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La desconocida interna de Financoop antes de caer en desgracia y la operación para tapar el caso Gobierno y el CDE se aprestan a firmar en total reserva un acuerdo con la polémica cooperativa

La desconocida interna de Financoop antes de caer en desgracia y la operación para tapar el caso

Héctor Cárcamo
Por : Héctor Cárcamo Periodista El Mostrador Mercados
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Pablo Ruiz, ex jefe de normalización de la cooperativa, demandó en agosto pasado a la empresa que manejan ex ejecutivos y socios del grupo Norte Sur. Nombre clave en la trama de irregularidades que llevó a Financoop a ser intervenida por el Ejecutivo y la justicia, fue despedido en julio de 2017 por falta de probidad e incumplimiento grave en su labor. Ante tribunales denunció que la empresa conocía desde 2016 lo que ocurría, con severas irregularidades en el manejo de su cartera de créditos para “blanquear” sus números y evitar que lo detectaran los fiscalizadores. Una conciliación y la sorpresiva modificación en la causal de salida por “necesidades de la empresa”, zanjaron la disputa. Pero sus dichos quedaron estampados en la causa, donde se revelan desconocidos pasajes de lo que ocurría en la compañía, hoy ad portas de cerrar un acuerdo con el Gobierno y el Consejo de Defensa del Estado para dejar todo en nada y permitir que la cooperativa reviva libre de polvo y paja.


Juan Subercaseaux Amenábar trabajó intensamente en casos de violación a los derechos humanos durante la dictadura, al alero de la Vicaría de la Solidaridad. De avanzada edad, el abogado es uno más de los miles de ahorrantes a los que la cooperativa Financoop les adeuda sus depósitos a plazo invertidos en los últimos años.

Como uno de los principales depositantes, Subercasueax asistió hace dos semanas a la comisión investigadora que en la Cámara de Diputados indaga sobre las irregularidades ocurridas en la firma ligada a ex ejecutivos y socios del grupo Norte Sur, un holding de negocios donde conviven personajes del mundo financiero con profesionales y políticos de alta vinculación política, fundamentalmente con la Democracia Cristiana.

En su alocución, Subercaseaux abrió una serie de preguntas sobre lo que ha pasado en este caso. Aunque dice que ha necesitado de ayuda de su familia para sobrevivir, dado que sus ahorros están en el corralito que generó el Gobierno cuando pidió a la ajusticia la disolución forzada de la cooperativa en agosto pasado, su inquietud estaba centrada en las inconsistencias del caso. La débil fiscalización gubernamental y las irregularidades que se ocultaban al interior de la cooperativa, en su opinión, no calzan.

A los diputados les entregó varios detalles del engorroso caso, aunque un dato debió sorprender. Recordó que existe una causa en tribunales laborales, de un ex ejecutivo de Financoop contra la cooperativa por despido injustificado.

El hecho pareció no despertar tanto interés de los parlamentarios, pero dejó huella. En el Primer Juzgado Laboral de Santiago, el ex jefe de normalización de Financoop, Pablo Ruiz, demandó a comienzos de agosto de 2017 a la empresa, rechazando la causal de despido con que lo sacaron a comienzos de julio del mismo año, acusándolo de no cumplir sus labores, claves en los procesos de renegociación de créditos vencidos y en el cobro de los numerosos préstamos que fueron caducando en los últimos años y que no se reflejaron en los estados financieros.

Sus dichos no fueron desmentidos por la empresa en la causa y coinciden con los antecedentes revelados en medio de las indagaciones que la cooperativa hizo desde mediados de 2016 y que, a comienzos de abril de 2017, dieron a conocer al Gobierno, desatando una crisis que aún no cuaja y donde las señales han sido falta de transparencia, lobby y dinero en juego.

Tras semanas de cuestionamientos cruzados en el tribunal laboral, la firma logró un avenimiento tras cuyo pago Ruiz guardó silencio, logrando un cambio en la causal de despido y cerrando un capítulo que amenazaba con romper la estrategia de la cooperativa.

En estos días, el Gobierno, los ejecutivos de la compañía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se aprestan a firmar en total reserva un acuerdo para reinstalar a la cooperativa en el mercado, protegida con el congelamiento de los depósitos vencidos (que suman más de 25 mil millones de pesos) y descartando una investigación a las severas irregularidades que parecen haber sido la tónica en la administración de Financoop en los últimos años.

