Los venezolanos en el país y en el exterior están llamados este domingo a acudir a miles de centros de votación para demostrar su rechazo al presidente Nicolás Maduro y a la Asamblea Nacional Constituyente que promueve en una plebiscito calificado por el gobierno de «ilegal y sedicioso».
Su legalidad es cuestionada por el gobierno venezolano.
No ha sido organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero aún así millones de venezolanos han sido convocados este domingo a participar en la consulta popular organizada por la oposición de ese país en contra de la propuesta de Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El proceso también incluirá a los centenares de miles de venezolanos que han emigrado de ese país en los últimos años y que son parte de una diáspora creciente.
En la consulta se le pregunta a los venezolanos si quieren una Constituyente que reforme la constitución del país, si los militares deben defender la Constitución vigente y si aprueba la renovación de los poderes públicos así como la realización de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unión nacional.
Pero el plebiscito o consulta no contará con el apoyo del poder electoral ni del gobierno, que lo considera «ilegal y sedicioso» -aunque la oposición asegura que sí será vinculante.
De Riad a Madrid, de Canberra a Medellín, de Jerusalén a Houston. Miles de venezolanos alrededor del mundo podrán participar.
El jefe de campaña de la consulta, el alcalde opositor Carlos Ocariz, anunció este sábado que los venezolanos podrán votar en unas 602 ciudades del mundo distribuidas en más de 100 países.
Estados Unidos es el país con el mayor número de los llamados «puntos soberanos» (centros de votación): 143, de los cuales 28 se encuentran en Florida y 16 en Texas, de acuerdo con la lista oficial distribuida por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.
Luego destacan España, con 79 centros; Italia, con 35; y Colombia y México, con 34 cada uno.
En Venezuela dispondrán de más de 2.000 centros de votación, que juntos suman más de 14.400 mesas, según indicó Ocariz.
La oposición venezolana realiza este referendo después de que Maduro llamara el 1 de mayo a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo declarado de cambiar la Constitución del país, pero sin dejar que los ciudadanos aprobaran previamente esa convocatoria en un referéndum como se hizo en 1999 durante el gobierno de Hugo Chávez.
El plebiscito opositor se produce también luego de más de 100 días de protestas en contra del gobierno de Maduro, durante los cuales ha habido más de 90 víctimas mortales, centenares de heridos y más de 1.000 detenidos.
El proceso se realiza sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE) y no es reconocido por el Ejecutivo del país que ha calificado la convocatoria como anticonstitucional.
Este sábado, en un acto en Caracas, Maduro dijo que se trata de una «consulta interna de los partidos de oposición» y llamó a los ciudadanos a participar en un simulacro de votación, organizado por el CNE, que se realizará también este domingo como preparación a la elección de la Constituyente prevista para el 30 de julio.
Este sábado llegaron a Venezuela los exmandatarios Andrés Pastrana (Colombia), Vicente Fox (México), Jorge Quiroga (Bolivia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) para dar apoyo a la consulta popular convocada por la oposición y servir de observadores del proceso.
«El pueblo de Venezuela va a salir a votar mañana y venimos precisamente a observar esta fiesta electoral y esta fiesta democrática«, dijo Pastrana a su llegada a Venezuela.
Los expresidentes acudieron a la sede de la Asamblea Nacional, órgano que legalmente fue quien hizo la convocatoria a la consulta popular, y se reunieron con su junta directiva.
Pocas horas más tarde, por efectos del huso horario, los venezolanos residentes en el exterior comenzaron a votar en ciudades de Australia, como Brisbane y Melbourne; y de Nueva Zelanda, como Hamilton y New Plymouth.
Venezuela está inmersa en una crisis política desde finales de marzo cuando el Tribunal Supremo de Justicia emitió dos polémicas sentencias en las que se atribuía el ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional (controlada desde enero de 2016 por la oposición) y anulaba la inmunidad parlamentaria.
Estas decisiones, que posteriormente fueron rectificadas parcialmente por el alto tribunal, llevaron a la oposición a acusar a Maduro de haber instaurado una dictadura y de haber acabado con la separación de poderes.
El gobernante, por su parte, afirma que la oposición alienta una intervención extranjera en el país con el fin de derrocarle.
Los intentos de mediación y acompañamiento internacional para intentar buscar una solución negociada a la crisis han fracasado.
