Opinión
El desafío está en crear conciencia, en los tomadores de decisiones locales, del deber de hacer valer la posición de los territorios frente al centralismo que persiste en nuestro país. Con esto se podría avanzar hacia la disminución de los índices de desigualdad y pobreza que afectan a todos los chilenos.
El estudio del Desarrollo Económico Local (DEL), constituye una modalidad de cambio estructural, que reconoce las capacidades del territorio o localidad, para aportar a la economía desde adentro, es decir, desde la proliferación de actividades económicas de los actores locales, aprovechando así las bondades naturales del lugar donde se desarrollan, incluyendo los ámbitos público y privado.
El DEL es un punto sustantivo que el centralismo de Chile impide sea considerado y por el mismo motivo debe ser exigido por las regiones. De hecho, hemos visto cómo hace unos días se ha “entrampado” la elección democrática de intendentes, situándonos una vez más como la oveja negra de la OCDE, por lo que resulta fundamental empoderar a las regiones con herramientas que disminuyan sus grados de dependencia de tipo económica que también repercuten en otros aspectos, tales como sociales y políticos.
Por su parte, el Comercio Justo (CJ) corresponde a un sistema que busca equilibrar diferentes formas de negociación entre productores y consumidores, donde los gobiernos locales tienen un rol fundamental para crear las condiciones necesarias, garantizando el establecimiento de reglas claras, pudiendo beneficiar no tan solo a los intervinientes directos (productores y consumidores) sino también al entorno social, medioambiental y económico donde se desenvuelven.
Hoy en día, las reglas del mercado abierto proporcionan libertad en el desarrollo de sus actividades, donde para dar un rol más protagónico a los gobiernos locales, es necesario buscar estrategias, permitiendo dar un mayor reconocimiento político y administrativo, y en lo operativo, se deben crear diferentes incentivos, ayudando a llevar prácticas que fomenten un mercado más sano, beneficiando a todos los ciudadanos.
Las herramientas que hoy en día tienen los gobiernos locales, para asegurar su estabilidad, están basadas en aspectos regulatorios, garantizando el ingreso en las arcas fiscales de impuestos directos, como son las patentes comerciales o los permisos temporales para ejercer alguna actividad comercial. También se encuentra el componente fiscalizador, el que tiene la finalidad de controlar los aspectos normativos en materia tributaria y administrativos en general. Sin embargo, para ejercer un rol más activo en la economía local, se deben incorporar prácticas de fomento comercial interno, aprovechando la proximidad con los productores, donde la modalidad de CJ, puede ejercer influencia directa hacia la práctica de criterios que favorezcan el bien común entre los ciudadanos, destacando criterios tales como: inclusividad, asociatividad, transparencia, entre otros.
Saber el origen de los productos, cuáles son las condiciones medioambientales, sociales y económicas en que se generaron, cuánto se retribuye y cuáles son las condiciones de los sindicatos de trabajadores, son los aspectos importantes para desarrollar una economía basada en el CJ.
Como se puede apreciar, en la práctica no se necesita tanto esfuerzo para propender a economías más justas y equilibradas, por lo tanto, el desafío está en crear conciencia, en los tomadores de decisiones locales, del deber de hacer valer la posición de los territorios frente al centralismo que persiste en nuestro país. Con esto se podría avanzar hacia la disminución de los índices de desigualdad y pobreza que afectan a todos los chilenos, y de paso se les entregarían mayores herramientas a quienes fomentan el DEL.
Guido Asencio Gallardo
Académico Universidad de Los Lagos, MBA, Magíster en Ciencias Sociales y Doctorando en Administración de Empresas.
René Fernández Montt
Profesor del Centro de Estudios Organizacionales de la Universidad de Santiago. Ex Director de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas.
