Deudas se estiman en torno a los $160 mil millones
Prestadores de la isapre y bancos se enfrentaron por el destino de los bienes inmuebles que se sumarían a las garantías de Masvida. Los primeros tienen condición de acreedor preferente, mientras que la banca quería eliminar dicha distinción. De aprobarse la reorganización, Nexus liberaría $27.000 millones que están pactados como un segundo cierre de contrato tras el traspaso de la cartera.
Para esta jornada se esperaba la concreción de un paso clave en el proceso de la fallida isapre Masvida, una historia con meses de desarrollo y que se acercaba por fin a un desenlace, al menos en lo que respecta al destino de sus robustas deudas, pero el caso quedó en suspenso.
En Concepción se llevó a cabo la junta de acreedores, instancia que serviría para votar la reorganización judicial de la compañía, cuyas deudas se estiman en torno a los $160 mil millones. Sin embargo, esta se suspendió por la pugna que hubo entre los prestadores de la isapre y la banca.
Nelson Contador y Luis Felipe Castañeda, quienes trabajaron en la propuesta de reorganización original de la fallida isapre, tomaron nota de peticiones por suspender la junta, por la discordia que supuso el destino de los bienes inmuebles que se les inyectarían a las garantías totales de la isapre, con las que se pagarían sus acreedores.
Mientras los prestadores fueron de la línea de respetar el convenio que hubo entre Nexus y Empresas Masvida, en el cual se establecía que los bienes inmuebles de la isapre –estimados en torno a $9 mil millones, aunque hay cifras algo superiores– tendrían como destino el pago de deudas de los prestadores, en su calidad de acreedores preferentes; los bancos quisieron incluir, en la propuesta de reorganización, ciertas cláusulas que en la práctica omitirían la condición de “preferente” a los prestadores de la isapre, generando el disenso.
El punto 4.7 del convenio entre Nexus y Masvida indica que lo recaudado por el remate de bienes raíces (donde se contaría una serie de propiedades en el sector de Eliodoro Yáñez, aledañas a la Universidad Gabriela Mistral, donde Masvida construirá nuevas dependencias) irá exclusivamente a los prestadores de salud y en ningún caso a los valistas. El objetivo de los bancos es que una serie de modificaciones propuestas les permitan acceder a esta recaudación.
Fuentes afirmaron que igualmente la banca quiso forzar la votación, sin embargo, al final propusieron postergar la junta al haberse fraccionado el interés de los distintos acreedores.
Otro factor que incidió, aunque en menor grado, en la suspensión de la votación fue la cláusula en la cual los acreedores renunciarían a ejercer acciones legales en contra del interventor de la isapre, Robert Rivas, sus asesores y otras autoridades. A diferencia del punto anterior, sobre este tema existe consenso entre todos los acreedores de que no votarán este punto.
Trascendió además que los bancos quisieron presionar para que en el mismo acuerdo quede establecido que sí van a recibir parte de las platas de la caja que la fallida Isapre posee. En ella se contarían los $ 27 mil millones del segundo pago previsto por parte de Nexus.
En la pelea por las platas, los prestadores de salud tienen garantía en los pagos, y tras ellos han aparecido otros acreedores con “hambre”, entre ellos, el SII, que reclamaría cerca de $15.000 millones pendientes. Con todo, los cálculos de los bancos serían que su opción de recuperar platas es mínima. De allí que las tratativas no dieran resultado para que aprobaran el acuerdo.
Dentro de las facultades legales del proceso estaba postergar la votación, por lo que el miércoles de la próxima semana en el 1° Juzgado Civil de Concepción, se volverá a poner sobre la mesa el asunto. Los bancos entonces buscarían que, para ese entonces, los otros acreedores acepten que parte de los dineros que se recuperen sean repartidos con ellos, condicionando así su votación a favor del acuerdo.
“Va a haber presión de los bancos a todos los sectores, en su derecho, porque si no queda establecido que recibirán algo de la caja, van a quedar en la cola eternamente sin recibir un peso. Ahora, de no flexibilizarse el acuerdo, sería un problema político muy feo para el Gobierno, porque si se cae el acuerdo el pago de Nexus no se concretaría”, explica una fuente.
Cercanos al proceso agregaron que, además, pese a que es una movida explicable en este tipo de procesos, tensa la relación de los acreedores con el interventor, Robert Rivas. “Su labor se termina en noviembre y no es prorrogable. Eso quiere decir que corre contrarreloj para aprobar el acuerdo, recaudar platas, rematar bienes y pagar”, añade un entendido.
