El debate involucra casi US$ 50 millones
La firma cayó en octubre pasado en default. Está ligada a varios cercanos a la Democracia Cristiana, entre ellos, Ernesto Tironi y Marcelo y Hugo Trivelli. La estatal le prestó más de 588 mil UF a la empresa y hoy intentará judicialmente recuperar su patrimonio. De fondo, una disputa que tiene a la compañía en debate por su supervivencia.
Podría pasar inadvertido, pero los montos que involucra no son pequeños. Y el acreedor tampoco es cualquiera. Se trata de una deuda que llega hasta los US$ 50 millones entre préstamos y garantías y que la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) no está dispuesta a dejar pasar. La historia involucra a la sociedad de garantías recíprocas ligada a un grupo de personeros DC bautizada como Confianza, una intermediaria que ha prestado plata a cerca de 40 mil Pymes.
Confianza opera como una Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR), es decir, una institución que busca facilitar el acceso al sistema bancario a las micro, pequeñas y medianas empresas, que operan gracias a fondos garantizados por la Corfo.
«Fomentar el desarrollo de las instituciones de garantía recíproca (IGR), para que puedan garantizar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas y, de este modo, las mipymes puedan acceder a financiamiento para sus actividades empresariales, productivas, profesionales o comerciales”, es el objetivo de estos fondos, según señala la estatal en su página web.
Pero después de una ‘amistad’ de varios años, la relación entre Confianza y la Corfo se quebró. El jueves pasado la estatal publicó un comunicado donde dijo que la empresa le debía al menos 588 mil UF (unos US$ 25 millones), y que además le había garantizado deudas por otras 521 mil UF (unos US$ 21 millones) bajo una nueva modalidad para la SGR que comenzó a funcionar desde 2013. Deudas que ahora reclamará judicialmente. Todo, mientras se debate si la firma se salva se la quiebra.
La salud financiera de Confianza comenzó a deteriorarse hace un par de años. Cercanos a la empresa explican que su crisis se inició cuando la Corfo comenzó a mostrarse dubitativa sobre el futuro de las SGR. Esto, sumado a la ralentización de la economía que ha sufrido el país. Las Sociedades de Garantías Recíprocas ganan margen por las comisiones que cobran al intermediar entre la banca y las Pymes que no tienen acceso al financiamiento, operaciones que se garantizan mediante fondos de la Corfo.
Confianza operó así por varios años, hasta que a mediados de 2016 otra firma del sector se vio en apuros. La firma bautizada como Congarantía le propuso una fusión, lo que a la larga afectó su pasar financiero. La Corfo debió aprobar la unión de ambas compañías, todo con el fin de que no cayeran en desgracia.
A Confianza le pareció una buena oportunidad para crecer en el mercado. La Corfo aprobó la fusión (que debía pasar por el consejo del organismo) y le planteó a dicha compañía cumplir con una serie de condiciones para mantenerse vigente como empresa: no pagarse dividendos y reinvertir todas las utilidades. El modelo parecía sensato.
Pero las cosas tuvieron un giro. De acuerdo a fuentes de la financiera, para ellos –y algo que le habrían expresado a Corfo– resultaba clave que la entidad les abriera nuevas líneas de financiamiento. Sin eso no podían seguir prestando plata, no percibirían comisiones y el negocio quedaría parado. Pero esos recursos nunca llegaron.
Fuentes de Corfo aseguran que la empresa comenzó a incumplir algunas de las condiciones pactadas, mientras que allegados a la compañía dicen que era imposible hacerlo mientras la estatal le mantuviera congelado el financiamiento. Lo cierto es que la firma empezó a atravesar serios problemas financieros.
La clasificadora de riesgo Humphreys era la encargada de supervisar la salud financiera de Confianza. Así, en diciembre de 2016 había advertido de algunos síntomas de su deterioro, esto por «el riesgo propio de los Fondos Confianza Pyme y Fondo Confianza Reconstrucción, que constituye la fuente de pago de 277 certificados vigentes por monto por $ 3.755 millones. Por su parte, la clasificación en BBB- de los fondos referidos es consecuencia de la alta exposición que presentan a eventos individuales, incluso considerando las contragarantías entregadas. Si bien, se trata de casos particulares, existen empresas avaladas que de caer en default provocarían intensificar aún más el deterioro en el valor de los fondos. En los hechos, se califica como limitada la liquidez de los fondos que respaldan un porcentaje relevante de los certificados emitidos”, señaló la clasificadora en ese minuto.
No fue el único llamado. Humphreys advirtió que las platas que le estaba pasando Corfo no eran suficientes para cubrir sus compromisos. “La sociedad ha utilizado las líneas entregadas por CORFO y requiere de líneas adicionales para seguir operando y, por ende, generando nuevos ingresos que permitan cubrir los gastos de operación, tanto para gestionar los fondos como los certificados emitidos al alero del programa IGR IV”, indicó.
El punto de no retorno fue en octubre. Sin plata para funcionar –admiten fuentes de confianza–, le comunicó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) y también a Corfo, que comenzaría su reorganización judicial. Humphreys bajó su clasificación a D.
