Hace unos días, frente a la abrupta alza en el precio del cobre, El Mercurio publicó una editorial titulada “Política integral del cobre” en la que se señala que “Chile debe avanzar en la modernización y en los impulsos competitivos en el sector, lo que no pasa necesariamente por forzar políticas públicas de mayor valor agregado”, sosteniendo que “el proceso debe estar guiado por las fuerzas del mercado para que sea sostenible”. En el trasfondo está el optimismo por buenas expectativas futuras del precio del cobre, en función del mayor crecimiento esperado en China. Se trataría de aprovechar el nuevo boom de precios reduciendo costos y mejorando productividad, centrando las políticas públicas en acercarse a las mejores prácticas internacionales. Esta vuelve a ser una visión cortoplacista y completamente insuficiente para el desarrollo del sector.
Los análisis que existen sobre la minería chilena apuntan a que no podrá seguir creciendo como en los años 90. Las razones son varias: las leyes de los yacimientos decrecieron significativamente, insumos críticos, agua, energía y territorio para relaves se hacen cada vez más escasos y caros, los costos en general se incrementaron y la productividad cayó. En definitiva los proyectos son menos rentables; tendencia que se ha agravado por dificultades en la gestión y en la ausencia de prácticas más agresivas de innovación y desarrollos tecnológicos.
El desafío de la minería en Chile para seguir compitiendo en un ambiente geológico más maduro y con mayores requerimientos ambientales y comunitarios, requiere de una mirada nueva. Y esto no es fácil por la inercia de tantos años y por su ADN tan conservador. Para su transformación en un sector innovador, competitivo, difusor de tecnologías, inclusivo y sustentable, se requiere algo así como mover una montaña, para lo cual se necesitan muchas voluntades.
Para ello es fundamental conseguir un amplio consenso. Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, Alianza Valor Minero ha venido trabajando en esta línea y el Programa de Gobierno de Sebastián Piñera pretende seguir con ello para enfrentar los desafíos futuros en desarrollo, innovación y competitividad. Este será un buen comienzo si lo que se quiere es evitar partir de cero como históricamente ha sucedido y si además se logra aunar voluntades y esfuerzos en torno a una política nacional minera con propuestas de largo plazo, vinculantes para los futuros gobiernos, marcando una nueva etapa en el desarrollo del sector.
Pero además de una política consensuada con el sector privado se necesita de un liderazgo del estado en el sector, por varias razones. En primer lugar, para dar un marco claro a la industria de las metas país, aunando y apalancando los esfuerzos del sector privado en materias de exploración geológica, tramitaciones ambientales, productividad, prioridades para la innovación y desarrollos tecnológicos. Esto puede incluir orientaciones más precisas en torno a metas para una mayor contribución directa de la minería en una mayor densidad y complejidad de sectores industriales vinculables a dicho sector.
Tampoco es difícil pensar que se debe dar un empujón a la producción en eslabones de la cadena de valor ligadas a la fuerte demanda futura de cobre y litio esperada en la electromovilidad y en las energías renovables. Como ha sucedido hasta ahora, en Chile ha habido un gran desarrollo de la energía solar, pero con plantas e insumos importados. Para entrar en las cadenas de valor de los automóviles eléctricos, de las baterías y del sector energético en general con producción local, se requiere de políticas, financiamiento, alianzas internacionales todo ello enfocado en su logro.
Este liderazgo será imprescindible también para definir una mayor capitalización de CODELCO, que le signifique avanzar en nuevos proyectos entre los que debieran destacarse la automatización y robotización y las nuevas explotaciones; junto con la capitalización se debe avanzar en gestión en la industria metalúrgica, por ejemplo en la definición de nuevos procesos en fundición y refinación, cuyas plantas están lejos de ser competitivas y donde las tecnologías evolucionan a pasos acelerados a nivel mundial.
Entre las políticas generales hacia el sector cabe impulsar en forma agresiva el desarrollo de proveedores y exportación de servicios tecnológicos, difundiendo en la economía el nuevo conocimiento y la innovación, iniciativa desarrollada estos años por Fundación Chile y Corfo, pero que aún está lejos de incidir efectivamente en el sector exportador.
En la reconfiguración masiva de procesos hacia una minería sustentable es fundamental: el desarrollo de nuevas tecnologías para reemplazo de fuentes naturales del agua, conteniendo, controlando y limpiando el agua contaminada de sus operaciones; usando procesos más limpios (hidros) para el procesamiento de concentrados, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero; transformando los relaves en un recurso y recuperando minerales valiosos; empleando las energías renovables en la explotación minera y desarrollando estrategias consensuadas con la comunidad y fomentando una cultura en defensa del medio ambiente.
Por último, un rol de liderazgo del estado es fundamental si se toma en cuenta que los horizontes de tiempo con que los distintos agentes definen sus prioridades, no son necesariamente los mismos. El estado juega aquí un rol particularmente crítico, porque es capaz de pensar en horizontes más largos que el resto de los intervinientes e invertir en circunstancias que el riesgo involucrado paraliza al inversionista privado.
La idealización de la capacidad del mercado para enfrentar la mayoría de estos desafíos, dada su naturaleza cortoplacista, no encontrará estímulos ni una posibilidad realista para que la minería de un salto dadas las condiciones geológicas y del entorno más complejas en las que tiene que desarrollar su actividad hacia delante. De allí que cabe dejar de lado los ideologismos, apoyarnos en una alianza público privado y reconocer el rol proactivo y de liderazgo del estado para impulsar el desarrollo.
