Opinión
Hoy que todos han corroborado con hechos que la reforma es peor que mala, rasgan vestiduras y piden a gritos que se cambie y se den más plazos.
Dentro de los “legados” que dejó el Gobierno de la Nueva Mayoría destaca, por sus efectos nocivos y perniciosos, la Reforma Tributaria. Cómo olvidar que cuando se promovió se dijo que los recursos beneficiarían a la educación, en circunstancia que lo que hizo fue aumentar el aparato público. Cómo olvidar también las numerosas columnas escritas por especialistas en las que se advertía que la reforma en cuestión terminarían pagándola los más pobres, que trabaría la circulación de los bienes y que sería extremadamente difícil de implementar y administrar. El gobierno de Michelle Bachelet no solo hizo oídos sordos a todo lo anterior sino que usó todo el aparato público para difundirla.
Cómo olvidar, por último, la vez en que en mi calidad de presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara Nacional de Comercio debí enfrentar el abucheo masivo de todos los invitados al GAM –en un encuentro que era presidido por el intendente Claudio Orrego y por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien era secundado por asesores que en esa época trabajaban en el SII y que ahora asisten a los contribuyentes en consultoras privadas–, por el simple hecho de expresar públicamente que la reforma era mala. Lo hice también en el Senado, aunque ahí con mejor suerte.
Pero la política es así. No importan los argumentos. Más vale la ideología. Aunque el contenido sea malo, poco importa cuando es apoyado por la Presidenta y su asesor principal. De hecho, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de escuchar con suerte unos minutos a los gremios, aprobó por mayoría el proyecto. Fue el Senado el que se dio el tiempo de escuchar a la gente, y eso le significó a Andrés Zaldívar ser calificado injustamente como el “chef” de la política. En vez de reconocer su calidad de estadista.
Sin embargo, hoy que todos han corroborado con hechos que la reforma es peor que mala, rasgan vestiduras y piden a gritos que se cambie y se den más plazos. El Colegio de Contadores tuvo en esto un rol que nunca me gustó. Pues en lugar de hacerle frente al Ejecutivo en términos de señalar que la Reforma derechamente era mala y anticipar lo que ahora está advirtiendo, se limitó con las autoridades de la época a hacer una ronda de seminarios y cursos orientados a explicarla. Ahora que está con los tiempos encima, reclama.
En lo que respecta al rol de la administración tributaria, debemos diferenciar lo que es la actual administración de la anterior, pues esta última avaló completamente la reforma. De hecho, su autor principal fue el anterior director del Servicio de Impuestos Internos (SII). La actual administración se ha limitado a implementarla, arrastrando como lo hará el Presidente Piñera el legado del Gobierno anterior.
¿Qué culpa puede tener la administración actual de los plazos establecidos por la misma Ley, y que está forzada a hacer cumplir? En lo que al director del SII concierne, ha obrado correctamente, toda vez que ha dicho que el organismo que dirige flexibilizará su política de condonaciones y otorgará facilidades para corregir los errores. Eso es tremendamente positivo. Por eso no se entiende que el órgano gremial, mismo que participó activamente en la difusión de una Reforma objetivamente mala, haya privilegiado liderar la voz disonante y poner en duda la continuidad de un funcionario que, debemos coincidir, administró con eficiencia una reforma y una época particularmente compleja del SII.
No faltará tampoco el que pretenda atribuirle responsabilidad al director actual en la resolución que adoptó la Corte Suprema en el caso Rossi. No hubo ningún cambio en la votación. La única diferencia estuvo en que participó un ministro que antes no concurrió, y que si hubiese concurrido habría votado tal como lo hizo, y al senador Iván Moreira no lo habrían desaforado. Cursar denuncios administrativos en el resto de los casos me parece una fórmula que, amén de inteligente, resulta completamente consistente con la política histórica del órgano fiscalizador, y eso es lo que han hecho el actual director y su equipo.
La solución, en consecuencia, a la problemática que se plantea no radica en el SII sino que en el poder político, específicamente en el Ejecutivo, que es el único capaz de promover con máxima urgencia una reforma que prorrogue o difiera los cambios que ahora estarán vigentes, hasta nuevo aviso (entre estos paréntesis, hasta que se estudie e implemente una Reforma Tributaria que no produzca consecuencias económicas indeseadas).
Christian Aste
Abogado
