Observadores del conflicto se han preguntado si Green Power debería informar en las contingencias de resultados del primer semestre el juicio y si a la vez las valorizaciones que hoy se hacen de la compañía en medio del bautizado plan Elqui deberían considerar esta disputa como parte de su evaluación. Entre directores de la compañía se ha comentado qué tanto “daño” podría hacerles esta acción judicial, aunque la respuesta de los asesores ha sido que no hay que preocuparse de más, ya que un juicio anterior asegura el éxito de este nuevo caso.
Es una disputa de larga data. El empresario Sergio Weinstein alega que el Parque Eeólico Tal Tal le puso el pie encima a su proyecto minero de minerales no metálicos (yodo y nitrato. El ex controlador de Andrómaco acusó a Enel Green Power de generarle perjuicios por US$ 2 mil millones, por instalar sus molinos de viento del proyecto de su tipo más grande de América Latina sobre sus pertenencias mineras, donde Weinstein pretendía desarrollar una planta de procesamiento de estos minerales.
El conflicto tiene su origen en un convenio marco suscrito entre Ministerio de Energía y Ministerio de Bienes Nacionales para la promoción de proyectos con ERNC. Para este fin el Fisco de Chile (Ministerio de Energía y Ministerio de Bienes Nacional), le otorgó a Enel Green Power una concesión sobre terrenos fiscales que benefició al Parque Eólico Taltal donde se ubican las concesiones mineras del proyecto Arbiodo.
La disputa escaló a una primera diferencia judicial donde la firma liderada por Francesco Starace ganó la pasada y en un fallo dividido (3-2) impidió que Weinstein constituyera su servidumbre minera. Pero con nuevos asesores legales, del estudio Barros Errázuriz, Weinstein abrió otra puerta y demandó en diciembre pasado nuevamente a la compañía, pero incluyendo esta vez incluyó no sólo a la firma italiana sino al Fisco (como representante del
Ministerio de Bienes Nacionales el Ministerio de Energía, el Ministerio de Minería y el Sernageomin) para perseguir las responsabilidades que supuestas faltas administrativas en el proceso puedan haber afectado el desarrollo del proyecto minero que beneficiaron a Enel Green Power.
Este martes se espera ingrese a la cauda la réplica -de los abogados de Sergio Weinstein, Gonzalo Molina y David Cademartori-, en un escenario donde observadores del conflicto se han preguntado si Green Power debería informar en las contingencias de resultados del primer semestre el juicio y si a la vez las valorizaciones que hoy se hacen de la compañía en medio del bautizado plan Elqui deberían considerar esta disputa como parte de su evaluación. “Lo propio sería que los evaluadores pidieran como en cualquier caso todos los antecedentes y vean que consistencia hay en el asunto”, dice un conocedor.
Entre directores de la compañía, y luego que además el caso se virilizara en prensa desde que se presentó la demanda, se ha comentado qué tanto “daño” podría hacerles esta acción judicial, aunque la respuesta de los asesores ha sido que no hay que preocuparse de más, ya que un juicio anterior asegura el éxito de este nuevo caso. Con todo, los directivos de la firma recibieron una carta de su equipo de abogados en la causa, liderados por Cristián Quinzio, donde se detallan todos los alcances de la batalla legal y los riesgos que ésta conlleva para Enel Green Power.
Ahora será la empresa la que deberá determinar si dichos antecedentes son contundentes como para informar la disputa en sus balances. “Al estar en los balances si debería ser considerada, como todo el resto de los datos que allí constan, como parte de una valorización”, añade un entendido.
La indemnización solicitada por Weinstein dice relación con el capital gastado en el proyecto (US $ 40 millones), y otros daños emergentes y lucro cesante generado por no poder realizarlo y tiene como base legal el artículo 62 D del DL 1939 que estaba en las bases de licitación que se adjudicó Enel. Los US$ 2 mil millones se habrían calculado en base a un porcentaje estimado en base a la certificación que tiene el yacimiento, realizada por el consultor inglés, Adam Wheleer en diciembre de 2011.
Este martes se conocerá un nuevo capítulo de la demanda, cuando Arbiodo entregué mayores antecedentes de la causa. Weinstein espera profundizar en antecedentes que le parecen clave a la hora de analizar las negativas para desarrollar el proyecto. Entre ellos las faltas administrativas en las que diferentes servicios habrían incurrido en el proceso de entrega de la servidumbre.
Enel Green Power ha señalado entre sus antecedentes que la minera de Weinstein no ha tenido “jamás” derecho para hacer uso de estos predios, pues no constituyeron la servidumbre minera. La minera se ha defendido señalando que el 31 de enero de 2013, según consta en el Registro de Hipotecas y Bienes Raíces, dicho derecho fue inscrito, aunque luego Enel desconociera su validez.
Cercanos a la eléctrica agregan que existe otra disputa de fondo en la causa, pero que no tiene que ver con las responsabilidades de Enel, sino con las responsabilidades de servicios como el Sernageomin, que no habría entregado toda la información necesaria para que el desacuerdo entre Enel y Arbiodo escalara a este punto.
Asimismo, dentro de los antecedentes que deberían revelarse este martes está la participación del juez Álvaro Quintanilla en una de las causas que llevó la minera a tribunales. Quintanilla que era consejero del CDE rechazó luego en tribunales como integrante de la Cuarta Sala, la posibilidad del proyecto de minero de moverse al norte del predio, dejándolo sin opciones de desarrollarse. A juicio de los abogados de Weinstein, Quintanilla debería haberse inhabilitado porque había conocido la causa previamente y no sería totalmente imparcial en su decisión.
