Opinión
Las prácticas tributarias abusivas de muchas multinacionales han atraído un enorme interés de la opinión pública. Los abusos tributarios se presentan porque las reglas actuales permiten que las empresas, en vez de declarar sus beneficios en el país donde se generan, lo hagan en otro país que tiene una tasa impositiva más baja (o a veces nula). El costo de estos abusos tributarios puede ser hasta de 240.000 millones de dólares anuales, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero algunos analistas estiman que la sola pérdida de los países en desarrollo ronda en torno a esa cifra.
Hace exactamente dos años, 193 Estados miembros de las Naciones Unidas se unieron con la promesa de cumplir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) antes del 2030, para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático.
La llamada Agenda 2030 es deliberadamente ambiciosa y transformativa. Es una agenda universal que se aplica a todos los países, puesto que aún los más ricos tienen tareas pendientes, tales como superar la desigualdad, garantizar plenamente los derechos de las mujeres y salvaguardar el medio ambiente.
El tiempo corre rápidamente. El más reciente informe del secretario general de las Naciones Unidas muestra que la tasa de progreso en muchas áreas es mucho más lenta de lo necesario para alcanzar las metas en 2030. Se necesitan esfuerzos más contundentes para lograr mejorar la vida de los 767 millones de personas que aún viven por debajo de la línea de la pobreza extrema y para garantizar la seguridad alimentaria de los 793 millones de personas que enfrentan rutinariamente el hambre.
La economía mundial no se ha recuperado plenamente de la crisis financiera de 2008 y ahora muchos países en desarrollo enfrentan los problemas asociados a la caída de los precios de las materias primas. Uno y otro fenómeno han presionando a los gobiernos a adoptar drásticas medidas de austeridad. La falta de recursos de los estados es también el resultado de la evasión y de la elusión fiscal.
Recientemente, las prácticas tributarias abusivas de muchas multinacionales han atraído un enorme interés de la opinión pública. Los abusos tributarios se presentan porque las reglas actuales permiten que las empresas, en vez de declarar sus beneficios en el país donde se generan, lo hagan en otro país que tiene una tasa impositiva más baja (o a veces nula). El costo de estos abusos tributarios puede ser hasta de 240.000 millones de dólares anuales, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero algunos analistas estiman que la sola pérdida de los países en desarrollo ronda en torno a esa cifra.
Desde la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) hemos venido promoviendo un debate público amplio sobre el actual sistema tributario internacional. Hemos llegado a la conclusión de que para el logro de los ODS se hace indispensable reformar el actual sistema tributario global y que las instituciones que promueven la cooperación internacional en el ámbito tributario tienen que ser más incluyentes. Cuando las corporaciones no pagan los impuestos que justamente les corresponden, se recortan los servicios públicos esenciales y el gasto en infraestructuras, y la recaudación fiscal recae sobre la ciudadanía de pie, normalmente en forma de impuestos regresivos al consumo, como el impuesto sobre el valor agregado (IVA)
La OCDE empezó a abordar la cuestión de la fiscalidad de las multinacionales para que sean gravadas «donde ocurren sus actividades económicas y se crea valor». Entre sus principales avances se cuentan el acuerdo logrado en 2015 sobre cómo evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) y la expansión de su Foro global para la transparencia e intercambio de información entre autoridades tributarias.
Estos procesos constituyen pasos en la dirección correcta. Han dado lugar a una serie de propuestas para fortalecer las normas tributarias internacionales, pero lamentablemente sus resultados son, hasta ahora, modestos. Por otra parte, la OCDE no es una organización mundial, y esta compuesta ante todo por los países desarrollados. Necesitamos un proceso realmente incluyente, en el que se dé prioridad a los países en desarrollo.
En ICRICT creemos que este debate debe radicarse dentro de la ONU, con transformación del actual Comité de expertos en materia de cooperación tributaria del Consejo Económico y Social en un organismo tributario intergubernamental verdaderamente global, dotado de los recursos adecuados para promover y mejorar la cooperación tributaria internacional. Hemos propuesto también que es necesario aprobar una Convención de las Naciones Unidas sobre prácticas tributarias abusivas, de alcance mundial.
Sin justicia fiscal, no hay desarrollo.
José Antonio Ocampo y Magdalena Sepúlveda
Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT)
