Said perdió casi US$ 20 millones en su inversión en acciones de la aerolínea
A petición del Ministerio Público, el 7° Tribunal de Garantía citó para el próximo 24 de octubre a audiencia, donde se debatirá el cierre de la investigación derivada del pago de coimas por Lan a funcionarios argentinos, entre 2006 y 2007, para operar en ese país –cuando Piñera era uno de los mayores accionistas y director de la compañía– y por la cual Jorge Said demandó al gerente de la firma (ahora LATAM Airlines) por entrega de información falsa al mercado. Según Montes, no hay antecedentes de pagos a funcionarios públicos locales o extranjeros ni que se informara falsamente al mercado. Abogada querellante, que defendió a Hugo Bravo en el caso Penta, Catherine Lathrop, refutará esa solicitud, debido a que habría diligencias pendientes.
Una a una las causas donde Sebastián Piñera podría verse involucrado, directa o indirectamente, comienzan a ser cerradas por el Ministerio Público. El candidato presidencial de Chile Vamos ya vio cómo el fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, pidió el cierre de la indagatoria a propósito de la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar en 2010, mientras su Gobierno disputaba en La Haya límites marítimos con el país andino.
Ahora es el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, quien está pidiendo el cierre de la investigación de otra causa, la que se refiere al delito de entrega de información falsa al mercado, respecto de la cual el accionista minoritario Jorge Said acusó a quien fuera gerente general de la aerolínea hasta abril de este año, Ignacio Cueto, por no revelar el pago de coimas, entre 2006 y 2007, a altos funcionarios del Gobierno del entonces Presidente de Argentina, Néstor Kirchner, para ingresar a ese mercado y sobornar a sus sindicatos. El 7° Tribunal de Garantía de Santiago fijó la audiencia para el 24 de octubre próximo.
La demanda, si bien estaba dirigida específicamente contra Cueto, ahora presidente del directorio de LATAM, también abrió la posibilidad de investigar la responsabilidad del directorio –donde participaba Piñera, hasta mediados de 2007– y ejecutivos de la compañía por no revelar en sus estados financieros el objetivo de dichos pagos, y solo haberlos incluido como el pago de servicios que nunca existieron.
La causa acumuló la investigación que desde 2014 venía realizando Montes en paralelo a la que se llevaba a cabo en Argentina, contra Manuel Vázquez, ex asesor del ministro de Transporte trasandino, y que abría un foco de preocupación para el candidato presidencial, por su participación en una reunión en la Casa Rosada donde se selló el acuerdo para el ingreso de LAN a dicho país. Aunque Piñera no reconoció tales reuniones, T13 reveló luego el registro de lobby donde consta la presencia del ex Mandatario como el “Sr. Piñeiro”, junto a Cueto.
Piñera estuvo en la mesa de Lan (ahora LATAM Airlines) hasta julio de 2007, cuando salió tras pagar una multa de $ 363 millones que le aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por no respetar el deber de abstención de comprar acciones de la firma en poder de información privilegiada.
Los vínculos políticos del caso han aportado condimento al mismo. El abogado de Said originalmente fue Mario Zumelzu, UDI, cercano a Evelyn Matthei y que trabaja junto al ex alcalde de Recoleta y asesor de la ex candidata presidencial, Gonzalo Cornejo, con mediática labor como querellante en el caso Caval que involucró a la nuera y al hijo de la Presidenta Bachelet.
Zumelzu tuvo un rol anterior en la causa, al vincularse con el abogado de Vázquez previo a que, en septiembre de 2016, este prestara declaraciones ante Montes en Buenos Aires, donde descartó haber participado en reuniones con Piñera.
En mayo pasado, Said –disconforme con el trabajo del abogado– le quitó el poder de representación y lo delegó en la ex defensora de Hugo Bravo en el caso Penta, Catherine Lathrop.
Montes, en su escrito al tribunal, señala que no hay elementos que hayan permitido determinar responsabilidades a nivel local, más allá de lo visto en sede internacional.
“(…) Esta Fiscalía ha decidido no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada, si bien se ha identificado la existencia de pagos indebidos fuera de Chile, no se han reunido antecedentes suficientes para fundar que esos pagos estuviesen destinados a algún funcionario público nacional o extranjero, ni que aquellos hubiesen sido informados falsamente al mercado nacional”, señala el escrito enviado por el fiscal, sustentado en el artículo 248, letra c del Código Procesal Penal.
Fuentes cercanas al caso aseguran que Lathrop pedirá la reapertura de la investigación en la citada audiencia, pues consideraría que hay diligencias pendientes de realizar.
Eso sí, el foco de la causa levantada por Said está en la persecución del delito de entrega de información falsa al mercado contra Cueto y eventualmente el directorio y altos ejecutivos, por registrar como asesoría en sus estados financieros las coimas pagadas a través de Caesa S.A.
Existirían cuatro tipos de documentación que la parte querellante considera que no se han entregado o son insuficientes, entre ellas, antecedentes financieros de la filial en Estados Unidos de Lan Airlines, Atlantic Aviation Investments LLC, la firma que pagó el US$ 1,15 millón en coimas a la sociedad Caesa S.A., a través de la cual recibieron los dineros Vázquez y el secretario de Transporte de Kirchner, Ricardo Jaime.
Ni la Fiscalía ni Lathrop quisieron referirse al caso.
Said mantiene abierta otra disputa con Lan, de carácter civil, que lleva adelante el abogado Gonzalo Cruzat y que acusa a la empresa como responsable de la caída en el valor de la acción en el período en que Said perdió casi US$ 20 millones por su participación en la propiedad. Dicha causa ya concluyó su fase de prueba y está a la espera de sentencia.