Pablo Ruiz

Fuentes que conocen de las negociaciones entre el Gobierno y Financoop, dicen que el borrador del acuerdo estaba desde hace varios días en manos del CDE, el que está visando su contenido para luego firmar.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, se ha negado a asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que preside Jaime Bellolio. En tres ocasiones, Rodríguez, su antecesor, Luis Felipe Céspedes, junto a la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili, y la jefa del Departamento de Cooperativas, Decoop, Natalia León, se han excusado. Textualmente, Bellolio dijo en la última sesión que un asesor de Rodríguez le aseguró que no querían asistir mientras no hayan firmado el acuerdo con Financoop. Lo hizo para retrucar a la diputada PPD Loreto Carvajal, que cuestionó a Bellolio cuando este advirtió que el Gobierno busca claramente impedir el funcionamiento de la comisión, lo cual no permitirían.

De hecho, ese mismo miércoles 20 de diciembre la instancia acordó oficiar a la Contraloría, pidiéndole sancionar al equipo del ministro DC por no cumplir con su obligación legal como funcionarios públicos, de acudir a la citación. En su turno, la instancia contralora informó que revisará el actuar de Economía en todo el caso.

Puede ser este un camino para conocer lo ocurrido en los últimos años. El otro es la vía penal, donde se abrió una posibilidad de investigar las irregularidades ocurridas en la cooperativa, que venía maquillando sus estados financieros, realizando refinanciamientos unilaterales y poniendo al día créditos vencidos con nuevas líneas de financiamiento. La fórmula La Polar se instaló en la entidad desde 2010, como dijo la propia Piergentili en su recordada intervención en la comisión de Economía el 17 de octubre pasado.

Pero no solo lo dice la subsecretaría que hoy guarda silencio mientras se cuaja el acuerdo con la cooperativa.

Subercaseaux relató, en la misma sesión de la comisión investigadora donde se ofició a Contraloría, que le sorprendía lo que ocurría en la cooperativa. Que aunque lo más urgente es encontrar la forma de devolver los millonarios depósitos que miles de chilenos tenían en la firma, es necesario aclarar qué pasó en ella.

En esa línea, contó el caso del jefe de normalización de Financoop, Pablo Ruiz, que fue despedido por orden de directorio a través de Livacic, el 4 de julio de 2017, en los mismos días en que Economía se instalaba en las oficinas de la cooperativa para recabar la información necesaria para entender qué realmente estaba ocurriendo en la firma, luego de más de tres meses negociando un acuerdo  bajo cuerda para evitar el escarnio público y mantener funcionando a la cooperativa.

En su carta de despido, Ruiz es acusado por Financoop de “incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”, vinculado esencialmente al cobro de los créditos morosos y todas las labores que involucra recuperar las carteras riesgosas, como la relación con los proveedores.

No era el primer despedido duramente. El 28 de abril de 2017, fue el propio Patricio Riquelme, histórico gerente general de la cooperativa, quien dejó la empresa también por incumplimiento grave de sus obligaciones, pero con un añadido: faltas a la probidad. “Lo curioso es que la cooperativa no denuncia ni se querella contra el señor Riquelme”, apuntó Subercaseaux a la comisión.

La situación es más curiosa. Aunque no ha sido posible contactar a Riquelme y desde Financoop no se refirieron al hecho, fuentes ligadas al caso aseguran que existe un crédito cercano a $ 50 millones otorgado por la cooperativa a Riquelme junto a su esposa, quien desempeña labores en Scotiabank y antes lo hizo en Banco del Desarrollo, la entidad que condujeron hasta 2008 Vicente Caruz y los actuales líderes de Financoop, el presidente Ernesto Livacic y el vicepresidente Daniel Albarrán, ex gerente general del banco de Caruz.

Las mismas fuentes afirman que Riquelme no quedó desempleado. Desde hace unos meses asumió un cargo en la empresa de seguridad Federal Chile S.A., compañía que estaría ligada a un fondo de inversión que ha tenido vínculos comerciales con Norte Sur.

Caja de Pandora

Pero a diferencia de Riquelme, Pablo Ruiz no guardó silencio. El 1 de agosto del año pasado, Ruiz ingresó una demanda al Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por despido injustificado, indebido e improcedente y cobro de prestaciones laborales.

