ANÁLISIS
Hasta 2014 respetar la regla había sido relativamente fácil: desde 1990 que la economía en promedio crecía más que el gasto. No era tan complicado ceñirse a la regla. No había que tomar decisiones difíciles ni elegir. En general, el crecimiento era suficientemente vigoroso y permitía financiar numerosos programas sociales, obras y proyectos, sin tener que caer en la tentación de ser irresponsable. Pero la decisión de S&P de recortar el riesgo crediticio de Chile cambió el escenario. Las demandas sociales, combinadas con un crecimiento potencial drásticamente menor al promedio de los últimos años, provocan que ahora estemos enfrentando el verdadero test de cuán comprometidos somos –como país– con la responsabilidad en materias fiscales, cual pretendemos ser. El desafío no es pequeño y menos en un ambiente político crispado. El primer parcial lo constituirá el Presupuesto 2018, que se debatirá en el contexto de un clima político marcado por el ciclo electoral.
Desde el retorno a la democracia que la “responsabilidad” fiscal había sido una constante. Durante los primeros 10 años Chile tuvo en promedio un superávit superior al 2% del PIB.
Ser prudentes con el gasto era necesario, ya que los iniciales gobiernos de la Concertación heredaron una enorme deuda pública de la dictadura. Esa deuda se arrastraba desde la crisis de 1982, cuando el país estuvo prácticamente quebrado. Dicha crisis le costó al Estado el equivalente a 35% del PIB, de acuerdo a un estudio del economista Ricardo Ffrench-Davis.
En el Gobierno de Ricardo Lagos se adoptó la regla del balance estructural y se fortaleció después, en el año 2006, con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Chile se convirtió, así, en el «niño símbolo» del manejo fiscal prudente y el mercado nos premió, dándonos la mejor nota crediticia de las naciones emergentes y a la par de economías como las de Japón y China. Esto facilitó que las empresas chilenas pudieran financiar su crecimiento a tasas que eran la envidia de sus rivales regionales, lo que liberó recursos al fisco y ayudó al boom de la industria financiera, que en su momento tenía la ambición de ser un rival de Sao Paulo y Miami.
El viernes pasado eso se acabó. La clasificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) rebajó por primera vez la nota crediticia de nuestro país. Y el consenso es que Moody’s y Fitch –las otras dos agencias que junto con S&P marcan la pauta global en este tema– harán lo mismo en los próximos meses.
En términos prácticos, esto significa que al Estado de Chile le costará más caro endeudarse. Y esto se traduce en menos recursos para colegios, hospitales y transporte, entre otros aspectos. También entraña que, considerando que para la banca será más caro fondearse, los créditos para empresas, así como los hipotecarios y de consumo, se tornarán más caros.
En términos políticos: el recorte viene a confirmar que las políticas públicas tienen consecuencias. Esto no quiere decir que este Gobierno y sus reformas sean los únicos culpables del recorte de riesgo crediticio. Tienen su responsabilidad, especialmente por «ningunear» el crecimiento, pero –tal como lo explicó el viernes en una columna en este medio el economista Pablo Correa– el castigo de la clasificadora de riesgo “es producto de una conjunción de malas decisiones, que trascienden al actual jefe de la billetera fiscal y van mucho más allá de la baja en el precio del cobre”.
De acuerdo a Correa, Chile empezó a desordenarse “con la expansión grosera del gasto en 2009”. Tal expansión en gran parte fue para paliar los efectos de la crisis subprime de 2008-2009.
El desorden se ordenó un poco durante la administración de Sebastián Piñera, pero no porque se ajustara el gasto sino más bien porque el crecimiento fue superior a la expansión del gasto fiscal. En opinión de Correa –quien fue asesor de Hacienda durante dicho Gobierno–, se podría haber hecho más para consolidar la posición del balance estructural del fisco, “aprovechando la bonanza del cobre y el crecimiento del PIB por sobre su potencial”. Sin embargo, no se hizo.
Esa fue la herencia que recibieron Bachelet 2.0 y su equipo económico. El legado que le dejan al próximo ocupante de La Moneda será incluso peor.
Ello, porque nadie puede discutir que las demandas sociales hacen muy difícil un ajuste fiscal y complican el escenario a futuro. Existe consenso entre los economistas en cuanto a que el agujero que heredará el próximo Gobierno será significativo. Y, aunque no hay estudios oficiales al respecto, las estimaciones varían desde US$ 1.300 millones a más de US$ 3.000 millones.
Este domingo, en una columna publicada en La Tercera, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, volvió a insistir en que las reformas no son las principales culpables del recorte de nota crediticia. “Lo que ha ocurrido con el ciclo de precios del cobre es fundamental para explicar qué ha pasado en Chile en los últimos cuatro años, donde básicamente crecimos menos por una reducción de la inversión, que responde en gran parte a la caída del precio del cobre”. No obstante, admite que “probablemente la reforma tributaria tuvo impacto en la inversión y el crecimiento”.
Y, en dicho marco, reconoce el desafío para el Gobierno que viene. “Lo que más interesa en este ámbito es evitar una espiral de downgrades. Para eso no hay otra receta que seguir tomando en serio el desafío fiscal y de crecimiento que enfrentamos, en el contexto de las múltiples necesidades de gasto que existen. Es un desafío país, de este gobierno y de los venideros. Nosotros nos mantendremos en el marco de nuestra estrategia fiscal para reducir el déficit estructural gradualmente y el Presupuesto 2018 será un fiel reflejo de ese compromiso”, señala.
Un adelanto de lo que se viene lo veremos este martes en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, donde el ministro y el director de Dipres, Sergio Granados, serán los invitados de honor.
Antes del recorte, en el mercado se hablaba de un crecimiento de gasto público de alrededor de 4,5% para el próximo año, pero ahora estiman que Valdés podría aprovechar la oportunidad y apuntar a un presupuesto con crecimiento de gasto más cercano al 3%.
El consenso es que el recorte de nota ayuda al titular de Hacienda a “vender un presupuesto austero”. En tal sentido, este fin de semana Pablo Lorenzini, diputado DC, reconoció que “el recorte de la nota de Chile pone presión adicional al Presupuesto, y también al reajuste del sector público”.
La discusión será compleja, especialmente porque el debate presupuestario se desarrollará en paralelo a la campaña presidencial y las parlamentarias. O sea, en un clima político de crispación.
Las propias clasificadoras de riesgo afirman que están prestando atención al ciclo político y en cómo podría afectar tanto las confianzas como las perspectivas para la inversión.
El mercado tendrá su primera chance de reaccionar el próximo jueves, cuando el Ejecutivo emita una nueva serie de bonos en el mercado local por US$ 1.200 millones.
