Marcos Prats, Country Manager Falcon
Un importante número de analistas critican que la acusación constitucional contra el ministro de Educación Harald Beyer fue un acto de carácter político y que en nada contribuye a la solución de largo plazo a la educación de Chile.
Lo que los analistas fallan en reconocer, es que lo que vimos fue un acto de negociación. Una negociación entre captadores de votos, senadores, y donadores de votos, la ciudadanía. Y toda negociación es —en su naturaleza más íntima— un fenómeno político. Nos guste o no. Esto no es ni bueno ni malo, es simplemente humano. Donde hay más de dos personas, hay política.
Si quisiéramos que las negociaciones en materia de educación tuvieran un sesgo de carácter técnico, debemos enmarcar el proceso en una configuración 100 % técnica, como lo es el Banco Central.
Toda negociación está fundamentalmente determinada por el escenario en que se despliegan las fuerzas negociadoras. Si deseamos forzar el abordaje a la educación hacia un marco técnico, se debe configurar el Ministerio de Educación para que su liderazgo esté definido por un consejo autónomo que dure en ejercicio diez años, o más, un ministro que dure más en su cargo que el Presidente de la República en ejercicio. Que se elija en acuerdo con el Senado. Que se enfoque en criterios, indicadores y objetivos técnicos, como la inflación y que, en consecuencia, tenga una mirada estructural, de Estado, de largo plazo y no esté sujeto a una reelección popular por extensión, cada cuatro años.
Dada la evolución de las negociaciones y el modesto avance en resultados en torno a la educación en los últimos 20 años, parece ser que forzar, por la vía del diseño, a los constituyentes a negociar desde una mirada técnica, es la mejor forma de dar un salto importante, a lo menos, en la calidad de la discusión.
Lo que vimos en esta acusación constitucional, fue una negociación política. Cuando uno etiqueta una negociación con el concepto política, es un eufemismo para decir que el resultado importa poco y que lo medular, no es la materia subyacente, sino el proceso. Cuando ocurre esto, los agentes negociadores están más enfocados en quién sale en la foto y cómo se sale en la foto. Esto es una realidad tanto en el mundo público como en la empresa privada. La distorsión política no es monopolio de senadores y diputados, también los gerentes se ven expuesto a este fenómeno de manera frecuente.
La mejor muestra de la inclinación política de esta negociación es la táctica del senador Bianchi, que reservó su lugar para que su voto tuviera el correcto dramatismo, necesario en una negociación política y que, asimismo, le pidió al ministro y, por extensión, al gobierno, un imposible, que renuncie. Es muy común en una negociación, pedir un imposible cuando lo que de verdad se quiere es no negociar.
Una pregunta que pudiera surgir ahora, es si el gobierno hizo bien en mantenerse en una postura técnica, aun cuando fue invitado innumerables veces a sumarse a un acuerdo político (p.e: que el ministro renunciara). No creo que deba interpretarse esta como una mala decisión, sino más bien como una “apuesta” cuyo retorno sólo se verá en el recuento de votos en la próxima elección presidencial. En este caso, se puede decir que el gobierno renunció a negociar con la oposición y optó por negociar con la ciudadanía. De la misma manera que lo hicieron los Senadores de oposición, pero desde una vereda diferente: la “técnica”.
Para evitar el “efecto Bianchi” en este tipo de negociaciones, se debe “diseñar” un escenario que privilegie la visión de largo plazo. Sin embargo, la principal barrera para implementar el modelo “Banco Central” en la Educación, es que si el Ministerio de Educación fuera una entidad “técnica” administrada como lo es el Banco Central, se le quitaría al mundo político una herramienta para aunar intereses de los votantes, de la misma manera que el “Mar” es un aglutinador en Bolivia. Sin temas como la Educación en la agenda política cada cuatro años, los “MEO” de este mundo no existirían. Ese es el principal desafío para “Tecnificar” la discusión en Educación.
Sin embargo, parece ser que lo mejor para el país es tener un Consejo de Educación que defina políticas públicas y reformas estructurales. Un Consejo de Educación que construya el futuro y dejar a los Gobiernos sólo para administrar el presente.
