Magnitud de la crisis todavía es desconocida por el Ministerio de Economía
La cooperativa de ejecutivos ligados al grupo Norte Sur y a personajes con vínculos con la Democracia Cristiana tenía en sus propósitos la creación de la “Fundación para la Acción Cooperativa”, en el marco de un plan de desarrollo institucional con horizonte a 10 años, que consideraba además un aumento de capital cercano a los $5 mil millones, con tal de revertir su delicada situación financiera. Sin embargo, y a pesar de que la cooperativa ha dicho que dicho plan era fruto de un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía, esta cartera –a través del Decoop– rechazó rotundamente la iniciativa.
“Fundación para la Acción Cooperativa” era el organismo que los dueños de Financoop querían crear con tal de limpiar su cuestionada cartera de créditos. Este era parte de un plan que –según la cooperativa– estaba siendo trabajado en conjunto con el Ministerio de Economía, a pesar del rotundo rechazo que recibió la iniciativa.
La cooperativa ligada a ejecutivos vinculados a Norte Sur y a personajes relacionados con la Democracia Cristiana, hoy es cuestionada por haber incurrido en prácticas contables irregulares respecto de su cartera de crédito, lo que traería como consecuencia que sus resultados no reflejan la crítica situación económica que atraviesa y cuya magnitud, de hecho, todavía es desconocida por la cartera de Economía.
Según la presentación en tribunales que hizo el Consejo de Defensa del Estado –en representación del Departamento de Cooperativas (Decoop), organismo dependiente del Ministerio de Economía–, Financoop implementó una estrategia que impide evidenciar el problema de su riesgosa cartera, habiendo creado 50 distintos “subsegmentos” con tal de renegociar estos créditos. Algunos ejemplos son “Cartera de Ref. Cobranza”, “Cartera Especial”, “Traslado de Cuotas”, “Renegociación Castigo”, entre varios más.
En definitiva, y sobre la base de una fiscalización in situ que efectuó el Decoop los días 6 y 7 de julio pasados, esta cartera riesgosa asciende a los $13.645 millones, siendo la situación de mayor gravedad aquella producida por las “líneas de crédito”, cuyo origen son los préstamos otorgados a los socios de la entidad. Las colocaciones de esta cooperativa alcanzan los $46.588 millones, mientras que las captaciones $44.338 millones, ambas cifras al 30 de junio de este año.
Sumando y restando, el Decoop estima que los efectos de la incobrabilidad de su cartera producen una pérdida patrimonial de un 171% al primer semestre de este año.
Pues bien, dicha situación derivó en la total paralización de funciones de la compañía y la llevó a solicitar una reorganización judicial, apuntando a que esta paralización decretada por el Decoop era la principal razón que estaría llevándola a su insostenibilidad financiera. Es que –a juicio de Financoop–, más allá de los problemas de su cartera, la situación tenía mecanismos de solución de la mano de un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía.
Precisamente una de estas soluciones era la creación de la “Fundación para la Acción Cooperativa”, la cual se crearía con el único objetivo de absorber la cartera malograda y, de esta manera, limpiar los balances de Financoop. Ante Tribunales, la cooperativa ha sostenido reiteradamente que dicha salida se enmarcaba en un plan de fortalecimiento institucional, el cual se elaboró en conjunto con el señalado ministerio, sin embargo, a través del Decoop, dicha secretaría de Estado negó el permiso para se llevara adelante esta operación, argumentando una serie de inconsistencias.
El NO que tuvo como respuesta Financoop se refleja en un oficio emitido por el Decoop en julio de este año, al cual este medio tuvo acceso.
Esta comunicación fue remitida por Zoran Ostoic, jefe del Área de Fiscalización y Supervisión de la DAES (División de Asociatividad y Economía Social), al Consejo de Administración de la cooperativa, su gerente y la junta de vigilancia.
En él se analizaron dos grandes acuerdos que salieron de la Junta General de Socios celebrada el 2 de junio de este año. Uno era la creación de la referida fundación y, la otra, un aumento de capital por $$4.700 millones. Ambas soluciones fueron rechazadas por la autoridad, lo cual contradice la tesis de la cooperativa que apunta a que el ministerio venía trabajando en conjunto en pos de encontrar una solución económica.
La junta en cuestión había sido convocada con el objeto de aprobar un “Plan de Desarrollo Institucional y de Fortalecimiento Patrimonial” para los próximos 10 años. En su acta, el Decoop incluso cuestionó aspectos formales, como la firma de Alfonsina de las Mercedes Rojas, abogada de la cooperativa, quien no estampó su rubrica en calidad de socia, lo que para el Decoop atentaba contra la “debida transparencia” del proceso.
En la misma instancia se rechazaron los estados financieros correspondientes al año 2016, esto como resultado de los cuestionamientos que hizo la nueva administración de la cooperativa. Su rechazo se justificó de un modo difuso para el Decoop, ya que no señaló “con claridad las razones por las que se dispone el rechazo de los estados financieros, además de no hacerse cargo del informe entregado por los Auditores Externos de la Cooperativa respecto del ejercicio 2016, el que acuerdo a lo señalado por el representante de la junta de vigilancia, Manuel Salinas, se encuentra ‘… sin observaciones’”.
Pero el rechazo mayor lo concentró la Fundación. Por varias razones. De partida, era jurídicamente improcedente que el comprador de la cartera sea una persona jurídica que, al momento de la adopción del acuerdo respectivo, carecía (y sigue careciendo) de existencia legal.
