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Las cinco “plagas” que han golpeado a la chequera fiscal en el Gobierno de Bachelet Incendios forestales, terremotos, tsunami, erupción de volcanes y un aluvión

Las cinco “plagas” que han golpeado a la chequera fiscal en el Gobierno de Bachelet

Luisa Navea
Por : Luisa Navea Periodista El Mostrador Mercados
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Su segundo paso por La Moneda ha estado marcado por emergencias de todo tipo, por las que el Estado ha gastado hasta $279 mil millones para atender solo una catástrofe y la correspondiente reconstrucción. Todo, con el telón de fondo de la desaceleración económica más aguda desde el retorno a la democracia y con el menor crecimiento promedio. Ya por los incendios de las últimas dos semanas se anticipan millonarios gastos para ayudar a recuperar una región que representa más del 10% del PIB. El primer paso es estirar la chequera fiscal y reasignar recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y los Gobiernos Regionales. El ministro Valdés descartó un aumento de impuestos para solventar las pérdidas, como también que esta nueva emergencia sea “una catástrofe macroeconómica”.


Una larga lista de tragedias ha debido enfrentar la Presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato, desde que nuevamente tomara las riendas de La Moneda en marzo de 2014. El peor incendio de los últimos 50 años, terremotos, erupción de volcanes y hasta un aluvión, son parte de las emergencias que han golpeado a la billetera fiscal, frente a un escenario económico de paulatina desaceleración y que ha obligado al Ministerio de Hacienda a un apriete de cinturón.

Los incendios forestales simultáneos de los últimos quince días vienen a poner “el broche de oro” a una administración que, incluso, experimentó un fuerte ajuste en la última parte de 2016.

El año pasado, el Gobierno subejecutó el presupuesto acordado por el Congreso, el que llegó al 98,4%, el menor nivel desde 2013, como olfateando que no llegarían al 4,8% de crecimiento del ingreso fiscal. De hecho, solo tuvo un 1% de ingreso fiscal ($ 35.040.590 millones), como resultado de la drástica baja en la tributación de la minería privada, a raíz del menor precio del cobre, entre otros factores.

En ese escenario de “ajuste” económico, la administración de Bachelet enfrenta ahora esta catástrofe incendiaria que arrasó con más 360 mil hectáreas, abarcando a seis regiones del país, y que ha dejado hasta el momento 11 víctimas fatales, 3.782 damnificados (1.108 permanecen en albergues) y 1.047 viviendas destruidas.

Los líderes empresariales no dudan en estimar que los daños serán cuantiosos y transversales. Tanto así, que el sector maderero ya calcula las pérdidas en más de 350 millones de dólares. Los incendios devoraron un 57,1% de suelo forestal y 18,4% de bosque nativo, según el último balance de la Onemi, Conaf y el Ministerio de Obras Públicas.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, puso paños fríos a las versiones que indican que esta tragedia traería un descalabro económico. El jefe de la billetera fiscal descartó una “catástrofe macroeconómica” y aseguró que el Gobierno tiene los “recursos necesarios” para hacerse cargo del problema. Además, desechó la necesidad de impulsar una ley de financiamiento que implique subir los impuestos, como se hizo después del terremoto del 27 de febrero de 2010.

Calculadora en mano, la Subsecretaría del Interior comenzó su propio arqueo de las pérdidas, las cuales aún no están completamente cuantificadas, según fuentes gubernamentales. Si bien la propia Presidenta, a principios de esta semana, dio a entender que no sería necesario llegar a ello, siempre el Ejecutivo podría usar los Fondos Soberanos o el 2% Constitucional, mecanismo de financiamiento al que ya recurrió Bachelet en su primer mandato, ante el rechazo del Tribunal Constitucional respecto a préstamos de 400 millones de dólares realizados por el BID y el BancoEstado, en pos de siguiera funcionando el Transantiago en 2008.

La emergencia inmediata se atenderá con la reasignación de recursos desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y los Gobiernos Regionales (Gores). Así lo estipula la Ley de Presupuestos, normativa que además raya la cancha en cuanto a los límites de reasignación de esos fondos, ya que para este tipo de emergencias solo se puede ocupar el 50% del FNDR y hasta el 5% de los Gores.

Las emergencias más costosas

No había pasado ni un mes desde la toma de mando y la Mandataria tuvo que salir en ayuda de los afectados. El 1 de abril de 2014, Bachelet debió enfrentar el terremoto de 8,4 grados en la escala de Richter, que sacudió con furia a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Además de los importantes daños materiales, el movimiento telúrico dejó 6 víctimas fatales y significó evacuar a miles de personas ante la amenaza de olas de más de dos metros de altura, que advertían del peligro de un tsunami.

Para hacer frente al terremoto del norte, el Estado tuvo que “emitir” un “cheque” de $41.862 millones. A ese monto se sumarían $102.532 millones en 2015; $89.021 millones de 2016 y un presupuesto asignado de $43.627 millones para este año.

Solamente 10 días transcurrieron y nuevamente el Ejecutivo tuvo que abrir la billetera fiscal. Valparaíso sufría su peor y más voraz incendio: 15 muertos, 3 mil casas quemadas, más de mil hectáreas consumidas y miles de damnificados. Los daños eran cuantiosos y el Gobierno nuevamente tuvo que “realizar un giro” por $26.899 millones y asignar para los dos años siguientes un presupuesto de más de $71 mil millones. Cifra a la que se sumarían los más de $27 mil millones asignados para este año, con el fin de atender la catástrofe. Así, el incendio de Valparaíso se transformaría en la tercera emergencia más costosa para La Moneda.

En 2015, el equipo económico de Bachelet nuevamente llegó hasta Palacio para enfrentar la erupción del volcán Calbuco y Villarica, y el peor aluvión en el norte de Chile: a fines de marzo de ese año, las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo fueron blanco de un inusual temporal, que provocó crecidas e intensas lluvias con importantes deslizamientos de tierra, lo que arrasó con todo a su paso. El inusual fenómeno climático dejó 28 fallecidos, 130 desaparecidos y más de 28 mil damnificados.

Ante esta catástrofe, el Gobierno destinó la mayor cantidad de recursos que hasta el momento hubiese asignado a una emergencia. Los aportes se empinaron a $187.712 millones. En 2016, ese monto descendió a $91.917 millones y para 2017 la suma alcanza a los $54.075 millones, según el informe de Finanzas Públicas de la Ley de Presupuesto de este año.

El terremoto de Coquimbo es el que “cierra el año” 2015. En vísperas de las Fiestas Patrias, cuando se inauguraban las fondas en todo el país, un nuevo movimiento telúrico, tan potente como el de más al norte, azotó a la IV Región, dejando 15 muertos y más de 18 mil damnificados. En aquella oportunidad, el Ejecutivo desembolsó $18.441 millones, suma que elevó el 2016 a $30.562 millones y que para este año aumentó a $38.380 millones.

De ahí en adelante, la chequera fiscal también fue usada para atender otras emergencias, como la marea roja en la Región de Los Lagos y el terremoto de 7,6 grados que, el 25 de diciembre de 2016, remeció a Chiloé.

Todo hace pensar que un nuevo ítem del presupuesto estará destinado a enfrentar la etapa de la reconstrucción de esta nueva catástrofe, solo resta saber si esta liderará el ranking de las emergencias más costosas del segundo mandato de Bachelet.

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