Hacienda se preocupó que reforma no altere balances macroeconómicos
Hoy, a las 16:45 horas, se realizará la ceremonia de firma del proyecto de ley que se enviará al Congreso, encabezada por la Presidenta. Estaba anunciado para este martes, pero el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, había informado que la iniciativa aún necesitaba mayor discusión entre los partidos de la Nueva Mayoría, en particular el equipo de Alejandro Guillier, que habría solicitado que se realizaran algunos ajustes, con el fin de que tanto su proyecto como el del Ejecutivo no tuvieran mayores distancias.
Finalmente este jueves –de manera definitiva– la Presidenta Michelle Bachelet firmará el proyecto que reformará el sistema de pensiones de Chile.
El acto se llevará a cabo en el Palacio de La Moneda a las 16:45 horas, según confirmaron fuentes de las administradoras de pensiones.
Esto llega luego de que el lunes el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, indicara que “el proyecto está listo, pero los partidos de la Nueva Mayoría nos pidieron más conversaciones antes de su envío al Congreso”.
Una minuta a la que tuvo acceso este medio revela la confianza del Ejecutivo de que la propuesta instala un sistema verdaderamente tripartito, «y se fortalece el rol del Estado en la seguridad social», que permitirá aumentar las pensiones «de manera sustentable, velando por mantener incentivos adecuados, y dotando al sistema de una mayor legitimidad social».
Y agrega que «es un paso sustancial en el fortalecimiento de nuestro sistema de seguridad social que profundiza el carácter mixto del sistema de pensiones».
La iniciativa propondrá aumentar en un 5% la cotización previsional con cargo al empleador, de los cuales un 3% se destinará a cuentas individuales y el resto irá a un fondo colectivo (Sistema de Ahorro Colectivo). Esa es la arista más polémica de lo que propone el Gobierno. Aunque la creación de la entidad pública para administrar la mayor cotización será compleja, ya que Hacienda quiere que sea a través de una Ley Orgánica Constitucional, a fin de darle estabilidad en el tiempo a la institución, para lo cual necesitará votos de la oposición.
Una minuta gubernamental que circuló entre parlamentarios de la Nueva Mayoría revela que el Ejecutivo estima que los beneficios de Sistema de Ahorro Colectivo (SAC) que se le introducen al sistema de pensiones son el aporte solidario intergeneracional, (ii) el bono compensatorio para mujeres, (iii) el aporte solidario intrageneracional y (iv) el ahorro en cuentas personales que complementarán pensiones. «En el largo plazo, con el esquema propuesto, aumentan en promedio 50%, pero lo hacen relativamente más para las mujeres y las personas que ganan menos que el promedio», se señala.
El documento también revela las razones de que Hacienda desechara destinar el 5% a un esquema de reparto puro. Y esta pasa por el hecho de que, aunque aumentarían significativamente las pensiones actuales, «el sistema no es sostenible con los beneficios iniciales y en el futuro las pensiones disminuirían producto de los efectos de la transición demográfica, o alternativamente el sistema requeriría aumentar la tasa de cotización sostenidamente. Las generaciones futuras tendrían que pagar por los beneficios actuales».
La minuta explica por qué desechó las propuestas A y B que salieron de la Comisión Bravo.
La primera alternativa la descarta por problemas de incentivos y de constitucionalidad.
El documento es particularmente crítico con la propuesta B, que es muy similar a lo que estaría planeando la campaña de Alejandro Guillier. El principal reparo es que la propuesta en su conjunto tiene un costo anual del orden del 2,5% del PIB, el que no es sostenible en el tiempo. «Dada la situación fiscal por la que atraviesa el país, no hay ninguna posibilidad de asignar hoy ni en el futuro previsible la cantidad de recursos que este diseño requiere», indica.
Cabe recordar que la alternativa B de la Comisión Bravo aborda, como uno de sus objetivos fundamentales, el dotar de mayor legitimidad al sistema, incorporando mayor solidaridad a este a través de la creación de un nuevo pilar de seguridad social.
Un punto que no necesariamente era de discordancia, pero sí necesitaba un trabajo, era el relativo a si «se incluían o no las regulaciones al sistema de fondo de pensiones», pero en relación con lo cual, en definitiva, «no hay ninguna diferencia sustancial, no lo hemos planteado así», aseguró el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete. La propuesta original estipula cambios a la regulación de las AFP, pero el proyecto que se enviará hoy al Congreso dejaría ese arista de la reforma para más tarde.
Esta sería la última gran reforma de un Gobierno que quedará en la historia como uno de los más ambiciosos, pero cuya agenda reformista –tributaria, educacional y laboral– ha tenido un costo político mortal para la Nueva Mayoría y ha sido un factor en la profunda desaceleración que vive la economía.
