El desconocido rol de Joaquín Cortez en el polémico bono de La Polar previo a su caída

El nuevo presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez Huerta, tiene largo recorrido en la industria financiera. Antes de ser designado presidía la compañía de seguros Confuturo, de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y, previo a ello, fue presidente y por años gerente de inversiones de AFP Provida.

Su carrera en la gestora de fondos concluyó luego que el grupo español BBVA decidiera vender la administradora a la aseguradora estadounidense Metlife, que más tarde se haría conocida por la fusión de la AFP con la sociedad Acquisition Co., con lo cual obtuvieron un beneficio tributario de 180 mil millones de pesos.

Sn embargo, en su última etapa como gerente de inversiones de la AFP, Cortez enfrentó momentos complejos, como en junio de 2011, cuando estalló el caso La Polar.

En ese momento, los ojos se posaron en distintas aristas, una de ellas, el bono de más de 100 mil millones de pesos que emitió La Polar el 23 de diciembre de 2010, que fue intermediado por la corredora de BBVA y cuyo 26% fue adquirido por Provida.

La operación fue polémica, pues habiendo puesto un 26% de los recursos la AFP Provida, parte importante de los dineros del bono iban a pagar deudas con el banco BBVA, lo que hizo saltar las dudas sobre una posible triangulación de dineros en favor de la entidad de capitales españoles.

Sin embargo, el caso se desvaneció después que la superintendenta de Pensiones, Solange Berstein, informara detalles de su investigación al Congreso, descartando irregularidades.

En su oficio enviado al Senado el 23 de agosto de 2011, Berstein concluye que “no existirían elementos que permitan configurar la intención de triangular una operación con el objeto de mejorar la situación de Empresas La Polar S.A. y, consecuencialmente, la de su acreedor, perjudicando con ello a los Fondos de Pensiones”.

Provida fue al remate del 23 de diciembre de 2010 de la Polar –series C, D y E– y se quedó con una porción pequeña del bono D por 6.423 millones de pesos, equivalente al 30% de dicha serie. Pero más tarde en el mismo día, aunque ya en el mercado secundario, compró un millón de UF (unos US$ 45 millones de la época) de la serie E y luego otras 3 mil UF de la misma serie. En total, 28 mil millones de pesos, equivalentes al 26% del total colocado por La Polar.

La autoridad descartó beneficios a la corredora BBVA, ya que Provida no concurrió significativamente al remate original, lo que lo torna ilógico si hubiera interés de la AFP de asegurar los recursos que irían a pagar al banco BBVA. En el caso del banco, también descartó interés, pues con el dinero recaudado en el remate original –Provida fue a comprar al mercado secundario– ya se había asegurado el pago de sus pasivos bancarios, por lo que la compra en el señalado mercado secundario no generó recursos para ello.

En esa línea, recordó además que era de “público conocimiento” que la colocación del bono buscaba refinanciar pasivos.

Explica, la superintendencia, que a fin de fiscalizar pidió información a la AFP para que justificara su decisión de inversión, citando además a declarar al gerente de renta fija de la administradora, Cristóbal Torres, además de oficiar a las otras superintendencias y a la Bolsa de Comercio de Santiago.

Sin embargo, en dicho oficio al Congreso, Berstein no contó todos los detalles de su investigación, la que deja algunas dudas sobre lo ocurrido y respecto al rol que tuvo el recién designado titular de la CMF.

Mala memoria

El Senado había oficiado por primera vez a Berstein el 2 de agosto de 2011, en medio del descalabro que estaba provocando el caso de la multitienda. Coincidentemente, ese mismo día la Superintendencia de Pensiones interrogaba al gerente de renta fija de AFP Provida, Cristóbal Torres Egaña, quien sorpresivamente, luego de concurrir a declarar en la mañana, se acercó de nuevo a la autoridad por la tarde para “complementar” su declaración, donde agrega elementos llamativos.

