La solicitud de estudiar la reorganización de Enel, que en una semana deberá aprobar el proceso en junta de accionistas, sorprendió a la compañía, la cual rechazó los cuestionamientos del escrito presentado por la Asociación de Municipalidades y los abogados Mario Bravo, además de Ramón Briones y Hernán Bosselin. Si el TDLC acoge las cautelares solicitadas, la firma de capitales italianos vería congeladas sus intenciones.
Preocupación en el Grupo Enel había ayer, tras conocer de la presentación hecha por el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Felipe Delpin, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), pidiendo revisar la reorganización societaria del holding que en una semana vive un hito clave en las juntas de accionistas.
Delpin, junto a un grupo de abogados, entre ellos Mario Bravo y Ramón Briones y Hernán Bosselin, requieren al tribunal abrir una consulta donde se analicen los riesgos contra la competencia de la operación. Y pone la presión pidiendo que en forma cautelar se congele la operación y, por ende, no se realice la junta de la próxima semana. Si el TDLC accede, todo quedaría en jaque.
Esto, aunque no es el último paso de una reorganización valorizada en total en US$ 4.700 millones. La propuesta incluye la OPA por parte de Enel Chile para subir del 60% al 100% de la propiedad de la ex Endesa y adquirir Enel Green Power, la unidad de Energía Renovable No Convencional (ERNC), hoy en un 100% en manos de la italiana. En el primer semestre de 2018 se debe lanzar la OPA, por lo que Enel señaló ayer que la materia planteada puede revisarla la Fiscalía Nacional Económica (FNE) cuando se generen los efectos de los actos.
La firma advirtió que el escrito oculta en realidad una demanda, la cual debería ser presentada como tal y no en el TDLC, afirmando que está segura de que no hay vulneración a las normas de libre competencia.
Pero en la empresa hay preocupación, pues, si el tribunal decide abrir una causa, genera un marco de incertidumbre para los inversionistas y abre un debate en medio del proceso de reorganización.
El abogado Ramón Briones defendió plenamente su actuación y baja la relevancia a la polémica por los dichos del alcalde de Puente Alto, Germán Codina (UDI), quien cuestionó la presentación de Delpin, toda vez que no habría sido aprobada por la orgánica de la AChM, detalle que destacó Enel ayer en su declaración.
Briones agregó que no creía que detrás del reclamo de Codina estuviera la vinculación UDI con el presidente de Enel, Herman Chadwick Piñera, primo del ex Presidente Sebastián Piñera, sino que simple desconocimiento de la presentación. El abogado aseguró que solo puede beneficiar a los municipios y cree que cuando Codina la conozca “saltará de alegría y entusiasmo, porque va a entender que lo que se ve ahí es una gran política pública”.
El TDLC debe revisar la presentación de casi 60 páginas de los abogados y definir si acoge la cautelar de detener la operación o solo dar curso a la consulta y abrir el micrófono a quienes deseen participar. Si acoge la cautelar, el Plan Elqui se detiene y las juntas de la próxima semana no tendrían efecto. El organismo no requiere poner el tema en tabla y podría revisar la causa en cualquier momento y en cualquier caso, antes de la junta.
El asunto reabre el debate por la concentración del sector eléctrico. Enel tiene casi el 50% de la generación y la mayor empresa distribuidora del país, Enel Distribución, en la Región Metropolitana.
Briones sabe del tema, pues fue clave en el caso relativo a la integración de generación y distribución en un mismo actor, lo que derivó en dictámenes de 2002 de la Comisión Antimonopolios, predecesor del TDLC.
En la presentación aluden a cuatro riesgos anticompetitivos, entre ellos, el incumplimiento del dictamen 667 de 2002 contra la referida integración.
Pero además apuntan al aumento del poder de mercado del grupo Enel y las barreras de entrada a la distribución, derivadas del monopolio del negocio.
Briones cree que tienen posibilidades de ganar. “El tribunal seguramente adoptará medidas pertinentes para que no se produzcan daños y tendrá que sopesar que ya no tiene sentido mantener en la misma mano distribución y generación y lo mismo con generación hidráulica y ERNC”, dijo.
Cabe recordar que hace dos semanas un inversionista minoritario, con vínculos con el abogado Mauricio Daza, pidió ante la SVS que Enel aclare los efectos por litigio de un proyecto minero controlado por el empresario Sergio Weinstein, quien exige un monto indemnizatorio cercano a los US$2.178 millones.
