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OPINION

Pronunciamiento de la Contraloría sobre la Ley de Pesca: los frentes clave que se abren en el debate

Pronunciamiento de la Contraloría sobre la Ley de Pesca: los frentes clave que se abren en el debate

por Pablo González

14 de mayo de 2018

Es muy importante destacar el pronunciamiento de la Contraloría, ya que por primera vez en 30 años esta se manifestó por la responsabilidad que le cabe a Subpesca en la devastación. La ley, al obligar al Estado a mitigaciones y compensaciones, por primera vez posibilita recurrir no tan solo al órgano contralor, como ocurrió con el asunto que citamos, sino que también al Consejo de Defensa del Estado y al propio Ministerio Público, para que inicien acciones en contra de los corruptos que comprometen al Estado, como resultado de sus actividades de devastación.

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Hace unos días el subsecretario de Pesca, en una entrevista sobre modificaciones a la Ley de Pesca, adelantó una que nadie esperaba y la justificó en un informe de Contraloría: "Se busca perfeccionar el funcionamiento de los Comité de Manejos de las pesquerías que han enfrentado trabas luego de pronunciamientos de Contraloría".

Lo que no sinceró el subsecretario fue que el órgano contralor, a solicitud de Heriberto Teuquil Huinao, presidente de la Comunidad Mapuche Huilliche "Hijos del Mar", debió pronunciarse sobre el incumplimiento de Subpesca del "Artículo 9° letra f) de la Ley de Pesca, que: "Considera medidas de mitigación y compensación para pescadores artesanales, tripulantes de naves especiales y trabajadores de planta...", las que correspondía concretizar 18 meses después del 1 de enero 2013, fecha en que se aprobó la ley, de allí  "... las eventuales responsabilidades administrativas en que habría incurrido el Subsecretario de Pesca y Acuicultura y demás funcionarios de ese organismo", "ya que a su juicio la autoridad ha postergado y evitado hacerse cargo de esas medidas pese a la sobreexplotación y colapso o agotamiento de las pesquerías que indica".

Sustentabilidad en Peligro

Encubrir en el "perfeccionamiento de los Comités de Manejo" la pretensión de modificar el Artículo 9°A letra f), resulta burdo, pero lo más preocupante es que, de aprobarse por el Congreso, haría perder toda la responsabilidad del Estado en el propósito último que dijo defender dicha ley : "Artículo 1° B.- El objetivo de esta ley es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos". El Artículo que se quiere eliminar vía modificación sanciona que, ante la administración negligente de las pesquerías por parte de Subpesca, obliga al Estado a compensar a quienes reconoce sus principales víctimas (pescadores artesanales, tripulantes y operarios de planta).

Por lo mismo es tan importante destacar el pronunciamiento de la Contraloría, ya que por primera vez en 30 años esta se manifestó por la responsabilidad que le cabe a Subpesca en la devastación. La ley, al obligar al Estado a mitigaciones y compensaciones, por primera vez posibilita recurrir no tan solo al órgano contralor, como ocurrió esta vez, sino que también al Consejo de Defensa del Estado y al propio Ministerio Público, para que inicien acciones en contra de los corruptos que comprometen al Estado, como resultado de sus actividades de devastación.

Un caso que sirve para tomar consciencia de la responsabilidad del Estado en materia de devastación es el de la anchoveta de la XV (Arica) y II regiones, que representa casi el 50% del desembarque pesquero del país y que el Congreso regaló a través de la Ley de Pesca a Corpesca (Angelini), y que es lo que explica que este controle el 84% de su cuota de pesca y concentre casi el 100% de su industrialización.

El responsable de la administración de la anchoveta que captura Corpesca es Subpesca, que el 2016 sinceró que se encontraba sobreexplotada y de esta manera reconoció su complicidad en estos hechos (el 2011 su  desembarque alcanzaba casi al doble del actual). Sin embargo, el 2017 cambió de criterio e inventó que para esta especie "no es posible establecer un estatus" (5), el  objetivo habría sido burlar la ley y las acciones de la Contraloría, ya que, de seguir reconociendo que se encontraba sobreexplotada, el Comité de Manejo de esta especie que tiene el tutelaje de Corpesca se obligaba a fijar compensaciones y mitigaciones a cargo del Estado.

Mientras que, en el caso de sardinas y anchovetas de la zona centro sur, cuya industrialización la monopolizan en un 90% las 7 Familias y su desembarque se concentra en la Región del Biobío (aproximadamente el otro 50% del desembarque de Chile), también declaradas sobreexplotadas y/o agotadas, al igual que la Merluza común, según se deduce del pronunciamiento de Contraloría, obliga al Comité de Manejo a responder con compensaciones y/o mitigaciones de cargo del Estado a favor de los pescadores artesanales, tripulantes y trabajadores de planta.

Pesca ilegal versus devastación del Estado

Aunque queda de manifiesto que la actual devastación no sería posible sin el amparo estatal (Subpesca), la ley que se discute por estos días por el Congreso sobre PESCA ILEGAL no se hace cargo de la corrupción que la compromete en la devastación desde el Estado (en los últimos 25 años el desembarque de Chile cayó de 7 millones de toneladas/año a menos de 2 millones), lo que prueba que es y ha sido 100 VECES más destructiva de nuestra riqueza pesquera país que la pesca ilegal.

Por otro lado, el Gobierno ha fijado su posición de la mano del subsecretario y del ministro de Economía: de aprobarse la modificación que protegía parar la devastación y que beneficiaba indirectamente a los más pobres –Artículo 9°A letra f)– no se necesitara esperar 20 años para que entre en vigencia y no será inconstitucional anular la responsabilidad del Estado en estas materias. Ambos criterios solo serán válidos para defender los privilegios conseguidos por las 7 Familias, independientemente de la corrupción que los involucra.  De esta forma, las modificaciones a la Ley de Pesca dejan al desnudo que la AGENDA SOCIAL es una parafernalia del Gobierno mientras promueve el resguardo de los intereses de las élites empresariales comprometidas en la corrupción.

Que el Congreso nos  impusiera por ley, a los chilenos, que el destino del 100% de las principales pesquerías del país sea privativo para satisfacer las ambiciones de Angelini y las 7 Familias, y las de sus descendientes, resulta una provocación a las generaciones actuales y futuras. Ni los pueblos con las peores dictaduras han soportado 20 años cruzados de brazos, la historia dice que todos han terminado rebelándose, ello obliga al Frente Amplio y a la oposición a recuperar el Congreso en bien del país. La corrupción ha conseguido hasta ahora la desaparición de los pescadores artesanales y de los emprendimientos Pymes. Las élites han convertido a la economía de libre mercado en una retórica sin contenido, y que el tan mentado fomento al emprendimiento sea uno para embaucar a ingenuos.

"La regulación de la propiedad es el punto central de todo. El asunto sobre el que todas las revoluciones estallan" (Aristóteles)

Pablo Fernando González

Pyme Innovación

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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