Opinión
Chile enfrenta una serie de desafíos en estos temas: el volumen creciente de producción de datos y su uso como un elemento central en materias de un mejor Estado y el avance de la economía, no hacen más que poner presión para contar con un marco regulatorio razonable.
Hace algunos días, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, tuvo que testificar frente al Congreso de Estados Unidos debido a la crisis desatada por la vulneración de los datos personales de más de 87 millones de personas en el mundo. En paralelo, la Unión Europea se encuentra próxima a promulgar una nueva regulación (GDPR por sus siglas en inglés) que hará más estricta la protección de los datos de quienes residan en su territorio. En ambos casos, la tensión entre la privacidad de los datos y el legítimo acceso a información es algo evidente. En el caso de Chile, el Congreso está debatiendo un proyecto de ley para la protección de los datos personales, que a raíz de los últimos acontecimientos internacionales, abre una ventana de oportunidad para generar una legislación robusta.
No cabe duda de que Chile ha avanzado en transparencia y acceso a información pública, basado en una legislación que permite al interesado conocer, por ejemplo, detalles de decisiones y acciones del aparato público, algo impensado hace 15 años. Sin embargo, el país está seriamente atrasado en legislación de acceso a datos personales y privacidad; en establecer un marco que se haga cargo de equilibrar lo conseguido en transparencia de acceso a información y, al mismo tiempo, proteger a las personas en cuanto al acceso y manejo que se puede realizar de sus propios datos e información personales. Asimismo, que promueva oportunidades para las empresas digitales chilenas que necesitan datos para la innovación y para complacer a los consumidores.
Esto, con el objeto de resguardar la privacidad de las personas, sobre todo respecto de datos que pueden ser sensibles, dependiendo del caso. Sobre este punto, la propia OCDE le ha solicitado en varias oportunidades a nuestro país que se avance en la actualización del marco normativo en la materia, y entidades como la ONG Datos Protegidos, el Estudio Carey y, más recientemente, la fundación de origen canadiense Data Catalyst, han presentado sus puntos de vista para entender el problema y contribuir con información útil para avanzar en esta materia en Chile.
Por su parte, los esfuerzos del sector público –aunque poco fructíferos– no han sido pocos. En los últimos 10 años, se han presentado varios proyectos de ley. En la actualidad, toma fuerza una iniciativa resultante de la fusión de dos proyectos, uno proveniente de los propios senadores y otro enviado por el Gobierno en 2017. En esa línea, la iniciativa busca elevar la protección de la privacidad para cumplir con los estándares internacionales en materia de tratamiento de datos personales –en sintonía con la OCDE–, así como adaptar la legislación nacional a los desafíos que presenta la economía digital y equilibrar el resguardo de la privacidad de las personas con la libre circulación de la información.
Sería deseable que una iniciativa como esta que, entre otros aspectos, incorpora los requisitos del consentimiento explícito del titular del dato, restringe la circulación libre de datos y busca crear la Agencia de Protección de Datos, tenga mejor destino que otras, sobre todo en un contexto en el que el atraso de Chile, también a ojos de otros, parece demasiado evidente.
Y aunque los recientes problemas de filtración masiva de datos abren una ventana de oportunidad única para discutir esta iniciativa, el éxito de esta legislación dependerá asimismo de la calidad del proceso que se lleve a cabo. Para esto, contar con la participación de todos los actores relevantes en esta materia será fundamental. Por ejemplo, la regulación debe considerar no solo el impacto que genera en la protección de los datos personales, sino que también las potenciales repercusiones que pueda tener sobre el emprendimiento y las pequeñas empresas. Si la regulación es tan “pesada” que las nuevas compañías locales no pueden cumplir, entonces una gran cantidad de oportunidades económicas desaparecerán, al tiempo que una parte de las pymes enfrentará demandas y sanciones, si es que sobreviven.
Chile enfrenta una serie de desafíos en estos temas: el volumen creciente de producción de datos y su uso como un elemento central en materias de un mejor Estado y el avance de la economía, no hacen más que poner presión para contar con un marco regulatorio razonable. Esto, en un contexto en que la publicación, uso y reúso es algo que llegó para quedarse. Por lo tanto, contar con una norma en materia de datos abiertos –me refiero a algo un poco más robusto que un instructivo presidencial–, la inclusión de lo digital en nuestra ley de transparencia y, finalmente, un marco normativo e institucional que garantice los derechos de las personas respecto de su privacidad, son a estas alturas una obligación.
Alejandro Barros
Académico Asociado – Centro de Sistemas Públicos
Universidad de Chile
