenzar la diligencia a las 9 de la mañana, debiendo aguardar hasta que recién pasadas las 14 horas la comunidad dio permiso para que pudieran acceder al predio que tiene acceso al río Chubut”.
“También han negado la posibilidad de realizar un rastrillaje con drones que ya habían arribado a esta ciudad para ser utilizados –dada la extensión y características de la zona– por personal capacitado en búsqueda de personas de la Policía Federal Argentina”, agregaron desde el juzgado.
Durante el proceso de investigación se han barajado distintas versiones sobre los hechos y lo que realmente le habría ocurrido al joven.
A través de la prensa argentina se deslizó que Maldonado habría sido herido de una puñalada, días antes, en un incendio generado por el grupo de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Según los medios, Maldonado habría sido agredido por un capataz de un puesto de propiedad de Benetton en Epuyén, quien se habría defendido del ataque de la organización, lo que ha sido desmentido tajantemente por su hermano, amigos y su familia, ya que el joven no se encontraba en el lugar, no tendría nexos con la RAM y se habría comunicado por teléfono con su madre, sin “evidenciar problemas”.
[cita tipo=»destaque»]Un punto fundamental en el conflicto que ha terminado con la desaparición del joven es el factor Benetton. La empresa italiana Grupo Benetton opera a través de ‘Compañía de Tierras Sud Argentina SA (CTSA) en la localidad y es propietaria de unas 300 mil hectáreas rurales en la zona de Chubut. Durante el año 2015, la comunidad mapuche, perteneciente al Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu (MAP), se instaló en una parte de la zona, que atraviesa la Ruta Nacional 40.[/cita]
Al darse a conocer la noticia de la desaparición, el gobierno argentino puso una recompensa para quienes dieran información fehaciente. Según la exposición de la ministra Bullrich, no se ha recibido información real sobre el paradero de Maldonado. “Toda la información que hemos recibido ha resultado negativa, y se lo hemos comunicado de manera inmediata al juez”, declaró.
Pero en el marco de estas denuncias dos informaciones se filtraron a la prensa, por un lado un sacerdote aseguró haber visto a un joven alto, con rastas, que coincidía con las imágenes difundidas en los medios, en un monasterio en Mendoza. Por otra parte, también se le habría visto y grabado en la localidad de Entre Ríos, lo que fue desmentido por el joven que aparecía en las imágenes que lograron amplia difusión en la prensa. “Dimos cuenta de que no era real”, sentenció la ministra.
El 24 de agosto, Fiscalía Federal de Esquel informó que “se continúa investigando la desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado, hecho ocurrido el día 1 de agosto del corriente año en el marco de tareas realizadas por Gendarmería Nacional, como así también otras conductas disvaliosas en perjuicio de miembros de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Departamento Cushamen, que ocupa el predio en conflicto territorial desde el 15 de marzo de 2015”.
Agregó que “debido a la gravedad del caso, relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal, es que se impulsaron medidas tendientes no solo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el pasado 1 de agosto. En este contexto, se han ordenado medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos que pertenecen a la fuerza preventora”.
Finalmente, indicó que “sin perjuicio de ser la hipótesis delictiva inicial de la causa, se solicitó al Juzgado Federal la recaratulación de la causa, que ha quedado registrada como EXPTE FCR 8232/2017 ‘N.N. s/ desaparición forzada de personas Art. 124 ter del Código Penal’”, un verdadero golpe para la tesis inicial del Juzgado Federal y del gobierno de Macri, que se habían resistido a abrirse a la tesis de la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición del joven artista.
Hasta el momento, el proceso de investigación ha allanado las dependencias de la casa de Santiago Maldonado, la que se encuentra en el mismo terreno de la Biblioteca del Río, y la policía Federal también allanó las dependencias del Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional, con el fin de recabar más antecedentes.
Durante el proceso han sido diversas las críticas al gobierno de macri, principalmente desde organismos de Derechos Humanos locales, pero también a nivel internacional. El 22 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar para la protección de los derechos de Santiago Maldonado.
