Fideicomiso para Sebastián Piñera y todos sus compañeros

“Ley Piñera”, así era calificada la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés en el entorno del propio Presidente electo. Pues ésta obliga a las autoridades públicas a constituir fideicomisos ciegos, una cuestión que el oficialismo venía impulsando verbalmente desde hacía tiempo pero que recién durante esta administración se hizo ley.

Previo a su promulgación, en el entorno de Sebastián Piñera sabían que una eventual regulación de conflictos de interés tenía nombre y apellido, pero veían difícil su concreción ya que a la entonces Concertación le convenía no legislar al respecto y así mantener abierto este flanco sobre el mandatario entrante. Sin embargo, en un contexto marcado por los casos Penta y SQM, este gobierno delegó en el economista Eduardo Engel una batería de medidas para prevenir casos de corrupción y resolver los dilemas que cruzan la política y el dinero, trasfondo que explica el porqué la ley 20.880 entró en vigencia en septiembre de 2016.

El cálculo de Sebastián Piñera tenía sentido, en relación a que esta ley estaba dirigida directamente hacia él, pero la verdad es que la obligación de constituir fideicomisos será obligatoria para varios miembros de su gabinete.

Así lo hizo ver ayer la próxima vocera de su gobierno, Cecilia Pérez, quien afirmó: «hay ministros que tendrán que abordar sus intereses a través de un fideicomiso”, insistiendo en el mensaje del propio Piñera, quien llamó a cumplir la ley y, en su caso, tomó medidas voluntarias adicionales.

Es que de los 23 ministros nombrados, 12 no son políticos y varios vienen del mundo de los negocios, siendo residentes de Sanhattan. Sociedades de inversión y cascadas que tienen como fin último la participación directa en empresas de todo tipo, son parte del patrimonio de varios de los ministros entrantes.

La ley establece noventa días para que, una vez asumido su cargo, puedan constituir fideicomisos siempre y cuando tengan un patrimonio en acciones o valores sobre las 25 mil UF (unos $670 millones), cuestión que al revisar el patrimonio de algunos de los próximos secretarios de estado, es altamente probable que superen.

Un patrimonio poderoso

Gerardo Varela, próximo ministro de Educación, tiene 18 sociedades a su haber. Varias compartidas con su esposa, Elena Barros, quien a su vez es hermana de José Miguel Barros, socio director de LarrainVial, una de las empresas financieras que ya administró parte del fideicomiso de Piñera y está en la lista de sociedades inscritas para ejercer esta administración por mandato. Esta empresa también fue defendida por Varela en el marco del caso Cascadas.

Como ya se ha publicado, se trata de un abogado que se desenvuelve en el mundo de los negocios como pez en el agua. Socio del conocido bufete Cariola Diez Pérez-Cotapos, ha participado en más de 50 transacciones de fusiones y adquisiciones en el mercado chileno.

Según información actualizada sobre sus bienes, Varela participa en 18 sociedades. Entre éstas Inversiones Waterloo, en la cual es socio del director del Centro de Gobiernos Corporativos PUC Matías Zegers. Esta sociedad se constituyó en el año 2000 con $3.500 millones, para ser invertidos en todo tipo de bienes, incluyendo instrumentos financieros.

Otra empresa que registra es Inversiones Los Galgos, en la cual comparte propiedad con Nicolás Cubillos Sigall, hermano de Marcela Cubillos, quien es la próxima ministra de Medio Ambiente. Participa también en Cariola Diez Pérez Cotapos SpA, la cual tiene entre sus accionistas a Inversiones CSK SpA, sociedad cuya propiedad es compartida con su círculo familiar.

El próximo ministro de Economía, José Ramón Valente, es otro de los ministros con varias sociedades a su haber. Si bien ha constituido una veintena de SA a lo largo de su vida, hoy tiene vigentes nueve de ellas, las que en su mayoría comparte con su cónyuge, Verónica Stein.

Una de las más importantes es Injoval, la cual antes de 2016 tenía un capital social de $2.500 millones, los cuales fueron posteriormente disminuidos a poco más de $1.650 millones. Es a través de esta sociedad que Valente participa de la propiedad de Econsult, sociedades de inversión de capital de riesgo y otras sociedades inmobiliarias. Valente dijo ayer que vendería su participación en la consultora.

También figura Inversiones Faval SpA, cuya propiedad es compartida por su señora y sus hijos, la cual fue constituida con más de $1.500 millones.

Susana Jiménez, próxima ministra de Energía, tiene cinco sociedades vigentes. Tal como Valente, la mayoría de éstas tiene propiedad compartida con su cónyuge, Marco Comparini, ex gerente general del Banco Penta y uno de los ejecutivos que quedó con arraigo nacional después de que se conocieran las irregularidades tributarias en el modelo de pago de bonos que el grupo hacía a sus ejecutivos.

Una de estas empresas es Inversiones Linz SpA, la cual en 2016 recibió un aporte de capital que la dejó con un patrimonio de $700 millones para ser invertido en todo tipo de bienes.

Jiménez también participa en Inversiones El Plomo, dueña de Maderas Pirihueico y la agroforestal del mismo nombre, más la administradora La Paloma, dueña de El Plomo.

El próximo ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, no podía quedarse fuera. El ex presidente de la CPC es un ejecutivo empresarial con recorrido. Tiene cuatro sociedades que se mantienen vigentes, pero entre sus bienes se hallan cinco vehículos y cuatro propiedades por un monto de avalúo fiscal que superan los $1.454 millones.

Entre sus inversiones, una de las más importes es Inversiones Promac Dos Limitada, la cual es accionista de Seguravita S.A., sociedad que a su vez participa en la propiedad de la compañía de seguros de vida La Construcción. También en sociedades anónimas como Agrícola Bellavista, más AMC Consultores Ltda. y Agrícola Río Claro Limitada.

Felipe Larraín participa en 14 sociedades distintas, seis de inversiones, tres inmobiliarias, entre otras. Su par de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, sólo tiene dos sociedades vigentes; Fontaine Consultores y Juan Andrés Fontaine y Asociados. Mientras Antonio Walker, de Agricultura, tiene cinco sociedades, de las cuales la más importante es Asesorías e Inversiones Antonio Walker E I R L, firma a través de la cual participa en otras nueve sociedades relacionadas al mundo agrícola.

Sanhattan se frota las manoss

Gran parte del interés de las compañías que se han inscrito en el registro especial para administrar fideicomisos no era sólo para competir por el manejo del patrimonio del Presidente electo, sino precisamente por la entrada en vigencia de la Ley sobre Probidad.

Hasta el minuto hay 21 entidades distintas inscritas en los registros de la Comisión para el Mercado Financiero. Entre éstas, algunas de las compañías más reputadas del sistema como BTG Pactual, LarrainVial y varias filiales bancarias.

Ahora hay que ver cómo se reparte la jugoso torta.