En su testimonio –que es parte del expediente de la investigación a la cual tuvo acceso este medio vía Transparencia–, explica que ese martes 2 de agosto de 2011, “a última hora”, Juan de Dios Vergara, alto ejecutivo de EuroAmerica, se contactó con el entonces gerente de inversiones de Provida, Joaquín Cortez Huerta, para pedir hablar con ambos. “Concurrimos a las oficinas de EuroAmerica y nos reunimos con el señor Juan de Dios Vergara y Alejandro Ortega. Nos comentó que la SVS había ido a realizar una fiscalización a EuroAmerica y que él en su declaración había dicho que EuroAmerica tenía un ‘acuerdo verbal’ con Provida en relación al underwriting sobre la serie-E que EuroAmerica había acordado con empresas La Polar”.

Torres señala que frente a los dichos de los ejecutivos de EuroAmerica “reaccionamos con sorpresa, molestia y perplejidad frente de los hechos comentados a la SVS y al poco rato nos retiramos muy molestos de la reunión”.

Detalla Torres que Juan de Dios Vergara –gerente corporativo de inversiones de la aseguradora de EuroAmerica– explicó que la referencia al acuerdo verbal fue una expresión que había utilizado en su comunicación interna para aprobar estas operaciones en sus comités, pero “que él no le daba ningún valor vinculante ni formal”.

Por ello, dice Torres a la superintendencia, consideró necesario complementar sus respuestas y “aportar información que en su minuto no fue preguntada o que yo no consideré relevante de comentar”.

En su segunda declaración, Torres reconoce que, a principios de diciembre de 2010, pocas semanas antes de la colocación del bono de La Polar, el gerente de inversiones de la compañía de seguros de vida EuroAmerica contactó al ahora presidente de la CMF para invitarlo a participar en el underwriting (compromisos previos para concurrir a la colocación de un bono) sobre la serie E –la que finalmente compra Provida, revendido por EuroAmerica en el mercado secundario– que “ellos estaban planificando realizar en la próxima colocación de bonos de la Polar”.

Asegura, el subordinado de Cortez en ese momento, que Joaquín le comentó la conversación posteriormente y que en ese marco “dijo que la compra de ese bono la analizaríamos en su momento pero que Provida ‘no puede comprometerse a nada” y que ‘todas las operaciones que realiza Provida deben ser a precio de mercado’”.

Sin embargo, las dudas sobre ese negocio surgen cuando el propio Torres recuerda solo en su segunda declaración, luego de reunirse con los ejecutivos de EuroAmerica, que habían sido consultados en paralelo por la SVS; que días previos a la colocación del bono, el ejecutivo de EuroAmerica que reportaba a Juan De Dios Vergara, Alejandro Ortega, lo llamó en forma reiterada invitándolo a participar de la compra del bono.

En esos días, relata en distintas etapas de su declaración el propio Torres y la misma administradora en los oficios enviados a la autoridad, Provida era conocida por ser un comprador grande y que, a esas alturas, estaban cortos en instrumentos de largo plazo, por lo que su apetito por ese bono era conocido. Este argumento es parte de la conclusión a la que llega Berstein para descartar intención de triangular recursos de la AFP Provida al banco que es propiedad de su controlador, entendiendo, la superintendenta, que comprar el bono era una decisión racional y técnica de Provida, un hecho común, y no necesariamente fruto de otra razón o un acuerdo bajo cuerda.

En su testimonio, Torres continúa relatando un hecho clave para la investigación, señalando que Ortega lo llamó y le propuso que “(Provida) no participara del remate y que le comprara directamente a él el bono en remate secundario”, justamente la figura que se usó para adquirir casi un 26% del bono por unos 28 mil millones de pesos.

Pero Torres recalca que su reacción fue clara: “Yo le contesté que esa petición no correspondía y que eso era una decisión exclusivamente nuestra”.

En tal sentido, Torres da detalles de las conversaciones que sostuvieron con EuroAmerica que no había revelado en su primer testimonio. “Durante las conversaciones previas al remate, Juan de Dios Vergara y Alejandro Ortega nos comunicaron que ellos harían una utilidad financiera en esta operación de underwriting y que querían reconocer la participación de Provida”. A esa petición, añade Torres, respondieron que la AFP siempre buscaba los mejores negocios para los afiliados y que sin duda evaluarían invertir a precios de mercado en el bono.

