Opinión
Es legítimo que el gobierno de Bachelet quiera aprobar leyes que representen el legado de su administración, pero la creación del Servicio Forestal corresponde a la etapa inicial de un gobierno para que alcance a dejarlo funcionando debidamente, lo que es especialmente crítico en este caso, dado que se pretende traspasar el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado a un servicio público que dependerá del Ministerio de Medio Ambiente, pero que no existe por el momento ni en fecha próxima.
En 2015, el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) creó el Consejo de Política Forestal, con un diseño institucional que permite la interacción del gobierno con representantes de organizaciones de la sociedad civil, teniendo como objetivo orientar la política pública en relación con las dimensiones económica, social y ambiental de la actividad forestal. Como primer producto, el Consejo elaboró de manera consensuada el documento “Política Forestal 2015-2035”, donde se define una ruta común para el desarrollo del sector forestal y, por extensión, constituye una guía para futuras acciones del sector público, tanto en el quehacer ejecutivo como legislativo.
El Consejo está ahora revisando la “Agenda Programática Forestal 2018-2021”, lo que ciertamente expresa confianza en que su importante contribución, como instancia no-partidaria, será valorada por el próximo gobierno independiente de su signo político. La primera prueba sobre la continuidad de la política forestal propuesta la darán los candidatos presidenciales, en cuanto incorporen o no en sus programas sectoriales el contenido de los documentos citados. Si el rol orientador del Consejo se mantiene en sucesivos gobiernos, como país veríamos que toma vida una Política de Estado para el desarrollo forestal, con base en lo que la sociedad entiende como manejo sustentable.
Espero que así sea, por el bien de Chile. Por lo mismo, no entiendo por qué el gobierno da suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, una institución pública fundamental para implementar políticas de largo aliento (los bosques toman tiempo en formarse), que por su amplio alcance requiere una sustancial discusión legislativa. El proyecto presentado es un punto de partida, pero las observaciones ya realizadas dan cuenta que serán necesarias varias correcciones estructurales y las indicaciones que presentarán las partes interesadas requerirán tener bastante tiempo para analizar las críticas y redefinir su contenido, como ocurre con todo proyecto de ley.
Es legítimo que el gobierno de Bachelet quiera aprobar leyes que representen el legado de su administración, pero la creación del Servicio Forestal corresponde a la etapa inicial de un gobierno para que alcance a dejarlo funcionando debidamente, lo que es especialmente crítico en este caso, dado que se pretende traspasar el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado a un servicio público que dependerá del Ministerio de Medio Ambiente, pero que no existe por el momento ni en fecha próxima. Se contradicen entonces el MINAGRI y la dirección de CONAF al apremiar la tramitación de un proyecto de ley, que por tres años estuvo “dormido”, si de verdad creen en la estabilidad que da el Consejo de Política Forestal para la continuidad de la agenda legislativa.
Es pertinente que el Congreso avance en la discusión del proyecto durante los próximos meses, es su trabajo estudiar la materia, recibir opiniones, solicitar estudios técnicos, evaluar sus impactos. Es razonable suponer que varios diputados de la Comisión de Agricultura serán reelectos y que los miembros del Consejo seguirán en sus funciones, por tanto, no se perderá el trabajo realizado, sino que se ganará tiempo. Lo que no corresponde es limitar el horizonte para su aprobación al presente gobierno: las prisas pasan, lo importante es lo que queda para el futuro (sobre todo evitar las consecuencias que menciona el conocido libro de Felipe Lamarca, publicado en septiembre de 2009).
André Laroze
PhD en Recursos Forestales
Secretario Ejecutivo de CERTFOR
