La fiscal, prominente crítica con el gobierno en las últimas semanas, tiene prohibido salir del país y sus cuentas bancarias quedaron congeladas por la decisión del máximo tribunal del país. El 4 de julio habrá una audiencia para un «antejuicio» en contra de la funcionaria.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó este miércoles medidas cautelares en contra de la fiscal general Luisa Ortega, las cuales incluyen una prohibición para salir del país y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
En un comunicado, el TSJ informó que las medidas son preventivas ante la apertura de un «antejuicio de mérito» en contra de Ortega por «la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo».
En el marco de ese proceso, iniciado por la denuncia del diputado oficialista Pedro Carreño, fue fijada una audiencia para el 4 de julio.
Ortega es titular de la Fiscalía General desde 2007. Tras años en que la oposición la consideraba alineada con el oficialismo, en las últimas semanas se ha convertido en una de las más prominentes figuras críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Maduro dijo que lo que no consigan con los votos lo harán con las armas.
El constitucionalista Jose Ignacio Hernández, crítico con el gobierno, calificó la decisión de la Sala Plena del TSJ como un «claro abuso de poder» al haber dictado medidas cautelares propias de un juicio penal.
«Lo único que la Sala Plena puede decidir es si @lortegadiaz incurrió en faltas graves que justifiquen su remoción», escribió Hernández en su cuenta de Twitter.
Horas antes de que se revelara la decisión del TSJ, la funcionaria había declarado que está dispuesta a seguir enfrentándose contra el desmantelamiento del Estado del que acusa al gobierno y al poder judicial.
«Defenderé la democracia y la Constitución hasta con mi vida. Lo juro», dijo Ortega en un pronunciamiento público.
Ortega criticó este miércoles dos sentencias del TSJ que minan el poder de la Fiscalía General que dirige: una es la que permite a la Defensoría del Pueblo hacer investigaciones penales y la otra es la que anula la designación de la vicefiscal, la cual la reemplazaría en el cargo en caso de una destitución.
«Es un proceso de desmontaje progresivo del Ministerio Público», denunció Ortega.
Casi 80 personas han muerto en incidentes relacionados con las protestas.
También había denunciado ante el mismo TSJ la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro para reformar el Estado y redactar una nueva Constitución.
Pero sus peticiones no han sido atendidas.
La funcionaria se considera seguidora del movimiento político del fallecido presidente Hugo Chávez, pero miembros del actual gobierno la han calificado de «traidora» e «indigna» por sus declaraciones y denuncias de las últimas semanas.
Ante la crisis económica del país y las disputas políticas, Ortega ha dicho que se está destruyendo el legado de Chávez.
El descontento social del país se ha agudizado desde abril, cuando una sentencia del TSJ que luego fue parcialmente revertida limitaba el poder de la Asamblea Nacional, dominada por la mayoría opositora al gobierno de Maduro.
Casi 80 personas han muerto en incidentes relacionados con las protestas.
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