La Corfo planteó entonces que “hace mucho tiempo los fondos de IGR (Confianza) se quedaron sin capital, por lo tanto los únicos fondos con los que cuentan son los de Corfo» y que, incluso, estaban en negociaciones con otras empresas del sector para que se hicieran cargo de sus responsabilidades.
Pero todo quedó en nada. La entidad gubernamental, reconociendo que los esfuerzos se agotaron, comunicó el jueves pasado que las tratativas habían fracasado y que no quedaba otra vía que iniciar acciones legales para el cobro de la deuda, que se compone de 588 mil UF que la estatal giró a la firma entre los años 2009 y 2012 por el concepto de los Fondos de Garantía administrados por IGR CONFIANZA, “conforme a los programas IGR I e IGR II”.
A ello se suma que la corporación reconoció que en 2013 se incorporó un nuevo mecanismo, llamado IGR Cobertura, “en el cual Corfo otorga una cobertura de riesgo a la IGR por los certificados de fianza emitidos por ésta para garantizar operaciones de crédito. CONFIANZA S.A.G.R tiene a la fecha coberturas por un total de UF 521.496,15 con una línea de liquidez por UF 29.223,66”.
Confianza no es de las empresas SGR con mayor participación de mercado, pero, pese a que su market share es menor, los nombres que acompañan a la compañía son conocidos, sobre todo en la esfera democratacristiana.
Entre sus socios está el ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli, nombrado en dicho cargo en 2002 por el entonces Presidente Ricardo Lagos. Fue vicepresidente de la DC en el año 2008, hasta que en 2009 renunció al partido para apoyar a ME-O. Trivelli es presidente del directorio de Confianza y figura ante la Sbif como su representante legal.
Confianza, según consta en la señalada superintendencia, es controlada por la sociedad Red Confianza S.A. (con el 92% de los papeles). En ella figuran más de una decana de socios, entre ellos, Hugo Trivelli Oyarzún, quien operó como presidente de EFE designado por el presidente Eduardo Frei, siendo otro reconocido cercano a la DC. Al dejar EFE, Trivelli Oyarzún se ocupó como gerente general del entonces Banco del Desarrollo, el brazo financiero ligado al partido, donde además operó por mucho tiempo como mandamás Vicente Caruz, este último relacionado al grupo Norte Sur y, a su vez, a Financoop.
Se suma como director de Confianza Ernesto Tironi (hermano de Eugenio, el lobbista). En la financiera comparte mesa además con otro viejo estandarte del partido, Leonardo Giavio, histórico militante DC y que también ocupó la gerencia del Banco del Desarrollo. El resto del directorio se compone de Mauricio Rojas Mujica, César Vallejo Díaz, Jessica Pinilla Tapia y Sergio Correa del Río.
“En el fondo acá se juntó un grupo de varios ex ejecutivos relacionados al Banco del Desarrollo que armaron esta empresa en el año 2007”, explica un conocedor.
En agosto, y cuando las relaciones con la Corfo estaban muy tensas, el directorio de Confianza optó por remover a la administración y, con ello, Trivelli asumió su labor negociadora como presidente del referido directorio. Fue él quien puso la cara ante Corfo, aseguran testigos.
Pero las tratativas quedaron en nada. La Corfo le había solicitado a Confianza darle a conocer su reorganización judicial. La firma la preparó de la mano del abogado Nicolás Stitchkin. El 2 de enero los representantes de Confianza y la Corfo se reunieron y la estatal les comunicó que no apoyaría la reorganización y que optaría por apoyar que la empresa fuera liquidada, es decir, se declarara en quiebra.
Fuentes de Confianza explican que la postura les pareció inexplicable, pues para todos los acreedores era más factible darle continuidad de giro a la misma y que así fuera poco a poco pagando sus deudas.
El detalle que involucra la liquidación forzosa no es menor. Si quiebra, la línea por $ 521 UF que avaló la Corfo (mediante el sistema que surgió en 2013, conocido como reaseguros de capital) queda sin efecto, por ende, la exposición patrimonial del organismo queda congelada en las 588 mil UF que prestó entre los años 2009 y 2012. Pero si se le da continuidad a la compañía, deberá seguir garantizando esas platas.
A juicio de Confianza, la movida de la estatal le da la espalda a la ley que supervisa a las SGR y garantiza los préstamos, mientras que para la Corfo es la mejor forma de reclamar los recursos fiscales y reducir la deuda a casi la mitad.
Según consta en el Poder Judicial, además, ya hay otros damnificados con la caída de Confianza. Demandas civiles fechadas a fines de 2017 acusan deudas con varios factorings. Entre ellos, Cumplo, ligado a Nicolás Shea, que les reclama una deuda de $ 301 millones, y Tanner, que exige otros $ 120 millones.
Con todo, el directorio de Confianza decidió ingresar a tribunales su petición de reorganización, a la cual acudirá como acreedor la Corfo, que ya manifestó que votará en contra de la misma. De todos modos, la entidad no es el acreedor mayoritario de la firma (entre los principales se cuenta a Penta y varias cooperativas), por lo que deberá buscar apoyo para rechazar la solicitud. Ahora las caras se las verán frente al estrado.