Finalmente, Provida va por un millón de UF a la colocación, pero a una tasa varios puntos bajo el corte y quedó fuera. Relata Torres que Ortega lo llamó tras el Remate Holandés para ofrecer un millón. Esto, luego que Torres le revelara que no había obtenido nada y así se cerró la participación de Provida en el bono La Polar.

Dice el declarante que meses después EuroAmerica los invitó a otros negocios «para demostrar reconocimiento por la participación de Provida”, pero que ellos se negaron porque “no cumplían los requisitos y políticas de nuestra AFP”. En todo caso, revela, de paso, un negocio de marzo de 2011 en que EuroAmerica coloca un bono del Banco Internacional por un millón de UF (unos US$ 45 millones de entonces).

Todos estos detalles, Torres jamás los comenta en su primera declaración. De hecho, pese a todos los pormenores que dio en su segundo testimonio sobre las conversaciones previas de Cortez con EuroAmerica para ir en un pool de inversionistas, en la primera declaración ante los funcionarios Javier López y Marcela Gana no recuerda nada.

En ese primer encuentro le piden describir la operación y responde que es de común ocurrencia y que lo llamaron, preguntó el volumen que tenían y pidió un millón. Sin embargo, en la siguiente pregunta, los funcionarios indagan: ¿hubo alguna forma de coordinación y definición de estrategia conjunta previa con EuroAmerica para participar en el Remate Holandés del 23 de diciembre de 2010?

“Ninguna”, respondió Torres el 2 de agosto en su primera declaración. De hecho, indica que la operación era normal para ellos porque, en su opinión, las compañías de seguro de vida (en este caso EuroAmerica, la que en estos días negocia su venta a Chilena Consolidada) “entran a los remates a comprar y después salen al mercado a vender, porque en mi experiencia las compañías chilenas están más en el negocio del trading que en el de calce de pasivos”.

Lo que sí revela en esa primera conversación es que de la operación por la que adquirieron el bono de La Polar y que investigó la Superintendencia de Pensiones, no hay registro de audio, pues no todos los teléfonos de la mesa de la AFP tienen sistemas de grabación.

Por ende, Berstein no pudo acceder a los audios para verificar el relato que le hicieron desde la AFP. No es una exigencia legal que sean grabadas las operaciones y, según Torres, tienen 12 teléfonos y 8 de ellos graban en un afán más bien interno. “(..) Es una medida de protección para nosotros. Es un respaldo si hay alguna discrepancia”, precisa, agregando que el manual interno no establece la exigencia de que todos los teléfonos graben, pero que están cotizando mejoras al sistema.

Revela posteriormente que la mesa que lidera en ese momento tiene como práctica que sobre UF 300 mil las operaciones las aprueba él, por lo que en ese caso la operación se hizo desde su celular.

¿Con qué frecuencia se ejecutan o acuerdan transacciones a través de teléfono celular personal o de los cuatro teléfonos que no son grabados?, le preguntan. “No es muy frecuente la ejecución de transacciones a través de celular o teléfono directo de mi escritorio (no grabado) y los teléfonos de la mesa que actualmente no se están grabando son usados por operadores que ejecutan transacciones a través de órdenes que se envían por fax”, responde, para después indicar que los más altos niveles de gerencia saben de dichas prácticas.

Sobre este punto, las conclusiones del informe de Berstein al Senado solo lo aluden parcialmente, al indicar que fruto de la investigación “surgen aristas nuevas para los fiscalizadores, no vinculadas a las denuncias en comento (sobre triangulación de Provida a BBVA)”.

Entre ellas, “la forma en que el sistema Telerenta funciona y la capacidad que tiene los actores para acordar condiciones fuera de sistema”. Además de eso, refiere “la existencia y rol de underwritters”, “el registro telefónico y electrónico de las transacciones tanto en los actores involucrados como en la Bolsa de Comercio”.

Finalmente, agrega como aristas complementarias “la eventual práctica de trading de las compañías de seguro de vida” y “eventuales prácticas de negociación entre las AFP y terceros como los mencionados underwriters”.

El mismo día que Torres declaró, Provida hizo llegar a la Superintendencia de Pensiones un extenso legajo de información financiera y económica para explicar la decisión de inversión adoptada por la AFP, elementos que fueron claves para la decisión de Berstein.