En la presentación, su abogado Jaime Pablo Rodríguez pide el pago de 25 millones de pesos y que se cambie la causal de despido por “necesidades de la empresa”, aludiendo a la situación financiera que traía la cooperativa y por la que venían ajustando costos en la misma desde 2016, muchos antes que se hiciera pública la disputa con el Gobierno, en agosto de 2017.

Ruiz conocía la interna de la empresa y no se calló nada. En su demanda detalla la realidad que había en ella y que se ha venido ocultando por largo tiempo.

Entre los numerosos cuestionamientos que la empresa hace en su carta de despido a Ruiz, le reprocha una muy deficiente labor de supervisión, gestión y seguimiento de las compañías encargadas de las cobranzas de créditos, en especial a propósito de las metas que había definido la firma a comienzos de 2016 para recuperar parte de los créditos que se sabía estaban venciendo y no se lograban recuperar. En esa línea, la cooperativa le recuerda la meta anual de recaudación de una cartera especial de $ 600 millones.

Sobre esta meta, Ruiz dice que “podría” estar referida a una ‘cartera especial’, la cual «obedecía a un grupo de socios deudores y sus créditos identificados por Financoop con esa denominación (…) a fin de aislarla de la gestión normal y habitual”. Ruiz agrega que esa ‘cartera especial’ “identifica a operaciones de crédito compuestas por castigos incobrables, traslado de cuotas, líneas de crédito, la mayoría existentes antes de mi llegada a la cooperativa”.

El ex ejecutivo de Financoop rompe el generalizado silencio que ha habido desde la compañía sobre lo ocurrido en los últimos años en ella y describe los pasos que venía dando la administración para manejar la cartera vencida que hoy, según el Gobierno, supera los 13 mil millones de pesos, créditos vencidos y que debieron haber sido provisionados. De acuerdo a las estimaciones de Economía y el CDE, si Financoop hubiera reconocido estas provisiones deberían reconocer también pérdidas netas por unos 9.500 millones de pesos, lo que dejaría con un profundo hoyo patrimonial a la firma que tiene menos de 5 mil millones de pesos de capital.

“Esta denominación hizo que en el primer trimestre de 2016 un número cercano a 2.000 socios-deudores fueran asignados a cobranza de manera exclusiva a una sola empresa y a un Cobrador Terreno único, este último personal de Financoop”, relata Ruiz.

Añade que la empresa intenta responsabilizarlo de la situación financiera de la compañía, cuando los responsables están más arriba. “(…) La mala situación financiera se debe a una política de manejo de los créditos otorgados y al cobro excesivo y abusivo de intereses que denunciaban sus socios, debido a malas decisiones directivas y ejecutivas, decisiones sobre las cuales nunca tuve voz ni voto en las materias de índole de negocio, ni de la administración”.

No se queda ahí y sostiene que, durante el año 2016, “comenzó a develarse una pugna interna entre el gerente general de la empresa don Patricio Riquelme Guajardo y la gerente de administración y finanzas, doña Nelda Cordova Lazo, de quien dependía el departamento de contabilidad de la empresa, toda vez que los reclamos de los socios-deudores cada vez eran más frecuentes y subidos de tono, debido a los cobros en exceso que efectuaba Financoop, lo que llevó al área de Riesgo de la empresa a investigar a qué se debían dichos cobros en exceso, descubriendo que obedecía a la aplicación de intereses no pactados en los sistemas de control de Financoop, operación efectuada en el departamento de contabilidad”.

Los dichos de Ruiz son claves. Riquelme fue sustituido interinamente por Córdova, quien de hecho ha representado legalmente a la compañía en sus distintas actuaciones e incluso asistió a la audiencia preparatoria del juicio de 3 de octubre pasado con Ruiz en los tribunales. Según Ruiz, es Córdoba la responsable de realizar cobros de intereses no pactados a través del área de contabilidad que pendía de su gerencia de administración y finanzas de la época.

La compañía en su contestación en la demanda resume los dichos de Ruiz, pero no refuta ninguno en lo referido a las irregularidades que había en la cartera de créditos riesgosos de la empresa. De hecho, niega que le haya cuestionado la falta de cumplimiento de metas en cuanto a la recuperación de créditos, enfocando las críticas en la relación con estudios de abogados y empresas de cobranzas que participaban de dicha gestión.

La causa de Ruiz con Financoop terminó a comienzos de diciembre con un avenimiento donde la firma retira la causal de despido por “necesidades de la empresa” y acuerda pagarle poco más de 6 millones de pesos, renunciando ambos a cualquier acción judicial no vinculada al acuerdo.

