Desligándose de su perfil pro mercado, el actual presidente de La Polar y conductor de Radio Agricultura propuso una serie de cambios en el sistema isapre a propósito de la crisis que atraviesa Masvida. Un techo de 4% de utilidades, el fin de las integraciones verticales con clínicas y el monitoreo permanente del regulador del mercado fueron las ideas que surgieron de un foro organizado esta mañana por la Universidad San Sebastián.
Ponerle tope a las utilidades de las isapres fue una de las ideas que surgieron esta mañana del coloquio “Las Lecciones de Masvida”, organizado por la Universidad San Sebastián, instancia que sirvió para analizar la situación de la isapre, hoy intervenida e investigada por el Ministerio Público por una crisis financiera multifactorial.
Entre sus participantes estaba Gonzalo De la Carrera, ex presidente de Colmena y hoy mandamás de La Polar. El ejecutivo de conocido perfil pro mercado, quien también comparte un programa con Cecilia Pérez en Radio Agricultura, planteó esta idea de ponerle techo a las ganancias de las isapres tal como sucede en algunas industrias utilities.
De La Carrera sostuvo que debiera permitirse un máximo tolerable de un 4%, modificación que debiera ir acompañada de la eliminación de la verticalidad entre las clínicas y el asegurador de salud privado. “Lo primero que se necesita tanto para el sistema público como para el privado es ganar legitimidad social y creo que si las isapres están cuestionadas en cuanto a su alza de precios, la única manera de acabar con el cuestionamiento es fijándole una utilidad como se hace con el sector eléctrico y del gas y, además, se debería evitar la integración vertical para que cuando se fije esa utilidad no digan que hay ganancia de la isapre y el resto, se lo llevan las clínicas quedando siempre en tela de juicio la real rentabilidad que tiene el sistema, entonces creo que es muy saludable que sean actores independientes”, dijo.
Otras ideas también apuntaron a que la Superintendencia de Valores y Seguros se haga cargo de la fiscalización de las isapres. Esto a propósito de la falta de expertise que se le imputa a su par de salud, pero obviando el amplio universo de fiscalizados que ya tiene a su haber el regulador del mercado.
Además de las sociedades anónimas abiertas, la SVS fiscaliza los clubes deportivos y hasta el aporte que realizan las empresas a bomberos, entre varias obligaciones. En cualquier caso, la directora ejecutiva de Altura Management, Victoria Beaumont, dijo que “la Superintendencia de Salud no tiene la capacidad técnica ni de fiscalización financiera para supervisar a las isapres, por lo que una reforma debe contemplar que la Superintendencia de Valores y Seguros sea quien fiscalice”.
En el foro también se abordó el proyecto de ley que reforma al sistema privado de salud que desde 2013 descansa en el Congreso, el cual establece la creación de un plan de salud universal a un precio conocido y que algunos parlamentarios han tratado de reflotar, pero no genera el suficiente consenso.
De La Carrera puntualizó que sería perjudicial porque las isapres fijarían un plan reducido de coberturas, que conllevaría necesariamente a que los afiliados adquieran planes complementarios de salud, lo que impulsaría que las aseguradoras adquieran otra línea de negocios (los seguros complementarios) u otra integración vertical con compañías de seguros.
Beaumont señaló que los pacientes debieran acceder a un subsidio estatal que les permita escoger libremente donde atenderse, a lo que complementaron que los hospitales públicos también podrían ofertar sus servicios, transformándose por ejemplo en recintos especializados.