Por otro lado, advirtió que, en relación con plazos y formas de pago fijados unilateralmente por la cooperativa respecto de la operación de cesión de cartera, no había detalle alguno. “El acta no da cuenta del monto involucrado para pagar ‘una parte (del precio) al momento de la firma del contrato’ y menos establece la periodicidad con la cual se solucionará el saldo (indeterminado) restante, limitándose a indicar que esto se producirá en un ‘plazo de 10 años’”, precisa el Decoop.
Para esta operación hubo un informe de tasación de cartera elaborada por Sergio Álvarez, en el cual se agruparon las operaciones de deudores en dos segmentos: uno con historial de pagos y el otro sin ese registro verificable. “Al respecto, llama la atención que la Cooperativa de mayor tamaño fiscalizada por el Decoop, no cuente con los procesos administrativos y tecnológicos adecuados para llevar a cabo el seguimiento de los créditos, más aún no siendo Financoop una entidad de antigua data. Asimismo, no indica el evaluador qué porcentaje de la cartera es asignado a cada grupo”, reclamó el Departamento de Cooperativas.
Para el segmento con historial se asumió una pérdida basal equivalente a dos veces el riesgo promedio de la cartera de Financoop, sin indicar cuál era el guarismo asociado a dicho riesgo y el criterio utilizado para considerar duplicarlo. Mientras que, en el segmento no gestionado, dicho grupo se castigó en un 20% en relación con el valor promedio de la cartera gestionada, sin explicar el criterio utilizado para aplicar dicho porcentaje.
El Decoop cuestionó por qué a los numerosos créditos en categoría D, es decir, créditos con morosidades superiores a 180 días, se les asignaba gran posibilidad de recupero. Y puso la duda respecto de si la cartera de créditos valorizada por Álvarez, por $6.696.573.222 (49% de la cartera de colocaciones a abril de 2017), era el monto a ceder por Financoop o la Fundación o solo era para demostrar que dicho monto será el potencial a recuperar de la cartera actual de la cooperativa, considerando que al 30 de abril del presente año la cartera de crédito menos provisiones alcanzaba la suma de $13.613 millones.
El Departamento de Cooperativas también expuso, como argumentación a este rechazo, el hecho de que en julio –cuando efectuó las fiscalización in situ– constató la existencia de pagarés sin autorización notarial y sin la firma del representante legal de la cooperativa, lo que constituía graves infracciones a las normas financieras del Banco Central.
La misma junta del 2 de junio había aprobado, además, un aumento de capital por $4.700 millones a suscribirse en un plazo de 10 años. El plan contemplaba que $1.100 millones ingresarían durante el año 2017.
Según el Decoop, este plan por capitalizar la compañía no indicaba el número ni identidad de las personas naturales o jurídicas que participarían de la operación, tampoco las normas y modalidades en que los socios interesados tenían que concurrir para su suscripción y pago.
“Lo expuesto precedentemente reviste relevancia al interior de la Cooperativa, ya que si bien el aumento de capital en comento no es del carácter obligatorio establecido en la letra n) del artículo 23 de la LGC –el que requeriría una Junta General de Socios especialmente citada y un quorum de 2/3 para su aprobación– se trata de uno ‘voluntario’ que incluye la posibilidad de que los socios interesados pudiesen concurrir al mismo, situación que no se podría llevar a la práctica por haberse omitido las ‘normas y modalidades’ para aquello”, consignó Financoop en el oficio de julio pasado.
Por todo ello, la oficina dependiente del Ministerio de Economía prohibió la ejecución de todos los acuerdos adoptados en tal junta, específicamente lo relacionado con la cesión de parte de la cartera de la cooperativa y el aumento de capital acordado en dicha instancia.
Hoy Financoop es presidida por Daniel Albarrán, ex gerente general del grupo Norte Sur y estrecho colaborador de Vicente Caruz, ex controlador del mismo. Lo secunda Ernesto Livacic, militante DC y ex super de Bancos durante el Gobierno de Frei; el también DC Carlos Mladinic, ex biministro de Frei Ruiz-Tagle y actualmente consultor del Banco Interamericano del Desarrollo; y Sergio Fernández Aguayo, militante DC, ex accionista de Norte Sur y ex presidente de Financoop.
El resto del directorio lo componen Richard Muñoz, Juan Carlos Accorsi y Hugo Trivelli, ex alto ejecutivo de Banco Estado y ex presidente de EFE, también durante el mandato de Frei Ruiz-Tagle. Trivelli también es cercano a la DC.
Hasta el año pasado, Norte Sur era uno de los principales socios de Financoop. Tal condición de socio era bajo el estamento C, sin embargo, vendió su participación a la sociedad francesa Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement (SIDI). Sin embargo, igualmente existe un vínculo a través de Inversiones para el Desarrollo (Indes), sociedad controlada en un 100% por Norte Sur y que hasta el cierre de 2016 figuraba como uno de los principales socios de Financoop.
También aparece como socio Vicente Caruz, accionista de Norte Sur, ya sea como persona natural como a través de Vicente Caruz Ltda.
Indes y Caruz son socios considerados dentro del Estamento B de Financoop, el cual se define como aquel constituido por personas naturales, personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado, usuarios de la cooperativa a través de instrumentos de depósito, ahorro u otros aportes que realicen a la entidad para favorecer sus operaciones, sin perjuicio de su aporte al capital.
