$ 3.475 millones son los que la empresa pide al Estado chileno como IVA exportador por la ‘venta’ de una planta en Punta Arenas a su matriz estadounidense.
Methanex, la productora de metanol canadiense que opera en Punta Arenas, se hizo conocida en 2004 cuando el gobierno argentino comenzó a cortar el suministro de gas natural a Chile, lo que llevó a la firma a detener parte de su producción en el sur de nuestro país.
Los tiempos han cambiado y la compañía ha ido elevando su producción a tal nivel, que acaban de poner en operaciones su segunda unidad en el país, la que habían detenido en 2007.
Sin embargo, la falta de gas de hace una década y media dejó estela y mantiene hasta hoy una disputa tributaria entre la empresa y el Servicio de Impuestos Internos (SII), por una desconocida operación con una firma relacionada.
En la Corte de Apelaciones se ve en estos días el recurso presentado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra el fallo de primera instancia del 2 de febrero pasado del Cuarto Tribunal Aduanero y Tributario, que favoreció a la empresa y que echó abajo el rechazo del servicio a una devolución del IVA exportador por $ 3.475 millones, solicitada por la compañía a propósito del traslado de una de sus unidades en 2012 a Estados Unidos.
El fallo acoge los reclamos de la firma sobre dos incumplimientos legales en el proceso de fiscalización del SII, esto es, que se pronunció fuera de plazo ante la solicitud de devolución del IVA Exportador en 2013 y que la resolución que rechazó el crédito fiscal carecía del “supuesto fáctico” que habría habilitado jurídicamente al servicio para iniciar una fiscalización especial previa a Methanex, esto porque, según el fallo de primera instancia, Impuestos Internos no habría hecho un acto formal de inicio de investigación previo a la resolución referida.
En su recurso, el SII entrega los detalles de la transacción que, a su juicio, hacen cuestionable el crédito tributario y que, aseguran, son hechos que fueron registrados administrativamente mientras se investigaba y comunicados a la empresa, que estaba al tanto del proceso.
Methanex anunció, en enero de 2012, que trasladaría una de sus unidades a Estados Unidos, pero en Chile la operación legal solo se concretaría a fines de mayo y comienzos de junio. Oficialmente, el traslado fue ratificado públicamente por la empresa en julio de 2012.
Sin embargo, los antecedentes recabados por el SII dan cuenta de que el 6 de junio de 2012 se constituyó legalmente en Chile el “establecimiento permanente” de la sociedad extranjera Methanex USA LLC, con un capital de solo US$ 100 mil (a enterar en 30 días) y cuyo objeto era la adquisición, venta, desmantelamiento y exportación de plantas, maquinarias, equipos y chatarra. Para efectos de Impuestos Internos, la inscripción figura registrada el 8 de junio.
Sería esa la sociedad que enviaría la planta a Estados Unidos. Antes, el 31 de mayo la matriz Methanex USA LLC suscribió el acuerdo de compra de activos con Methanex Chile S.A. por la unidad que se trasladaría, a cambio de US$ 15 millones.
Un día después, el 1 de junio de 2012, Methanex Chile S.A. emite una factura por un total exento de IVA de US$ 15 millones a la estadounidense Methanex USA LLC, pero a través de su establecimiento permanente en nuestro país, Methanex USA LLC Establecimiento Permanente.
Esta última aún no se creaba al 1 de junio de 2012 –fue creada el 6–, lo que fue registrado como una de las irregularidades detectadas en la fiscalización del funcionario Sergio Vigueras, quien testimonió ante el Cuarto Tribunal Aduanero y Tributario. Poco después la sociedad creada en Chile contrataría el servicio de desarme y desmantelamiento de la planta con la firma Jacobs, la que emitió la factura, recargando el IVA correspondiente, el mismo sobre el que Methanex pide la solicitud de devolución por la ‘exportación’ de la planta ya desmantelada a esas alturas.
Methanex pidió la devolución del IVA un año después, el 30 de mayo de 2013, mientras que la resolución que dispone la fiscalización especial previa de las operaciones se emite el 5 de junio y el 21 de agosto de ese año se dicta la resolución que rechaza la devolución del IVA exportador, la que fue enfrentada por la empresa desde entonces en juicio tributario y que en estos días se debate en el tribunal del alzada.