Las bases del entendimiento se comenzaron a tejer después del 6 de octubre en la audiencia donde la jueza Claudia Tapia oyó a las partes y propuso un principio de acuerdo, recordando a Córdova y sus abogados que, si querían sostener la causal de despido original, tenían que demostrarlo, “lo que no es fácil”, les dijo.

La Polar II

Ruiz describe en su demanda cómo funcionaba la máquina de repactación unilateral de créditos de Financoop, una seudocopia de lo que pasaba en la multitienda La Polar cuando, en junio de 2011, estalló dicho escándalo.

Aludiendo a las operaciones que permitían cobrar los excesivos intereses, Ruiz detalla que dichas operaciones consistían “según se nos explicó, en utilizar la cláusula de los pagarés de respaldo que permitía repactar en forma automática y unilateral las deudas y traspasar los créditos morosos en su totalidad a una operación de cuenta corriente, denominada Línea de Crédito o Crédito Automático o Ref. Especial Cobranza, con el objeto de evitar tener que provisionar fondos para incobrables por ella y además ‘refrescar’ la cartera de la cooperativa haciéndola aparecer como ingresos”.

“Dicha operación se habría realizado en aproximadamente 1.709 casos y por cierto que los intereses que se aplicaron conforme a sistema no tuvieron límites, ni control generándose un efecto de duplicidad del monto de la cartera ($3.602 millones de devengo versus $ 4.584 millones de capital, a fines de 2016). A esto se le llamó los ‘devengos’ y se culpó por dicha situación al Gerente General de la época don Patricio Riquelme Guajardo, quien se defendió diciendo que era responsabilidad del área de contabilidad dependiente de doña Nelda Córdova Lazo”, continúa el relato sobre la interna de la empresa ya en 2016.

Los hechos se cruzan con la historia oficial de la compañía sobre los últimos dos años. El relato que ha hecho Financoop es que en abril de 2016 ingresaron a su Consejo de Administración Ernesto Livacic, Daniel Albarrán y Richard Muñoz, punto de partida de las gestiones que permitirían un año más tarde transparentar la irregular situación que se vivía adentro.

Livacic y Muñoz ingresaron al Comité de Crédito donde también estaba Riquelme. Según indica Financoop en su contestación a la demanda de disolución forzada de Economía en octubre pasado en el 23 Civil, “la diligencia y expertise de los Sres. Livacic y Muñoz dentro del referido Comité de Crédito, permitieron progresivamente ir dejando en evidencia diferencias de criterios contables respecto de la provisión y clasificación de la cartera de créditos denominada ‘Ref. Cobranza’, las que luego fueron debidamente informadas al Consejo de Administración y posteriormente a la autoridad”.

La cooperativa fija en el 3 de octubre de 2016 la primera sesión del Consejo de Administración de Financoop donde comienzan a verse antecedentes de las irregularidades en su cartera de créditos morosos. Es el mismo mes en que Vicente Caruz cierra la venta de la participación de Norte Sur a la francesa Sidi, hecho ocurrido el 27 de octubre, en la segunda sesión del Consejo, señalada por la empresa como parte de las instancias donde se analizó el caso para,recién en marzo de 2017, darlo a conocer al Consejo de Administración, tras recibir también el informe de la auditora KPMG, donde se revelan interminables problemas de gestión interna de la cooperativa.

Pero, según Ruiz, las cosas vienen de antes y eran conocidas en la alta administración.

Lo cierto es que el 13 y 17 de marzo del año pasado, señala Ruiz, la gerenta de riesgo, Paula Avendaño, denuncia los hechos a los directorios de la compañía, “a propósito de los reiterados reclamos de los clientes que incluso habían efectuado denuncias y amenazas de demandas”.

Este medio consultó al Sernac y a la propia Financoop sobre estas denuncias, pero desde el organismo público aún no era entregada la información al cierre de esta edición.

Si embargo, lo cierto es que la causa laboral entre la cooperativa y el ex jefe de normalización permitió allegar información desconocida de lo que ocurría dentro de Financoop y que revela que el maquillaje financiero y las repactaciones de créditos unilaterales eran pan de cada día en la cooperativa.

