Goldman Sachs y Merrill Lynch tienen el mandato para encontrar comprador
La decisión del principal accionista de SQM de poner en venta el 32% que controla en la minera no metálica deja a la Corfo en una situación complicada. De tener éxito, la compra dejaría al gigante norteamericano con una posición dominante en el negocio del litio en Chile, algo que sería políticamente inviable para el Gobierno, aseguran fuentes cercanas a la operación. Abogados que conocen la industria indican que bloquear la operación sería posible para el Estado de Chile, pero no constituiría un proceso fácil ni exento de polémica.
En enero, Albemarle, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, firmó un acuerdo con Corfo para elevar la producción anual a 80.000 toneladas de carbonato de litio hasta 2043 en el Salar de Atacama.
El convenio asegura la venta nacional de hasta el 25% de la producción para productos industrializados, con precio preferente. Para ello, Corfo convocó a un concurso internacional para adjudicar esta producción a aquellos inversionistas que ofrezcan y desarrollen en Chile las alternativas más atractivas de alto valor agregado, tales como la producción de cátodos de litio, componentes de baterías de litio, litio metálico solar y sales de litio, entre otros.
El proceso está avanzado y hay compañías chinas, europeas y coreanas entre las interesadas.
La decisión de Potash, el principal accionista de SQM y el segundo mayor productor mundial de fertilizantes de potasio, de poner en venta el 32% que controla en la minera no metálica, deja a la Corfo en una situación complicada.
Y la razón es que fuentes con íntimo conocimiento de la operación de venta revelaron a este medio que uno de los interesados en comprar es precisamente Albemarle. De tener éxito, la compra dejaría al gigante norteamericano con una posición dominante en el negocio del litio, algo que sería políticamente inviable para el Gobierno chileno, indican las mismas fuentes.
Abogados que conocen la industria dicen que bloquear la operación sería posible para el Estado de Chile, pero no constituiría un proceso fácil ni exento de polémica.
Como El Mostrador Mercados informó de manera exclusiva el viernes, Potash está contemplando la venta de su 32% en SQM, luego de la presión por parte de los reguladores de China, India y Canadá por que la firma se deshaga de algunas de sus participaciones globales, con tal de que le den luz verde a su fusión con Agrium.
El proceso ya está en fase preliminar y se gatillaría formalmente en octubre, cuando PCS reciba al menos dos ofertas vinculantes, según se ha anticipado, e incluso podrían llegar a cuatro.
Goldman Sachs y Merrill Lynch tienen el mandato, informó La Tercera en su edición del sábado.
El plazo para cerrar la operación sería de cuatro meses. En las últimas semanas varias delegaciones de bancos de inversión han sido vistas en Chile en preparación para presentar ofertas en representación de clientes.
El 32% de SQM equivale a cerca de US$ 4.500 millones a valor de mercado.
Además de su 32% en SQM, Potash tiene una participación de 22% en Sinofert Holdings, el mayor importador y distribuidor de fertilizantes en China; 28% de Arab Potash Company, con sede en Jordania; y 14% de Israel Chemicals.
En el mercado ven la operación como un balde de agua fría para las intenciones de Julio Ponce de vender parte de su paquete de acciones y así satisfacer las demandas de Corfo para llegar a un acuerdo.
Lo anterior, en vista del proceso que también inició Calichera para vender su paquete en la minera no metálica. A fines de 2015 y de la mano de Rafael Guilisasti –presidente de las sociedades cascada con las que Ponce controla SQM–, la firma abrió un proceso de búsqueda de potenciales interesados; sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado nada.
El control de SQM se juega en la serie A de la compañía. Este papel tiene los poderes políticos necesarios para ejercer el control dentro de la empresa, pues elige a 7 de los 8 directores que componen la firma. En lo que va del año, esta serie ha subido un 61,4%, mientras que la B un 85,2%.
Más allá de los poderes que tiene SQM-A, cabe recordar que Potash –aunque es el principal accionista en SQM– no controla. Esto, porque Ponce tiene un pacto de accionistas con la japonesa Kowa que históricamente le ha permitido controlar la empresa indirectamente.
En abril de este año, sin embargo, SQM informó a la SVS que las cascadas, Kowa y Potash se comprometieron a actuar en forma consensuada, impidiendo así que Ponce siga ejerciendo mayoría con cuatro directores en la sociedad. Esta paz pactada tiene duración de 3 años.
Corfo ha insistido en que, para firmar las paces en el conflicto sobre la concesión de litio en el Salar de Atacama, Ponce tiene que vender lo suficiente para perder un director, poner fin al pacto de accionistas con Kowa y que el presidente del directorio de SQM no dirima en casos de empate. Hoy el presidente es Luis Eugenio Ponce, hermano de Julio.
Los términos del acuerdo no son cedibles sin acuerdo previo con Potash.
Quienes conocen detalles de las conversaciones que ha tenido Corfo con SQM, afirman que la condición del organismo estatal es que, a través del tiempo, Kowa se diluya y que Ponce no pueda volver a comprar acciones y retomar así control.
Las mismas fuentes revelan que en los últimos meses han aumentado las presiones sobre el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, para que llegue a un acuerdo con SQM. Algunas de esas presiones provendrían del propio Gobierno.
El hecho de que hace 30 días que se puso en movimiento el proceso generó ruido en el mercado. Cuestionan a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por no involucrarse. Dicen que desde que Bloomberg, este medio y luego Diario Financiero, revelaron la posibilidad de que Potash venda su participación en SQM, el regulador de valores tendría que haber pedido información y forzar al menos un Hecho Esencial.
Aunque en general el regulador muchas veces actúa en reserva y además tiene plenas facultades de actuar ex post y fiscalizar si todos los actores actuaron ajustándose a la norma.
Desde la SVS hacen hincapié en que “en su calidad de ente fiscalizador de los mercados de valores y seguros, la SVS no se refiere y guarda reserva sobre eventuales diligencias o procedimientos específicos que realiza como parte de su rol fiscalizador, tanto en lo que se refiere al envío de información continua a la que están afectas las entidades emisoras de valores, como a las obligaciones que recaen sobre las personas o entidades que participan en operaciones en este mercado».
Y puntualiza que «de acuerdo a lo definido en su Política de Fiscalización, en el caso de las operaciones que se realizan en el mercado de valores, éstas son seguidas y observadas por la Superintendencia con el objeto de resguardar los derechos de los inversionistas y velar por el correcto funcionamiento de los mercados.”