Le solicitó al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”, además que “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar”.
La Comisión investigadora de la CIDH “concluyó que los derechos a la vida e integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en una situación de grave riesgo, puesto que desde el 1 de agosto de 2017 hasta el día de la fecha no se conoce su destino o paradero”. Y tomó en cuenta “las denuncias de los solicitantes, según las cuales el propuesto beneficiario presuntamente fue objeto de una desaparición forzada desde que se le viera por última vez el 1 de agosto de 2017, mientras era golpeado y cargado a una camioneta blanca de Gendarmería, en el marco de un operativo policial que habría tenido lugar en la comunidad mapuche ‘Vuelta del Río Pu-Lof'».
El principal foco de críticas ha sido la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien ha tomado la vocería del gobierno respecto al caso. Sus declaraciones iniciales apuntaron a que no existía “ningún indicio de que la Gendarmería haya detenido a Santiago Maldonado”, debido a que no había pruebas que determinaran que Maldonado estaba en el lugar del operativo. Esto caló hondo en la familia del joven, la que exige “que actúen la Justicia, el Gobierno y las fuerzas de seguridad para esclarecer lo acontecido el 1ro de Agosto de 2017 en el Pu Lof Chushamen de la provincia de Chubut”.
Santiago Maldonado.
Pero también en la oposición se han mostrado críticos con el accionar del macrismo. Se acusó a Bullrich de mentirle a la Comisión de Seguridad del Senado, al omitir la participación del subsecretario de Seguridad, Pablo Nocetti, en la operación. «¿Por qué la ministra mintió al Senado de la Nación sobre la participación de Nocetti en el operativo donde desapareció Santiago?», señaló –vía Twitter– la ex presidenta Cristina Kirchner. A lo que Bullrich respondió: “Sra. Ex Presidente: la única que le mintió a los argentinos durante 12 años fue Ud y sus secuaces” (sic).
El punto en cuestión es el conocimiento que habría tenido Nocetti –quien es cuestionado por su defensa judicial a dos sentenciados por casos de violación a los DD.HH. durante la dictadura argentina– de los hechos. El subsecretario se habría encontrado en la localidad atendiendo conversaciones sobre el accionar del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en la zona. En un audio difundido por Radio del Plata, se escucha al subsecretario señalar que «con el RAM no hay nada que dialogar» y añade que «van a quedar todos presos».
En su última intervención en la Comisión de Seguridad, Bullrich expuso el informe sobre la desaparición de Maldonado. Durante su intervención señaló que hubo dificultades iniciales para poder comunicarse con la familia del joven, además también para poder realizar los trabajos de búsqueda en el lugar.
La ministra aseguró que “el jefe de gabinete estaba realizando reuniones para revisar esta situación”, producto de un grupo que actúa con “extrema violencia”. Afirmó que el RAM es un grupo minoritario en el sur que realiza “quema de distintos lugares, entre estaciones, puestos de fábricas” en la zona y añadió que “en Chubut y en la provincia de Río Negro es donde más problemáticas han habido”. “Es importante que el Estado Nacional y el Parlamento argentino puedan distinguir entre la acción del pueblo mapuche y lo que puede ser un grupo que permanentemente tiene acciones violentas en la zona”, sentenció.
«Nosotros no vamos a ser cómplices de absolutamente nada y no lo somos. Somos un gobierno democrático que cree en los derechos humanos. Estamos compenetrados con que la Argentina sea un país en paz, con generar un modelo de convivencia con los pueblos originarios y poder tener una cierta distancia respecto a la actitud violenta, como la quema de refugios y máquinas”, lo que fue cuestionado por Juan Mario Pais, senador nacional de Chubut, quien indicó lo siguiente: “Que yo sepa, RAM es Resistencia Ancestral Mapuche y no resistencia armada mapuche (…). Usted (ministra) indicó que tienen financiamiento internacional desde Inglaterra, debe aclararlo”.