Financoop fue consultada por estas materias. «Una vez que el Consejo de Administración de Financoop se enteró de los hechos que hoy se discuten en los tribunales, es decir, a finales de marzo, se informaron como correspondían todos estos antecedentes en tiempo y forma al Ministerio de Economía. A partir del trámite judicial que tiene este caso en diferentes Juzgados, nuestra política es no referirnos a estas causas mientras estas continúen en curso ni tampoco a los antecedentes que ahí se contengan”, respondió.

Protocolos internos, informe de KPMG y Sergio Álvarez

En un correo enviado por Ruiz a otros ejecutivos de la empresa el 28 de diciembre de 2015, hace ya dos años, propone evaluar cambios o ajustes al protocolo de renegociación de créditos para dar “continuidad operacional” al Tubo de Renegociaciones.

El protocolo establece con toda claridad los distintos productos para dejar al día a un cliente, incluyendo traslado de cuotas, renegociaciones, refinanciamiento y línea de crédito flexible.

En el caso del “traslado de cuotas”, señala el documento que es un producto destinado a regularizar cuotas en mora, para operaciones de Línea de Negocio DxP (excluye comerciales) “al amparo de la cláusula de renovación o prórroga automática contenida en el pagaré”. «Las cuotas prorrogadas se trasladan al final del calendario original, a su mismo valor, sin intereses adicionales ni gastos de cobranza ni costos de prepago”, precisa.

En el caso de la “línea de crédito flexible”, detalla el protocolo que es un producto para pagar cuotas en mora. “Esta acreencia queda registrada como una cuenta por cobrar y su recupero es contra el pago al contado o por medio de una renegociación. Su pago es por su valor entero, con o sin intereses por reconocer, permitiendo abono”, concluye, delatando la fórmula para mantener créditos vigentes.

Más adelante, el documento explica que “toda renegociación debe estar destinada a viabilizar el flujo de pago de una deuda hasta su extinción, compatibilizando la disminución del gasto de cartera o provisiones, presente y futuro, conforme la normativa vigente (RAE 1.321 del 11 de junio de 2013)”.

Aunque el propio protocolo establece algunas condiciones para estas operaciones, como verificar sueldos y domicilio, entre otras, lo cierto es que Financoop estaba embarcada en recuperar la gran cantidad de créditos que estaban venciendo y no eran pagados por sus clientes-socios. Según explicó la propia empresa, las dificultades de pago comenzaron a aparecer desde que entre 2009 y 2010 Contraloría emitió dictámenes que impedían el descuento por planilla, lo que elevó sustancialmente el riesgo.

De hecho, la aceleración de renegociaciones permitió en 2016 que Financoop apareciera con utilidades (marginales), luego de haber perdido más de 1.500 millones de pesos en 2015.

En el Consejo de Administración del 27 de abril de 2016, cuatro meses después, se define revisar las políticas de incentivo a los ejecutivos de venta que participan de las renegociaciones, destacando en particular “mantener consistencia en incentivo igualitario ligado a venta y gestión de cartera en mora…”.

En la misma sesión se concluye que, tras revisar las proyecciones para 2016, “se define asignar la gestión de cobranza y normalización de la cartera especial con riesgo sobre lo normal, a una empresa externa especialista en cobranza, con una clara meta de presupuesto anual y seguimiento mensual de cumplimiento”, estableciendo que “el resto de la cartera quede en gestión con los equipos internos y empresas de cobranza prejudiciales y judiciales”.

Los hechos que relata Ruiz y los documentos que llevó a la causa laboral coinciden con el informe de Sergio Álvarez, presentado en mayo de 2017 al Consejo de Administración y que fue pieza clave para la demanda presentada por Economía en tribunales civiles hace 3 meses y por la cual busca liquidar la cooperativa, alegando no conocer la real situación patrimonial de la compañía.

El experto analizó justamente las bases de datos de la empresa desde junio de 2015 a diciembre de 2016 y auditó la cartera de Ref Cobranza (la de mayor cuantía de créditos morosos y repactados) y “en general al riesgo de la cartera crediticia” de la cooperativa.

Según informaba la compañía al cierre de 2016, la cartera vencida era de 1.932 millones de pesos y sus provisiones sobre colocaciones apenas 1.079 millones. Las cifras distaban de la realidad.

Álvarez afirma que la Ref Cobranza (más de 8 mil millones de pesos) comenzó a ser tratada como línea de crédito desde el acuerdo del Consejo de Administración de mayo de 2010. “En la práctica esa línea de crédito se implementó sin vencimiento y con pago mínimo cero, en consecuencia, se mantiene sin morosidad”, evitando con ello la provisión y, por ende, eliminando, para efectos de los estados financieros, la posibilidad de pérdida.

