Crecimiento económico, reforma tributaria e ideologización

No pocas autoridades han tratado de explicar la crisis objetiva que ha experimentado nuestra economía. Lo han hecho, sin embargo, sin hacer referencia a las razones que indubitadamente sí han influido en la crisis de confianza que nos afecta. Desde ya, la Reforma Tributaria.

Nadie podría argumentar que aumentar la carga impositiva de las empresas en un caso a un 25% (20 a 25%) y en otro a un 35% (20 a 27%) y la carga final a un 44,45%, tratándose del impuesto final –que afecta a los dueños de las empresas sujetas al Sistema Parcialmente Integrado, que son las que más facturan y que consecuentemente más empleos contratan–, no afecta la competitividad.

Eso debiera estar fuera de discusión. Extraña que ese dato, conocido y expuesto en las comisiones correspondientes, no haya sido considerado y se haya insistido en el absurdo de aumentar la tasa sin ocuparse de lo que es verdaderamente relevante: la base imponible, que se construye precisamente por medio de una mayor utilidad. Es decir, el gobierno se disparó a los pies con el consentimiento tácito de la oposición que tomó palco, pues en vez de focalizarse en el crecimiento, que es lo único que aumenta la base afecta y por lo tanto la recaudación, centró toda su reforma en la tasa. Es ilógico que lo haya hecho de ese modo. Eliminó el FUT y con ello la fuente de financiamiento de las empresas. Misma que permitió a Chile crecer exponencialmente. Pero no, ninguna de esas cifras se consideró. La razón fue que la discusión se ideologizó. No se pensó en el país.

Pareciera ser que Pinochet y Allende siguen orientando la política local. Ambos personajes fueron absolutamente relevantes y determinantes en nuestra historia –existieron y debemos asumirlos como parte de nuestro pasado–, sin embargo, debemos dejarlos ir y pensar en un país nuevo. Sin las marcas que heredamos y que provienen de la Francia Revolucionaria. Si no lo hacemos, los costos los pagaran los más pobres. Eso es inevitable. Debemos aplicar el pragmatismo, no ideologizar las posiciones y, sobre todo y aunque duela, vivir y aplicar el principio basal de la democracia que es la igualdad ante la Ley.

De este modo, por ejemplo, si los fiscales y el Servicio de Impuestos Internos consideran, equivocadamente en mi opinión, que hay delito tributario en las donaciones que recibieron los candidatos, porque facilitaron documentos falsos a las empresas, con el propósito de que ellas puedan disminuir su carga tributaria, lo razonable y que uno espera en un sistema que aplica esos principios es que esa conducta sea considerada delito para todos los candidatos que recibieron esas donaciones, para todos los emisores y para todas las empresas que usaron esos documentos.

Si solo es considerada delito para algunos, el sistema pierde credibilidad. He dicho, y lo sostengo, que en esos hechos no hay delito alguno. Desde ya, porque los políticos no emitieron ningún documento; además porque quienes lo emitieron lo hicieron sin poder saber que la empresa usaría ese documento para rebajar gastos; y las empresas que lo recibieron, porque no obraron con dolo si la incidencia de ese gasto es inmaterial. Más si lo rectificaron y pagaron los impuestos. Si se estima que hay donación, no hay incumplimiento si la obligación no ha nacido, y esta nace solo una vez que el contrato se perfecciona.

Pero, bueno, esto que vengo diciendo hace rato, no ha impedido que las causas sigan avanzando. Quizás porque la Fiscalía dispone de un equipo que, aparte de actuar de un modo extremadamente inteligente y que ha tenido y tiene completa conexión con la gente, ha logrado centrar el debate en que los documentos son ideológicamente falsos y que ese solo hecho, objetable por sí mismo, permite la configuración del ilícito que están invocando. Les ayudó, y mucho, que Jovino Novoa y otros hayan aceptado salidas alternativas, porque eso implicó que la opinión pública considere que esos hechos ya han sido castigados.

La ideologización ha llevado a la polarización y ha impedido que se obre con racionalidad. ¿Qué habría costado licitar la reforma tributaria invitando a participar a los principales centros de estudio del mundo? ¿Para qué? Simplemente para que propusieran modelos que generaran recaudación sin afectar el crecimiento. ¿Por qué hacer complejo lo que pudo ser simple? La Reforma es extremadamente compleja y subrayo que lo digo desde el conocimiento. De hecho, Thomson Ruters publicará un libro en el que analizo pormenorizadamente los cambios introducidos con ejemplos prácticos, y mi conclusión tras el examen de rigor es que el cumplimiento tributario será más caro y enredado. ¿Tiene la culpa en eso el órgano fiscalizador? Ninguna.

Al revés y en esto hay que ser objetivo, los funcionarios de ese organismo han trabajado con celo y en tiempo récord para interpretar cada detalle de la norma. La culpa la tuvieron los políticos que se dejan presionar por lo mediático y por el discurso fácil. Y sin pensar replican dicho accionar en otros temas de altísima incidencia, como es el de las AFP. Ahí todo se radicó en las comisiones que dichas entidades cobran. No se puso acento en que el fisco se queda con el impuesto pagado por las utilidades obtenidas en las empresas en que dichas entidades invierten.

Tampoco se aplicó el sentido común y las matemáticas más simples. Si se cotiza una fracción de lo que uno gana y esa fracción se multiplica por el número de años que se trabaja, se corroborará que nominalmente el dinero recaudado alcanza con suerte para tres años. Sin embargo, la población ha aumentado su edad promedio y los fondos han rendido. No del modo que la gente quiere, pero tampoco por el monto que se ahorra. El ahorro es la clave. Podrá coincidirse en que quizás las AFP debieran permitirles a los afiliados invertir parte de sus fondos para que puedan vivir en su propia casa, o para que puedan financiar gastos urgentes, y a tasas preferentes. Pero no, el eje se coloca en que la solución es hacer una AFP estatal, lo que es en verdad absurdo.

Lo mismo ocurrió con la reforma educacional, la que en vez de enfatizar la calidad y procurarse, por medio de estudios licitados, qué fórmula es la que mejor rendimiento ha entregado en otros países, se focalizó en el lucro, concluyéndose que el Estado debe comprar los activos, esto es, los edificios en que las clases se hacen. Es decir, el Estado que debe fiscalizar la calidad, como consecuencia de la Reforma, se hará cargo de fierros, y asumirá con los dueños, que son los mismos que se supone fueron los responsables de la mala calidad, una deuda que nadie sabe cómo se financiará.

Lo mismo pasó con el transporte público. Es cierto que había problemas. Nadie puede discutirlo, pero el Estado no tenía que ponerse la mano al bolsillo. Solo debía ocuparse de resolver los problemas que ya estaban identificados. Pero, en vez de hacerse eso, se optó por intervenir y asumir un control innecesario que le significa al Estado miles de millones de pesos. ¿Por qué?, porque siempre se legisla de espalda a la realidad y bajo la sombra ideológica.

Es lo mismo que pasó con el divorcio y con el matrimonio homosexual, el aborto o con las adopciones. Es la realidad. El Derecho no está para normar lo que algunos consideran correcto según su concepción filosófica o religiosa, por respetable que ella sea. No, el Derecho, lo que hace es normar lo que ocurre en la realidad. No importa si esa realidad responde a lo que nos gusta o lo que queremos para nosotros. Eso son opciones individuales. Nadie está autorizado en un sistema democrático para erigir sus ideas como mejores que las de los demás. Menos considerarse a sí mismo como superior en función de su raza o de su condición socioeconómica.

Christian Aste
Abogado