Un punto fundamental en el conflicto que ha terminado con la desaparición del joven es el factor Benetton. La empresa italiana Grupo Benetton opera a través de ‘Compañía de Tierras Sud Argentina SA (CTSA) en la localidad y es propietaria de unas 300 mil hectáreas rurales en la zona de Chubut. Durante el año 2015, la comunidad mapuche, perteneciente al Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu (MAP), se instaló en una parte de la zona, que atraviesa la Ruta Nacional 40.
Desde ese momento comenzó el proceso de recuperación territorial, al que también se unió el dirigente indígena Facundo Jones Huala, activista que tiene una causa pendiente en Chile desde el 2013, por violación a la Ley de Control de Armas e ingreso ilegal al país. Al mismo tiempo, y progresivamente, el territorio fue siendo blindado por agentes de Gendarmería. “El lamentable caso de este joven hay que entenderlo en el marco de manifestaciones y proceso de recuperación de tierras, en particular de las tierras del empresario italiano Benetton”, explica Claudio Millacura, académico del Departamento de Antropología y coordinador académico de la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile.
“Están reclamando tierras ancestrales, reclamando que se aplique la ley, porque la ley en Argentina dice que ningún particular extranjero tenga más de un 6% del territorio y en este caso Benetton tiene 11%”, explica. A juicio del académico, “el actual conflicto evidencia las concepciones de un sector de la sociedad que busca el crecimiento sin importar el costo”, la que choca con un grupo minoritario que no está dispuesto a ceder en dicho marco. Por lo tanto, “el acorralamiento que han sufrido las poblaciones” se dan en “territorios altamente demandados por grupos económicos”, principalmente por la riqueza natural de estos.
Facundo Jones Huala.
Por otra parte, en opinión del académico, es importante destacar que las manifestaciones en el sector se vieron intensificadas luego de que el 28 de junio de 2017 volviera a ser detenido el comunero mapuche Facundo Jones Huala. Recuerda que, en la última visita de la Presidenta Michelle Bachelet al país trasandino, se firmó un acuerdo entre estados para extraditar al comunero, lo cual intensificó la actividad de las fuerzas de orden en el lugar y además marcó una forma de abordar el conflicto entre ambas naciones, que no toma en cuenta el principio de que las demandas por el territorio del wallmapu no reconocen las fronteras impuestas por los Estado-nación, por lo tanto, no existe una división entre la lucha de los mapuches residentes en territorio argentino o chileno.
Claudio Millacura explica que “los procesos de consolidación del Estado-nación argentino y de Chile se han entendido como procesos aparte, pero no son aparte, porque la Campaña del Desierto que ocurre en Argentina y la mal llamada Pacificación de La Araucanía, no se deben entender aparte (…). El ejercicio violento de que sus territorios son arrebatados violentamente se da tanto por Chile como por Argentina”. De esta forma, es necesario entender que tanto los habitantes de la pampa argentina como de La Araucanía en Chile son parte de un mismo pueblo, el wallmapu no conoce la frontera de la Cordillera de los Andes, más allá de “un accidente geográfico”.
Según el especialista, de a poco la sociedad chilena y la argentina han ido tomando conciencia de esta problemática. En la nación vecina se entendía que este es “un conflicto que se había solucionado en el siglo XIX” y se lee la irrupción de procesos de recuperación como una influencia desde Chile, tanto por los medios como las autoridades, pero es –precisa Millacura– una realidad propia de ese espacio de territorio que data desde la colonización.
Un conflicto que ha sido manejado siempre de la misma forma, por medio de la violencia, en este caso violencia de Estado. El caso de la desaparición de Santiago Maldonado trae a la memoria la desaparición de José Huenante, en septiembre del año 2005.
El joven chileno de 16 años habría sido detenido durante la madrugada por Carabineros, en la Población Vicuña Mackenna y hasta ahora no se ha sabido de su paradero, convirtiéndose en el primer detenido desaparecido en democracia. Un miedo que ronda a gran parte de la sociedad argentina, que salió en masa a protestar y clamar verdad por el caso de Maldonado, la misma angustia que a un mes de su desaparición vive su familia.