Puntualiza Álvarez que gran parte de estos créditos fueron incorporados a la categoría sin provisión antes de 2014, pero que su fecha de origen no es identificable con claridad, pese a lo cual afirma que gran parte tendría su origen antes de 2010. Además, recalca que dejaron de devengar (cobrar) intereses después de 2015, en línea con los dichos de Ruiz en su demanda laboral, aunque siguieron ingresando nuevas renegociaciones a tal cartera en 2016. También señala que hubo un acuerdo de directorio de septiembre de 2015 para dejar de usar ese producto, lo que finalmente no ocurrió.

Álvarez determinó que la cartera con algún nivel de deterioro en su pago (morosidad) sumaba al cierre de 2016 unos 13.645 millones de pesos, de los cuales el 90% correspondía a las carteras Ref. Cobranza y Cartera Especial, las dos áreas que concentraban el desorden administrativo interno y las irregulares prácticas crediticias y de riesgo.

Así lo señala también el informe elaborado por la auditora KPMG al cierre de 2016 y que fue adjunto a la causa laboral por la propia cooperativa. Allí devela interminables problemas de gestión interna en la administración. Uno de los principales radica en la inexistencia de un área de control de riesgo, la misma característica de La Polar y que la auditora la puso en conocimiento de la empresa recién en marzo de 2017 como parte de lo requerido por el Consejo a fines de 2016. La auditora también advierte sobre la necesidad de “definir matrices de riesgo de los procesos” y cuestiona la “falta de respaldo en el proceso de traslado de cuotas e incumplimiento de la política” de riesgo y cobranza.

La revisión de KPMG también denota debilidades severas que llegaron a afectar incluso los últimos días de marzo de 2017, previo a que el Consejo se informara de los detalles de las irregularidades y luego se reuniera con el Gobierno.

KPMG –cuyo socio a cargo de Financoop, Mario Torres, ya no estaría en la compañía y sería el mismo que auditaba a Nexus– dice que en el área de tecnología no había procedimiento de control de cambios de programa, que había debilidades en procedimiento de administración de cuentas de usuarios, lo que incluso permitió que personas desvinculadas de la empresa luego accedieran a servidores de Financoop.

La ejecutiva que ocultó y denunció

La situación relatada por los informes referidos anteriormente no era nueva, como lo detalla la gerenta de riesgo Paula Avendaño en un correo a Livacic, el 27 de marzo de 2017. Le informa que ese día habían “desaparecido” las carpetas del año 2013 y anteriores, “con la información de cierres y cálculos varios” de la carpeta de administración y finanzas, que hasta ese momento dirigía la ahora gerenta general interina, Nelda Córdova.

En dicha comunicación, Avendaño reconoce un severo nivel de desconfianza al interior de la compañía, relatando lo ocurrido con el especialista informático de la empresa, Luis Lagos, quien “mostró inconsistencia al declarar que era muy largo y costoso obtener dato de pagos recibidos al producto Ref. Cobranza”. Dice la gerenta que “le manifesté que ese dato me lo habían entregado el día anterior (desde control de gestión) y en ese momento dijo que con tantos requerimientos que procesa puede que se le haya olvidado”.

La ejecutiva evidencia preocupación por lo que ocurre a sus espaldas y se lo hace ver al presidente, indicándole que entregó a Sergio Álvarez –que en ese momento preparaba su informe– la tabla de datos y base de donde su equipo obtuvo el dato de los pagos recibidos al producto en 2016. Pero le da un consejo a Livacic: “Sin embargo, considero que si no se accede rápidamente a los sistemas y se restringe la posibilidad de modificación, un especialista informático interno podría modificar las consultas y los datos”.

Y concluye reconociendo que no tienen certeza respecto a si la cooperativa estaba otorgando créditos sin que pasara por evaluación central, como indicaban los protocolos.

Avendaño es otro personaje clave en la historia.

En otro correo enviado el 23 de marzo de 2017, da respuesta a las consultas que le realiza la administración sobre la mentada cartera de Ref. Cobranza y allí denuncia las irregularidades.

En el punto 7, la ejecutiva reconoce que sabía, al menos desde julio de 2016, de las irregularidades de boca del propio Patricio Riquelme.

“En julio de 2016, el gerente general me mencionó de manera reservada que el jefe de contabilidad le indicó que el monto adeudado asociado al producto Ref. Cobranza era mucho más alto que el que yo manejaba, y me pidió que averiguara reservadamente y le reportara”, relata.

Agrega que de inmediato pidió información al área de control de gestión (a su cargo a marzo de 2016) y que le indicaron que “efectivamente el saldo colocación (monto insoluto más devengo) era prácticamente el doble de monto que manejábamos desde archivo de provisiones que nos provee informática (monto insoluto)».

Es decir, se reprogramaban créditos, aumenta el stock de colocaciones de Financoop y no aumentaban las provisiones, haciendo aparecer a la compañía con números más que positivos, aumentando sus colocaciones sin elevar sus gastos por créditos riesgosos. En su memoria 2016, la cooperativa tiene otra explicación para esto.

Señala que ese año las colocaciones crecieron un 4,9% real alcanzando un stock de 44.171 millones, aumento que “responde a un fuerte trabajo en desarrollar canales de distribución de nuestros servicios financieros”. Añade que el año generó un excedente de 25 millones de pesos gracias a un margen bruto que subió 11.4%, derivado de “un cambio en la composición del flujo de colocación del año y a una mejora en las recaudaciones de seguros”.

Explica que el gasto en provisiones fue de 2.383 millones (monto distinto a lo expuesto por el informe de Álvarez) y que se recuperaron 280 millones en créditos castigados. “Diversas medias fueron aplicadas en el ejercicio, en especial aquellas destinadas a la iniciación de créditos y cobranza especializada en segmentos de alto riesgo”.

Pero las revelaciones de Avendaño van más allá, y revelan el dolo con que operaba la administración. “Durante julio/agosto 2016, realicé levantamiento de datos de producto Ref. Cobranza, relativo a documentación de respaldo, abonos realizados por los socios, créditos origen, etc. Informé al gerente general, quien me instruyó mantener el antecedente del saldo Colocación en torno a los 8.000 millones de pesos en reserva, seguir gestionando con precaución a estos socios para que reconozcan la deuda y firmen un traspaso de ella a calendario de pago como un crédito tradicional. También me instruyó no enviarle información respecto del producto Ref. Cobranza por mail”, señala Avendaño.

Las indagaciones de Avendaño confirman que solo un 12% de las operaciones de renegociación tenían respaldo documental y agrega que Riquelme le instruyó “que cualquier reporte entregado debía sumar un monto total adeudado de producto Red Cobranza, Saldo Colocación, en torno a los 4.500 millones, mientras evaluaba alternativas respecto de esta cartera y profundizaba su análisis”.

Su conclusión es cruda: “Por lo anterior, se solicitó separar esta cartera de manera tal, que las operaciones que se mostraran oficialmente a cualquier instancia, y de cualquier área, sumaran en total un saldo colocación (monto insoluto más devengo) de 4.500 millones de pesos”.

Y no queda ahí. Avendaño detalla que las irregularidades detectadas derivaron en disputas internas. Asegura que una parte importante de las operaciones de reprogramación Ref. Cobranza venían de 2012 y 2013, que “los socios no reconocen la deuda y menos aún un monto de deuda que no disminuye a pesar de los abonos”

Relata que el especialista en cobranza a cargo de gestionar dicha cartera de créditos vencidos recibió reiterados reclamos de socios y que, tras indagar, detectó que los abonos de los clientes solo cubrían intereses y no capital. La solución, recuerda, fue que para los socios contactados se reversaran los pagos que solo iban a intereses. “Esta gestión generó relaciones laborales ásperas entre los especialistas en cobranza de mi dependencia (Jorge Salinas/Roberto Cadenas) con jefe de contabilidad, en especial en segundo semestre de 2016”, refiere.

En la parte final de su correo, Avendaño no deja lugar a dudas sobre las severas irregularidades que se vivían en Financoop.

Entre los motivos por los plantean su decisión de denunciar la situación al presidente Livacic, Avendaño recuerda lo que Riquelme le habría manifestado a su regreso de vacaciones. “Si nos insisten en aparente inconsistencia en ingresos, me debo declarar culpable por tema de Ref. Cobranza y su monto mayor, y si no hay insistencia en inconsistencia, debo gestionar para disminuir el monto de este producto a la mitad de manera independiente, sin reportar ni informar a los gerentes”.

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